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En polémica con las organizaciones sociales, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró “acertado” el fallo de la Cámara de Casación Penal que tipificó como delito los piquetes, aun cuando éstos se realicen en defensa de legítimos derechos constitucionales. Fernández sostuvo que la Justicia “ha sacado un fallo correcto, diciendo lo que corresponde”. Los dirigentes piqueteros y sindicales señalaron en cambio que la medida judicial criminaliza la protesta social. La Fraternidad, el gremio al que pertenecen los acusados, pidió por este motivo una entrevista con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
En el dictamen aludido, la Sala III de la Cámara de Casación trató el caso de un grupo de ferroviarios que hicieron un piquete. La protesta ocurrió el 13 de diciembre del 2001, durante un paro general contra el modelo económico. Ese día (una semana antes de que cayera el gobierno de Fernando de la Rúa), nueve maquinistas que participaban de la huelga frenaron la circulación de un tren durante 40 minutos. Detenidos y llevados a juicio, la Cámara de Apelaciones de San Martín los sobreseyó, pero Casación (el máximo tribunal penal del país) anuló esta semana ese fallo y ordenó que se dictara uno nuevo.
Los camaristas dijeron que la idea de no criminalizar la protesta social es de “dudosa opinabilidad y cuestionable acierto”. Para los jueces, los piquetes son “mecanismos primitivos de pseudo defensa de sectores o intereses, inaceptables en los tiempos que corren”.
El fallo es precedente que los juzgados inferiores podrían seguir, por lo que generó fuertes adhesiones y rechazos. El ministro del Interior lo respaldó al considerar que los piqueteros “tienen 20, 50, 100 canales abiertos para hacer conocer su queja y tratar de encontrar soluciones a sus reclamos”.
El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, planteó en cambio que el fallo responde a “una visión dogmática que no se compadece con la realidad social” y que busca “únicamente la criminalización de la protesta social”.
Desde las organizaciones piqueteras, Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez, dijo que existe “una real preocupación porque el fallo se encamina a la supresión de las libertades públicas” y ligó la decisión de los jueces “a la campaña de la derecha recalcitrante que está detrás de (Juan Carlos) Blumberg”.
Por su parte, el titular de la CCC, Juan Carlos Alderete, calificó la decisión de la Cámara de “una real barbaridad”. Alderete agregó que “el presidente Kirchner tiene una deuda con los luchadores populares justamente para retirar todas las causas judiciales que tenemos abiertas por reclamar por nuestro derecho al trabajo y a la vida”.
El referente del MTD Aníbal Verón Juan Cruz Dafunchio señaló que la decisión de la Justicia “es realmente terrible y forma parte de un discurso de ofensiva que cíclicamente se repite en la historia de la Argentina”.
Por último, el dirigente del MTD Resistir y Vencer Gabriel Rodríguez dijo que “el derecho a la protesta de los desocupados y trabajadores organizados es un derecho constitucional y lo que hay que pensar es en solucionar el motivo de esos reclamos sociales. Esta decisión de la Justicia genera un nuevo precedente nefasto en el marco de una derecha política que se está reacomodando con los argumentos de Blumberg y la inseguridad”.