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El rechazo de su excusación no ha de haberles sabido a los camaristas Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori como un traspié sino como un aval. Tras decretar la excarcelación de Omar Chabán estaban en jugada única: sólo les quedaba buscar respaldo entre sus colegas jueces. Del resto, poco podían esperar. Están cuestionados por los deudos de las víctimas de Cromañón, por una opinión pública sensibilizada, por comunicadores en muchos casos tan derechosos como mal informados, por el gobierno nacional y el de la ciudad que los descalificaron con verba desmesurada.
Ahora, Sus Señorías pueden retomar la causa sabiendo que tienen apoyo en su propio sector. El presidente Néstor Kirchner gusta despotricar contra esas solidaridades, a las que fulmina como corporativas. Tiene su parte de razón Kirchner pero es del caso agregar que a veces grupos sectoriales ejercitan legítimos derechos, llamémoslos gremiales. Defensa de intereses propios, sectoriales, que nadie puede encarar como ellos.
Poner un límite a los juicios políticos basados en la discrepancia con el contenido de las sentencias es, a no dudarlo, un legítimo derecho gremial de los jueces, amén de un consistente pedido institucional. En el Gobierno nadie acusa a Bruzzone y Garrigós de ilegalidad alguna en su polémica decisión, se disiente con ella y se le achaca dogmatismo. Es un disparate, entonces, un juicio político en su contra. “Llegar al jury de enjuiciamiento por divergencias de criterio es un límite que ningún magistrado puede soportar. Es una cuestión de principios” le comentaron varios de ellos a un ministro competente en la materia.
La Asociación de Magistrados fue más allá, le pidió a la Corte Suprema un pronunciamiento explícito sobre el tema. La Corte, que quiere evitar echar nafta al fuego, seguramente dejará transcurrir, silente, el fin de semana. Y quizás aproveche el feriado del miércoles 25 para enfriar el medio ambiente. Pero no podrá ganar mucho más tiempo, por lo que varios cortesanos sensatos emiten mensajes al Gobierno para que se despegue del juicio político que inició el diputado pejotista Jorge Casanovas y que por ahora avanza a paso redoblado.
Tres prominentes integrantes del Gobierno le comentaron con reserva de identidad a este diario que no piensan acompañar ese reclamo. Pero lo que espera la Corte, lo que es de esperar, es que el Ejecutivo produzca un pronunciamiento nítido. Todos los moradores de la Rosada, con Kirchner a la cabeza, han enfatizado que el Ejecutivo tiene derecho a hacerse oír y que lo caracteriza un gran sentido institucional. Si cuestionara explícitamente un juicio político que apesta a linchamiento y campaña antigarantista, estaría a la altura de lo que predica.