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Como cada año, la Argentina volvió a uno de sus clásicos: aunque con tres dígitos de mejora, este año quedó nuevamente ubicada entre los países con mayor nivel de percepción de corrupción. Los datos surgen del informe anual de la Organización No Gubernamental con sede en Berlín Trasparencia Internacional (TI). La investigación –duramente criticada por su metodología de análisis y su mirada eurocéntrica– se elaboró a partir de encuestas entre académicos y empresarios de 159 países. En el informe, la Argentina quedó ubicada en el puesto número 97, con indicadores de corrupción más altos que los que surgían en la época del menemismo y con niveles equiparables a Argelia, Madagascar y Mozambique, entre otras naciones pobres.
De un año a esta parte el relevamiento anual que lleva adelante la organización no gubernamental Trasparencia Internacional con sede en Berlín en base a 16 encuestas en todo el mundo señala un pequeño salto cualitativo de la Argentina. Los indicadores analizados por la organización indican que en un año el país pasó de 2,5 puntos de calificación sobre un total de 10 puntos a 2,8. Aun así, los datos no parecen alentadores: a lo largo de 2005 Argentina no logró superar los 4 puntos necesarios para alcanzar el nivel de aprobado ni trepar hasta la puntuación de 3 puntos logrados por Carlos Menem a fines de 1998 para coronar el año, y prácticamente su mandato.
“Argentina sigue estancada en un pozo de corrupción”, disparó ayer durante la presentación del informe anual Pilar Arcidiácono, de Poder Ciudadano, representante en la Argentina de Trasparencia Internacional. Entre las razones marcó “la fuerte distancia entre el discurso y la práctica, sobre todo en los discursos de la campaña electoral, en materia de trasparencia, y lo que ha sido la práctica política en temas de lucha contra la corrupción, que no está tan fuertemente instalado en la agenda”.
A criterio de TI y de su subsidiaria local, el país “sigue sin alcanzar el mínimo de un aprobado y menos aún una buena nota de los 7 puntos”. Un promedio sólo arañado en la región por Chile, que con un puntaje de 7,3 quedó a la cabecera de los países sudamericanos, sumergidos en un lamento de agonía. Detrás suyo, los mejor rankeados fueron Uruguay con 5,9, Colombia con 4, Brasil con 3,7 y Perú con 3,5. Por debajo de la Argentina aparecen Bolivia y Ecuador con 2,5, Venezuela con 2,3 y Paraguay con 2,1.
La situación no es mejor en el resto del mundo. Casi la mitad de los países incluidos en el índice, 70 en total, “obtuvieron una puntuación de menos de tres puntos del Indice de Percepción de la Corrupción (IPC), lo que confirma graves problemas de corrupción en el mundo”, dijo durante la presentación de los datos el presidente de Trasparency International, Peter Eigen. Los países donde los supuestos indicadores aparecen con mayor impacto son Chad, Bangladesh, Turkmenistán, Myanmar y Haití casualmente considerados entre los más pobres del mundo.
Desde la creación del IPC en 1995, los informes anuales de Transparencia Internacional están sometidos a distintos cuestionamientos. Los datos no son el resultado de indicadores duros, sino un reflejo de la visión del sector privado –empresarios y analistas– sobre los tres poderes del Estado. Con los resultados de 16 encuestas recogidas en distintos países, Transparencia elabora el IPC anual donde clasifica a los países sobre el modo de percepción que existe sobre funcionarios públicos y los sectores políticos.
Enrique Zuleta Puceiro alguna vez consideró que “su metodología sigue siendo un misterio aun para los iniciados”. Y que a esta “encuesta sobre encuestas” le falta el rigor, la transparencia y la credibilidad pública de encuestas nacionales que desde hace años miden el estado de corrupción de la Argentina. La dirección de Trasparencia considera, en cambio, que los indicadores son una “sólida herramienta de medición” contra la corrupción considerada por los berlineses como “una de las mayores causas de la pobreza”.