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Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani recibieron ayer a siete ex trabajadores de Ford que fueron secuestrados durante la dictadura y a su abogado, Tomás Ojea Quintana, quien expresó sus argumentos en contra de que el expediente sobre los desaparecidos de esa fábrica pase a la Justicia de San Martín. El abogado consideró que esta medida implicaría la muerte de la investigación sobre la participación de esta empresa en la represión de sus gremialistas.
El juez federal Daniel Rafecas se había declarado incompetente en este caso y envió el expediente a San Martín. Ayer, en una breve audiencia de la que participaron los ex delegados Carlos Propatto, Roberto Cantello, Luis Degiusti, Pedro Troiani, Ismael Portillo y Carlos Ballestero, el letrado explicó sus razones contrarias a esa decisión ante los dos miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Enfatizó el hecho de que la Cámara Federal de San Martín ya se pronunció a favor de la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que causó la paralización de la causa que investigó la represión en Campo de Mayo. “Si va a esa jurisdicción, esta investigación de tres años, que tiene más de 20 declaraciones testimoniales y muchos documentos, se archivaría”, explicó Ojea Quintana a Página/12. Agregó que “frente a la citación de cualquier imputado se aplicarían esas leyes, por lo cual el derecho de las víctimas a la protección judicial se vería vulnerado”.
Según el letrado, otro motivo para insistir en que la causa permanezca en los tribunales de Comodoro Py es que, “si bien los hechos empezaron a ocurrir en la planta de General Pacheco, a nadie escapa que la decisión de secuestrar a estas personas se habría tomado en la sede central de Ford en Capital. Es decir que los delitos fueron cometidos en diversas jurisdicciones, de modo que lo más conveniente es que se quede en la sede en que se encuentra ahora”.
Según la denuncia presentada en octubre de 2002, a partir del 24 de marzo de 1976 personal civil y militar del predio de Pacheco comenzó a secuestrar a delegados gremiales adentro de la fábrica a partir del señalamiento realizado por autoridades de la empresa. Otros trabajadores fueron secuestrados de sus domicilios por personal militar y de civil que exhibían las fichas personales confeccionadas en la empresa. Algunos fueron llevados a un pequeño centro clandestino de detención dentro de las instalaciones del campo de deportes de la fábrica. Allí fueron amenazados y golpeados y sufrieron simulacros de fusilamiento. Luego, fueron llevados a la comisaría de Tigre donde los torturaron con picana. Tras permanecer desaparecidos dos meses, fueron trasladados a la cárcel de Devoto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Después de haber sido secuestrados, la empresa les envió un telegrama intimándolos a presentarse a trabajar, bajo apercibimiento de despedirlos, lo que efectivamente ocurrió. Hasta ahora, están imputados el militar Antonio Molinari y civiles de la planta Ford.