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La Municipalidad de Casilda suspendió por orden judicial las tareas de limpieza previstas en el lecho de un arrojo por la sospecha de que en ese lugar podrían existir restos óseos de personas desaparecidas.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, a cargo de la causa más importante sobre violaciones a los derechos humanos en esa ciudad.
En 1984 un médico de Casilda denunció que en 1978 un campesino de la zona le había comentado que en el arroyo La Candelaria se habrían arrojado los cadáveres de varias personas. La hija del médico ratificó semanas atrás la declaración realizada por su padre hace 21 años. A raíz de ese hecho, la Justicia habría suspendido la tarea de remoción del arroyo sobre su margen izquierda, en un tramo de más de un kilómetro de extensión.
Ese arroyo, de 16 kilómetros de extensión, ubicado a unos 1000 metros de la Ruta Nacional 33, que une Rosario con el noroeste argentino, fue ensanchado por la Municipalidad de Casilda en 1969, como consecuencia de las graves inundaciones que afectaron por entonces esa región. En 1984 ya se efectuaron limpiezas de su lecho en 1984.
También en Rosario, la fiscal federal Griselda Tessio se refirió a las causas sobre crímenes cometidos durante la última dictadura. La funcionaria dio una conferencia de prensa para referirse a su designación como responsable de la Oficina de Unidad de Asistencia, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Su función estará relacionada con la investigación de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado como representante del ministerio público. “Todas las causas son importantes, pero las que involucran a menores (apropiados) son urgentísimas, son un escándalo”, señaló la fiscal.