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Noventa y cuatro de los detenidos por los disturbios en la Plaza de Mayo fueron excarcelados por orden del juez federal Juan José Galeano, quien decidió en cambio mantener el arresto de ocho personas, comprometidas por haber sido identificadas en grabaciones de video. Llamados a indagatoria, los presos se negaron a declarar. Su situación será resuelta hoy cuando el juzgado responda el pedido de eximición de prisión presentado por los abogados defensores. Sin embargo, es posible que continúen detenidos por la gravedad de los delitos que les imputan.
El juzgado de Galeano tiene dos causas vinculadas con las protestas por la visita del director gerente del FMI, Rodrigo Rato, a la Argentina. Una de ellas se refiere a los incidentes ocurridos frente al Ministerio de Economía, incluidos los daños a una sucursal del HSBC, contra la que los manifestantes tiraron piedras y molotov al retirarse por Avenida de Mayo. La segunda investigación es por la colocación, en la madrugada anterior, de bombas lanzapanfletos con volantes de repudio al pago de la deuda, una en un Banco Francés y otra en un McDonald’s de Caballito. Los panfletos estaban firmados por grupos desconocidos, como el Comando Argentino de la Resistencia, el Comando Darío Santillán y la Brigada Popular de Liberación.
Los ocho presos, siete hombres y una mujer, quedaron imputados exclusivamente por los episodios de la plaza. Cinco de ellos son integrantes de Quebracho y el resto, de organizaciones de desocupados, como el Movimiento Teresa Rodríguez-CUBA y el Frente de Trabajadores Combativos. Un investigador judicial dijo a Página/12 que están imputados de lesiones calificadas, daño calificado, atentado a la autoridad, intimidación pública e infracción al artículo 213. Esta última figura del Código Penal castiga con penas de 3 a 8 años a quienes sean parte de “agrupaciones que tuvieran por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena puede aplicarse “por el solo hecho de ser miembro de la organización”.
La situación de los presos fue decidida luego de que el juzgado mirara los videos y fotografías aportados por la policía y tomara declaración a los responsables del operativo. Es decir que las ocho personas quedaron grabadas durante los incidentes.
La abogada María del Carmen Verdú consideró anoche que las acusaciones fueron “genéricas”, por lo que recomendó a sus defendidos no declarar. “El juzgado dice que uno está identificado (en las imágenes). Mientras levanta una baldosa, a otros tirando piedras, derribando el vallado, o pegándole a un policía. No hay elementos para aplicarles una figura de intimidación pública. No existe una imputación que rebatir y por eso no declararon.”
Frente al juzgado se desplegó un importante operativo de seguridad. Piqueteros y militantes de las organizaciones y partidos de izquierda se concentraron allí durante el día. También hubo manifestantes en la puerta de la Dirección de Investigaciones, para esperar la puesta en libertad de los otros arrestados, quienes no fueron desvinculados de la causa y podrían ser llamados a declarar en el futuro.
Si bien las excarcelaciones ya fueron decididas, la salida de los 94 manifestantes era lenta y anoche todavía había demorados. Entre ellos dos menores cuyos padres no se ubicaron. Mientras los familiares esperaban en la calle, se difundió el rumor de que había una orden de captura contra Fernando Esteche, dirigente de Quebracho, quien estaba presente y se retiró velozmente del lugar.
Las organizaciones de desocupados anunciaron nuevas marchas en repudio a la represión policial. Nina Peloso, la mujer de Raúl Castells, anticipó que hoy a las 10 el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados irá al Congreso y la Casa del Chaco (ver aparte). Mañana será el turno de la Asamblea Nacional de Trabajadores y otras agrupaciones y partidos, quevolverán a la Casa Rosada por la libertad de todos los detenidos en hechos de protesta.