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Los camaristas Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori fueron confirmados como los magistrados que seguirán resolviendo sobre las apelaciones del caso Cromañón, junto con el tercer integrante de la Sala V Rodolfo Pocielo Argerich. Bruzzone y Garrigós votaron a favor de la excarcelación de Omar Chabán y habían pedido apartarse de la causa porque la conmoción que provocó el fallo les quitó “ecuanimidad y la calma de espíritu indispensable para seguir actuando”. Sin embargo –tal como adelantó Página/12–, ese planteo de excusación fue rechazado por los otros dos camaristas que resultaron sorteados, Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo, quienes sostuvieron en su decisión de ayer que separar a los jueces significaría “una claudicación inaceptable”. Todo indica que en las próximas semanas, la Sala V le dará la libertad al jefe de seguridad de Cromañón, Raúl Villareal, y posiblemente acepten la apelación contra estas libertades que, en ese caso, serán resueltas por la Cámara de Casación.
Bonorino Peró y Piombo son camaristas que piensan muy distinto y sus fallos suelen ser muy diferentes a los de Bruzzone y Garrigós. Sin embargo, argumentaron que “la protesta masiva contra un fallo podría ser utilizada como una maniobra espuria para apartar a jueces cuyas decisiones van en contra de las partes perdidosas”. Con esta resolución, la Cámara del Crimen deja confirmado que no se puede sentar el precedente de que protestas de los afectados ni presiones de los políticos lleven a un cambio de jueces. Ya en una acordada del lunes, los magistrados utilizaron una frase de fuerte contenido histórico al señalar que no debe fallarse “en función del clamor popular”. Ese criterio fue utilizado durante el Tercer Reich. Eso sí, la mayoría de los camaristas no hubiera excarcelado a Chabán por considerar que está procesado por un delito muy grave, homicidio simple, y que él ni siquiera apeló el procesamiento, pero todos aseguran que Bruzzone y Garrigós son jueces intachables, con una óptica distinta a la de la mayoría.
El Poder Ejecutivo mantiene su postura de que tiene derecho a criticar un fallo y que eso no significa ni llamar a un juez por teléfono para que cambie una resolución ni entrometerse directamente en las decisiones de los magistrados. Los camaristas, en cambio, aseguran que cuando el Presidente dijo que el fallo fue “un cachetazo a la sociedad” o cuando otros funcionarios hablaron de “exceso de garantismo” o “insensibilidad del sentir del pueblo” se está presionando a los jueces para que resuelvan en un determinado sentido.
Bonorino y Piombo no sólo respaldaron el criterio de que hay una intromisión del poder político, sino que fueron más lejos en el fallo de ayer, al cuestionar la decisión del diputado ruckaufista Jorge Casanovas, quien impulsa el juicio político de Bruzzone y Garrigós. Señalaron “la injustificada injerencia de funcionarios ajenos al Poder Judicial” y “los pedidos de remoción por vía de juicio político que se sustentarían en una mera diferencia de criterio”.
En teoría, la confirmación de ayer de Bruzzone y Garrigós como camaristas a cargo de la causa Cromañón no puede ser apelada. Sin embargo, podría producirse una queja a la Corte Suprema que, seguramente, desestimará ese recurso y dirá que en las causas penales el tribunal que está a la cabeza de los procesos es la Cámara de Casación. Aun así, es casi imposible que Casación revierta la confirmación de Bruzzone y Garrigós.
El abogado de una parte de los familiares, José Iglesias, intentó también el camino de recusar a los camaristas. Ayer mismo Bonorino Peró y Piombo lo rechazaron: “El pedido de separación de un juez debe fundarse en cuestiones anteriores a la sustanciación de la causa. Las partes fueron notificadas sobre quiénes eran los magistrados que iban a resolver en la causa Cromañón y ninguna opuso reparo alguno, hasta que se concedió la libertad del encausado”. Con esto, los camaristas dicen que no se puede cambiar un juez porque alguna de las partes considere que no está de acuerdo con un fallo.
De ahora en más, las apelaciones del caso Cromañón serán resueltas por Bruzzone, Garrigós y Pocielo Argerich. En las próximas dos semanas tendrán que decidir sobre dos cuestiones:
- El pedido de excarcelación de la mano derecha de Chabán, Raúl Villarreal. Todo indica que éste saldrá de la cárcel porque resultaría extraño que le hayan dado la libertad al jefe y dueño y no se la den a su empleado y subalterno.
- Está pendiente la apelación del fiscal a la libertad concedida a Chabán. Como se trata de una medida provisional –va hasta el juicio oral–, lo habitual es que se rechace la apelación. Sin embargo, es muy probable que Bruzzone y Garrigós piensen en darles todas las garantías a las víctimas y podrían aceptar que otro tribunal, en este caso superior, la Cámara de Casación, resuelva si estuvo bien o mal acordada la excarcelación. Hay muchas chances de que Casación rechace el recurso. En ese caso la excarcelación estará todavía más firme que ahora, aunque lo cierto es que hoy por hoy Chabán es un preso voluntario: cuando quiera puede poner como garantía sus propiedades por un valor superior a los 500.000 pesos y, de inmediato, dejaría la cárcel.