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La vinculación de la Marina con los crímenes de la última dictadura no terminó con el discurso de autocrítica del almirante Jorge Godoy. El actual jefe del Servicio de Hidrografía Naval, capitán de navío Miguel Enrique Clements, fue acusado de integrar el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Dos sobrevivientes del centro clandestino de detención reconocieron al represor, que actuaba bajo el alias de “Goyo” y lo denunciaron ante el juez Sergio Torres por su responsabilidad en cuatro desapariciones y la apropiación de una niña nacida en cautiverio. “La Armada se va a subordinar a la Justicia, que es la que tiene que actuar”, aseguraron a Página/12 voceros de la fuerza, la encargada de resolver la situación según el Ministerio de Defensa.
A principios de 1981, mientras estaban secuestrados en la ESMA, Víctor Basterra y Carlos Lordkipanidse fotografiaron a un hombre delgado y de barbilla prominente. Tenían orden de confeccionarle un juego de documentación falsa. Lordkipanidse hizo la tarjeta de identificación naval, que se realizaba con una máquina especial –de avanzada para la época–, ya que la imagen quedaba integrada al documento. Basterra lo retrató para el DNI, el registro de conducir, la credencial policial y el pasaporte. Además, como solía hacer cada vez que tenía oportunidad, guardó una copia para su archivo personal, que atesoraba en una caja de papel fotográfico.
La foto de Clements se conoció en 1984, cuando Basterra la hizo pública y la entregó a la Justicia junto con otras decenas de imágenes de represores de la ESMA. En ese momento, se contaba con el apellido del hombre y ya se sabía que antes de sumarse en 1981 al staff del centro clandestino se había desempeñado en el Servicio de Hidrografía Naval.
Durante los últimos veinte años Clements se las arregló para pasar inadvertido y al mismo tiempo progresar en el escalafón. En diciembre de 1998 fue ascendido a capitán de navío. Actualmente es jefe de Hidrografía Naval, “una organización destinada desde hace 124 años a brindar seguridad náutica”, según figura en la página de Internet en la que aparece el represor vestido de uniforme oscuro delante de una bandera argentina. En el mismo lugar se define la seguridad náutica como “parte del arte y la ciencia de navegar orientada al estudio del ámbito geográfico en relación con la maniobra y el desplazamiento del buque; para la provisión de las ayudas e información necesarias, que contribuyan a la planificación y ejecución de una derrota segura” (sic). En este caso, se supone, derrota significaría rumbo.
La denuncia de los sobrevivientes de la ESMA –patrocinada por los abogados Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Mónica González Vivero, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos– responsabiliza a Clements por la desaparición de Julio Jorge Villar, Nora Irene Wolfson, Silvia Dameri y Orlando Ruiz.
Entre fines de 1981 y principios de 1982, Villar fue herido en la calle y llevado a la enfermería de la ESMA, uno de los sitios que los sobrevivientes visitaron antes del 24 de marzo pasado con el presidente Néstor Kirchner. Dameri y Ruiz se exiliaron en Suiza en 1977 junto con su hijo Marcelo. Allí tuvieron a María de las Victorias. Tres años después, la familia volvió al país y fue secuestrada. Silvia estaba embarazada de cinco meses y dio a luz a Laura en la maternidad de la ESMA asistida por el médico Carlos Capdevilla. En 1990, Marcelo fue localizado en Córdoba por las Abuelas de Plaza de Mayo. Vivía con una pareja que lo había criado sin saber su origen, a la que le habría relatado el vago recuerdo que tenía del parto de su hermana menor. Diez años después también fue ubicada María de las Victorias, quien, como su hermano, había crecido con un matrimonio ajeno a las Fuerzas Armadas. Laura sigue desaparecida.
El jefe de Clements en la ESMA fue un represor que pudo mantenerse en el anonimato casi tanto como él. El capitán de navío retirado Oscar Rubén Lanzón figuró durante años en las listas de los organismos de derechos humanos como Horacio Guaratti, el seudónimo con el que actuaba en la ESMA. El año pasado fue denunciado por los sobrevivientes y el periodista José Vales, quien lo “descubrió” mientras realizaba la investigación de su libro sobre el marino preso en España Ricardo Miguel Cavallo. El dato sobre la identidad del jefe de Hidrografía Naval, en cambio, llegó a los ex detenidos a través de una denuncia anónima.
Ni el paso del tiempo ni la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron que los organismos de derechos humanos continuaran la búsqueda e identificación de los represores. También el año pasado, Basterra reconoció en un diputado provincial peronista electo en Tierra del Fuego a Juan “Jeringa” Barrionuevo, enfermero de la Marina y asistente de Capdevilla en la ESMA. Jeringa no llegó a sentarse en su banca. Fue desaforado y detenido por Torres, quien está a cargo de la causa ESMA. Ese magistrado escuchará hoy a Basterra y Lordkipanidse, quienes ratificarán la denuncia. El magistrado comenzará así una investigación que terminaría con la detención del capitán de navío. “A diferencia de lo que pasó con otros represores, no nos costó nada reconocer a Clements, está igual”, aseguraron a Página/12 Basterra y Lordkipanidse.
En el Ministerio de Defensa consideraron ayer que la situación del jefe del Servicio de Hidrografía Naval debía ser resuelta por la Armada. Voceros de esa fuerza señalaron que no se tomaría ninguna medida institucional (es decir el pase a retiro), sino que los marinos se “subordinarían” a la Justicia. Lordkipanidse señaló que “si (el jefe de la Armada Jorge) Godoy se enteró por las acciones judiciales que en la ESMA funcionó un centro clandestino de detención y que allí se cometieron hechos atroces, como dijo en su discurso de marzo, sería bueno que tome nota de que entre sus cuadros todavía hay represores de la última dictadura y haga una depuración de todos los que están comprometidos”.