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Por R. K.

La mayoría de los especialistas coincide en que el futuro del juez Juan José Galeano se presenta sombrío. El magistrado seguramente será destituido por el Consejo de la Magistratura tal vez antes de fin de año y, además, enfrentará gravísimas acusaciones penales que, de acuerdo con la calificación, lo pueden llevar a la cárcel. Pese a este cuadro de situación, debe decirse que la principal responsabilidad por el fracaso de la investigación del caso AMIA recae en el gobierno de Carlos Menem, ya que quienes tenían que llevar adelante la pesquisa eran la Policía Federal y la SIDE que estaban –y están– bajo la órbita del Ejecutivo. En el juicio oral, funcionarios como Andrés Antonietti, ex secretario de Seguridad, y otros ministros admitieron que Menem jamás les preguntó sobre la investigación y el tema nunca se tocó en reunión de gabinete.
“Si la pesquisa resultó una catástrofe y el fallo absuelve a gran parte de los imputados, alguien deberá pagar penalmente por ese desastre”, le dijo a Página/12 un hombre de la Casa Rosada. “Eso no puede quedar impune y debe haber persecución penal contra los responsables”, fue el corolario. En otras palabras, significa que el Ministerio de Justicia, seguramente a través de la Oficina Anticorrupción, seguirá de cerca todo el proceso que se desarrollará a partir del fallo de hoy.
Existe en este momento una causa que sirve de parámetro de lo que se viene. Se instruye en el juzgado federal de Claudio Bonadío, a partir de las denuncias que realizara un ex secretario de Galeano, Claudio Lifchitz. Ese expediente ya lleva cuatro años de instrucción y 36 cuerpos, pero Bonadío no dictaminó. En Tribunales siempre se ha dicho que el magistrado esperaba el fallo del Tribunal Oral porque no quería adelantarse: decir que Galeano cometió irregularidades era como ponerse en el camino del tribunal oral. Habrá que ver si ahora se pronuncia. Por de pronto, la OA intentó ser tenida como parte en esa causa, entre otras cosas para acelerar los tiempos. Bonadío rechazó el pedido y la versión es que la Cámara Federal resolverá esta cuestión en las próximas semanas.
Por otra parte, en Tribunales se sostiene que el que debe avanzar respecto de la destitución de Galeano es el Consejo de la Magistratura. Existe un proceso de juicio político iniciado por la diputada Nilda Garré, pero también está demorado. En Comodoro Py sostienen que los representantes más conservadores del Consejo, el diputado Jorge Casanovas y la diputada riojana menemista Leila Chaya, le ponen freno a la ofensiva, mientras que buscan acelerar los tiempos la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, y el abogado Beinusz Szchmukler. Se dice que el representante del Ejecutivo, Joaquín Da Rocha, ex ministro de Antonio Cafiero, se mantiene expectante.