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Por Adriana Meyer e Irina Hauser

Hasta ahora, a diferencia de otros integrantes del gabinete menemista, él se había salvado de las garras de la Justicia. Pero al ex ministro del Interior Carlos Vladimiro Corach le llegó la hora. El juez Jorge Ballestero lo llamó para interrogarlo el próximo 29 de septiembre como imputado en una causa que investiga el contrato de aquel gobierno con la empresa alemana Siemens para la confección de los documentos nacionales de identidad. El magistrado también convocó al ex presidente Carlos Menem, prófugo de la Justicia, para el 30 setiembre. Además, fue citado el ex secretario de Población Aldo Carreras, para el 16. “Me sorprende la supuesta reactivación de una causa que está archivada hace cinco años”, escribió ayer Corach en un comunicado.
Las medidas forman parte de un pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) para reabrir la causa que estaba cerrada desde 1999 e indagar a los sospechosos de la presunta maniobra. También fueron citados a indagatoria Juan Ares y Juan Carlos Denicolay, directivos de Siemens It Services S.A.
En su presentación, el fiscal de Control Administrativo (de la OA), Daniel Morin, le señaló al juez que los exhortos dirigidos a 21 provincias para obtener información que el magistrado había ordenado podían demorar varios meses y que no tenían relación con la necesidad de llamar a indagatoria a los ex funcionarios. Por eso sugirió que debían ser convocados Menem y Corach y advirtió sobre el riesgo de que la causa prescribiera.
“Las condiciones abusivas para el Estado nacional que se pactaron en el contrato con Siemens y las ilegítimas restricciones que se opusieron a eventuales interesados a ofertar son extremos que se hallan perfectamente probados con el expediente en el que tramitó la licitación en cuestión”, afirmó Morín. Esa reiteración de pedido de indagatoria estuvo dirigida hace un mes y medio a Ballestero.
El contrato con Siemens se había firmado en 1998 y establecía que la compañía fabricara los nuevos DNI a un costo de 30 pesos cada uno. En esa misma licitación se había presentado una empresa francesa que ofrecía un precio cinco veces más bajo y, sin embargo, el contrato fue para Siemens, que se garantizó la fabricación de 24 millones de documentos.
El acuerdo fue rescindido durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que recordó que la ley que dispuso la Emergencia Económica facultó al Poder Ejecutivo a disponer “por razones de emergencia la rescisión de los contratos de obras, servicios, suministros, consultoría que generen obligaciones a cargo del Estado celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 1999”. El ex ministro Corach recordó esto en su comunicado y destacó que el gobierno de la Alianza tomó esa decisión “con fundamento en la ley de emergencia económica y no por ningún tipo de irregularidades”.
Siemens demandó al Estado ante el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores, que depende del Banco Mundial. En diciembre pasado, el gobierno actual rechazó la exigencia de Siemens de solicitar una indemnización de 500 millones de dólares por la rescisión del contrato.
“Hoy todavía, y sin ningún tipo de contraprestación, el precio de los DNI, en su antiguo e inseguro formato, se está abonando al mismo precio por la cual (sic) se habían contratado todos los demás servicios, cuya sola enumeración revela su complejidad e importancia”, fue el ya conocido argumento que usó Corach. El ex ministro aclaró que, “de cualquier manera estoy y estaré a disposición de la Justicia para esclarecer, una vez más, todos los interrogantes que me planteen”.