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El anunciado propósito del destituido juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano de asistir al próximo plenario del tribunal pasado mañana no podrá ser: el presidente de la Corte Enrique Petracchi decidió no convocar al acuerdo e insistirá con el mismo criterio hasta que los conjueces que entienden en el caso por excusación de los titulares se pronuncien sobre la situación de Boggiano. Veinticuatro horas antes de que el Senado decidiera la situación del juez, el tribunal ad hoc ordenó reponerlo en sus funciones, por el voto de cinco de sus miembros que le negaron facultades de suspensión. También dispuso pedir las actuaciones al Congreso para estudiar las objeciones de Boggiano. En cambio no lograron mayoría para interrumpir el juicio político. Pero Boggiano confía ahora en que esos mismos conjueces puedan revocar su destitución.
Uno de los camaristas que actuaron como conjueces y se pronunciaron en contra de la suspensión a Boggiano dispuesta por el Senado es Tomás Inda, presidente de la Cámara Federal de Resistencia, Chaco. Inda está sometido a juicio político ante el Consejo de la Magistratura por su desempeño en las causas por la masacre de Margarita Belén. En 2003, el juez federal Carlos Skidelsky había ordenado la detención de diez oficiales del Ejército por su participación en aquel asesinato colectivo de presos, en diciembre de 1976, pretextando un intento de fuga durante un traslado. Los procesados en la causa “Larrateguy, Jorge y otros s/homicidio agravado por alevosía y desaparición forzada de personas”, presentaron un hábeas corpus ante la Cámara Federal, con la firma del defensor oficial Carlos Pujol, según asesoramiento elaborado por un penalista a quien sus ex amigos llaman Máximo Rosconi. En julio de 2003 y en respuesta a esa presentación, Inda y sus colegas de Cámara declararon incompetente a Skidelsky y dispusieron la libertad de los procesados. Para ello ignoraron una clara jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia según la cual en el proceso de hábeas corpus no pueden analizarse cuestiones de competencia, que debieron ser dirimidas por la Corte Suprema y no por la Cámara. De ese modo fallaron sin escuchar a los querellantes, lo cual viola el debido proceso. Recusados por el CELS, los camaristas fueron apartados de la causa por la propia Cámara integrada por conjueces. Skidelsky retomó el expediente y volvió a detener a los presuntos autores de la masacre. Ahora el Consejo de la Magistratura tiene a estudio un dictamen acusatorio contra Inda, quien ya era camarista en el momento de la masacre y entre los detenidos a su disposición tenía a Néstor Sala, uno de los asesinados en Margarita Belén. Por eso en 1980 se excusó en una causa contra su viuda, Mirta Clara de Sala. Lo mismo debería haber hecho en 2003. Su comportamiento fue señalado en términos críticos por la Cámara Federal de la Capital que en 1985 condenó a Videla como responsable mediato de la masacre.
Otro de los firmantes del voto de la Corte Suprema en favor de Boggiano es el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Osvaldo Tazza. En 1993 la Cámara debía pronunciarse en una causa por “Defraudación Tributaria” contra “Red Hotelera”. La DGI le reclamaba 14 millones de dólares por evasión al construir el hotel de cinco estrellas Costa Galana, perteneciente a la cadena Alvarez Argüelles. El camarista Jorge Ferro opinaba que correspondía convalidar lo actuado por la DGI; Luis Longhi (un antiguo dirigente justicialista vinculado con Diego Ibáñez) proponía anular lo actuado por el ente recaudador. Tazza fue designado en octubre de ese año a pedido de Diego Ibáñez, cuando apenas tenía 32 años y escaso patrimonio. Asumió en 1994 y formó la mayoría con Longhi para fallar en favor de Costa Galana, uno de los lugares preferidos del menemismo estival.
Hace cinco años, la abogada Ana María Lofeudo lo acusó por mal desempeño, enriquecimiento ilícito, prevaricato e incumplimiento de sus deberes como funcionario. Instruyó el expediente el consejero por los abogados, Beinusz Szmukler, cuyo dictamen adverso a Tazza fue aprobado por la Comisión de Acusación. Tazza declaró que todos sus ingresos los dedicaba a pagar viajes al exterior y que de los gastos del hogar se ocupaba su mujer. Pero no pudo acreditar que ella estuviera inscripta en algún impuesto o tuviera ningún ingreso. En años sólo había percibido 30.000 pesos, por honorarios en cuya regulación intervino el mismo Tazza en forma dudosa. También se probó que el matrimonio robó la electricidad del alumbrado público para la construcción de su casaquinta con piscina. Otro cargo probado fue que falló invariablemente en el mismo sentido en una serie de demandas contra el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, hasta que el abogado que presentó la acción fue su amigo Gustavo De Marchi, un ex juez y ex dirigente de la CNU. Luego volvió sin problemas a su jurisprudencia anterior. Cuando la investigación había avanzado hasta un punto que tornaba inevitable su destitución, Tazza encontró una vieja causa contra el gobernador bonaerense Felipe Solo, por la concesión de permisos de pesca en forma presuntamente irregular. La Cámara Federal de Mar del Plata sobreseyó al gobernador, pero no a los demás imputados, y los representantes en el Consejo del justicialismo y de los jueces desestimaron la acusación contra Tazza, quien mantiene una estrecha relación con Moliné O’Connor. Aún no se había producido la ruptura Kirchner-Duhalde, de modo que el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha votó junto con el duhaldista Jorge Casanovas y la menemista Leila Chaya. La sesión del Consejo, el 24 de mayo, se realizó bajo la presión de los empleados judiciales que pugnaban por ser recibidos en audiencia, por lo cual se redujo al mínimo el tiempo concedido a Szmukler para fundamentar la acusación. Peor aún, Casanova actuó como vocero de la defensa. Sólo dijo que votaría en contra y que había otros temas que tratar.
Un tercer camarista que formó la mayoría que ordenó reponer a Boggiano en su cargo es Mario Hugo Lezana, quien preside la Cámara Federal Civil y Comercial de la Capital. Su carrera ha sido meteórica. En 1989 era secretario en el juzgado en lo civil y comercial federal Nº 7 de la Capital, cuando Ibrahim al Ibrahim se presentó a solicitar su ciudadanía argentina. La obtuvo en once días, cuando el tiempo promedio para la conclusión de trámites como el del concuñadísimo insumía no menos de tres meses, y que en algunos casos llegaba a seis años. En vez de acreditar los dos años de residencia en el país que requiere la ley, Ibrahim adujo su matrimonio con la ciudadana argentina Amalia Beatriz Yoma, pese a que ya habían iniciado los trámites de divorcio. Sin la ciudadanía argentina no hubiera podido obtener su designación al frente de la Aduana en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, firmada en septiembre del mismo año por el presidente interino Eduardo Duhalde, ni el pasaporte diplomático, en julio de 1990. El cargo en la Aduana y el pasaporte diplomático son instrumentos esenciales para proteger el equipaje de cualquier revisión. Poco después, Menem envió al Senado el pliego con el nombramiento de Lezana como juez. La historia de estos tres buenos muchachos indica cuánto trecho queda por recorrer en el saneamiento del Poder Judicial.