[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Antes que el entusiasmo, el anuncio sobre la posible constitución de una petrolera estatal que actúe como testigo en el mercado de combustibles despertó el escepticismo de los especialistas. Las dudas alcanzan incluso a quienes comparten la perspectiva de la necesidad de una mayor presencia estatal. Los temores van desde que el sector público funcione como socio bobo, participando de las inversiones de riesgo en la exploración, pero sin beneficiarse de la porción rentable del negocio, hasta que la nueva firma se convierta en un sello de goma con escasa o nula capacidad de regulación. Aunque se reconoce el fracaso de la gestión privada de la energía durante la década pasada, persisten dudas sobre la capacidad efectiva del Estado para intervenir en forma directa como agente económico.
La crisis de abastecimiento de energía que sucede a un largo período de ganancias extraordinarias para las empresas –excepcionales en relación con la media internacional– ha vuelto manifiesto el fracaso del modelo de gestión privada de recursos estratégicos para el crecimiento económico. Sin embargo, la memoria de la experiencia del deterioro del sector público sumada a las dudas sobre el verdadero alcance de la voluntad política que respalde la intervención genera dudas entre los especialistas.
La creación de una nueva empresa estatal que recupere la experiencia, en su momento exitosa, de YPF y que sirva como herramienta de regulación en un mercado privado oligopolizado por un puñado de grandes multinacionales es y ha sido una de las demandas centrales del grupo Moreno. Félix Herrero, economista de la agrupación, se manifestó en consecuencia. “La creación de una empresa testigo puede ser muy positiva para la política tarifaria”, sostuvo. Entre los elementos con que podría contarse, agregó, estaría el conocimiento de la verdadera estructura de costos del sector. De esta manera, como ocurre en todos los países productores, salvo en Argentina, se podrían tener tarifas de acuerdo con los costos de producción y no vinculados a los precios internacionales.
El presidente del Instituto Argentino del Petróleo General Mosconi, el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, consideró, en cambio, que el actual no es un momento propicio para la creación de una petrolera estatal. Los argumentos fueron dos. No existen objetivos claros y, especialmente, no existe el capital. “Una empresa petrolera que tenga capacidad de intervención real en el mercado cuesta plata. No se puede hacer con la mera voluntad sin correr el riesgo de que termine convirtiéndose en un sello de goma que no sirva para nada”, explicó. En las actuales circunstancias parece más una apuesta para la tribuna que una propuesta seria, concluyó.
Para Herrero, en cambio, no es necesario que una firma pública en el sector empiece con la máxima integración vertical, es decir, participando en todas las áreas, desde la exploración, la extracción y la refinación, hasta el comercio minorista y la exportación (up & down stream, según la jerga sectorial). Su capacidad de regulación podría sentirse incluso si participase de una sola de estas áreas, por ejemplo en la comercialización, para luego, desde allí, comenzar su capitalización. Una posibilidad es que el Estado invierta directamente en gasoductos y oleoductos con los fondos fiduciarios acumulados, sin que ello ocurra a través de empresas contratistas.
Ambos especialistas coincidieron en que los riesgos que enfrenta una empresa pública son varios. Uno de ellos, según el economista del Moreno, es que se inserte en el mercado con la misma lógica de maximización de ganancia que una empresa privada. Otra, también compartida por Lapeña, es que le toque la parte de hacer la inversión de riesgo y que la ganancia se la lleven las restantes firmas del oligopolio. Más cuando las áreas que quedan para explorar, como las marítimas, son las más costosas.
Un último elemento, destacado por Herrero, debe ser conseguir una gestión distinta de la última época de YPF. Para ello sería necesaria una “gestión social” en la que participen todos los sectores involucrados. “De lo que se trata es de evitar que la firma sea controlada por una camarilla que reedite la relación con las patrias contratista y sindical con sus conocidos efectos”, concluyó.