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Todo empezó con una presentación del director de Deportes de la Ciudad, Daniel Bravo, quien solicitó ayer a la Oficina Anticorrupción (OA) que investigara al candidato del ARI a diputado porteño, Enrique Olivera, por haber “omitido la existencia” de más de dos millones de dólares en la declaración jurada que esa fuerza muestra en Internet, que estarían depositados en el HSBC de Nueva York y en el Credit Suisse. Según explicó a Página/12, Bravo recibió documentación sobre este hecho “en forma anónima” y aseguró que en ningún momento habló con el Gobierno sobre el tema. La respuesta del ARI empezó por la desmentida sobre la existencia de esos depósitos y siguió con una querella penal contra el presidente Néstor Kirchner, a quien acusó de montar “una operación” para perjudicarla.
“El Presidente inició esto acusando a Olivera y quiero decirle a él y a (Alberto) Fernández que no sean cobardes, que la cobardía en un hombre es peor que en una mujer, que si la batalla es conmigo que me ataquen a mí, pero que se pongan los pantalones largos”, había desafiado Carrió por la tarde, antes de conocer los detalles de la denuncia.
En diálogo con este diario, Bravo relató que el viernes recibió “un sobre cerrado con una notita que explicaba que la documentación era sobre dos cuentas no declaradas por Olivera”. El funcionario dijo que no tuvo forma de “verificar” el contenido del anónimo, salvo haber detectado que esas cuentas no figuran en la página web del ARI. “No hago juicio de valor sobre el origen de esos fondos, sólo pido que se investigue dado que es un hombre de reconocida fortuna y en la página sólo consta un plazo fijo por 23 mil pesos”, explicó Bravo, que no quiso responder a Carrió “en memoria” de su padre, Alfredo Bravo, pero indicó que “pensar que soy funcional al Gobierno sería idiota porque soy radical de nacimiento”.
Según la denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción, Olivera omitió “la existencia de una cuenta” radicada en el Banco Credit Suisse First Boston de la Confederación Helvética, número 420028471, “que al día diez de octubre de 2005 registraba un saldo positivo de 1.671.571,05 dólares”, en la declaración jurada patrimonial y financiera que el ARI colocó en su página de Internet. La presentación también comprende “una cuenta privada” a nombre de Olivera, orden n 90037537, “radicada en el Banco HSBC de Nueva York cuyo saldo positivo es de 566.157,37 dólares, al 26 de septiembre de 2005”.
Poco antes, cerca de las 17, el ARI en pleno había acompañado a Carrió en el Congreso. Allí, la candidata denunció que estaban en marcha “tres tipos de operaciones”. Describió que “en la primera nos iban a presentar de manera clientelística... yo regalando máquinas de coser”. La segunda, Carrió la adjudicó a “empleados del PAMI, ex dirigentes del ARI, que llamaron a una conferencia de prensa para criticar, en un acto burdo y vulgar”. La candidata respondió así a un acto realizado ayer por representantes del ARI de Córdoba y de Buenos Aires que la denunciaron por “sus prácticas autoritarias” y llamaron a los “aristas desencantados” a “acompañar” a Cristina Kirchner. La tercera era “una nueva operación sobre Olivera”.
Por la noche, Carrió respondió a las acusaciones de Bravo presentando una denuncia en la comisaría 15 contra Bravo, Kirchner, Alberto Fernández y el presidente de la agencia Télam, Martín Granovsky. Los acusó de haber cometido calumnias e injurias, falsa denuncia, y de haber violado el artículo 140 del Código Electoral que penaliza la “inducción al voto con engaños”. “Esta mentira absoluta fue armada, Daniel Bravo tiene relación con (Enrique) Nosiglia y con Alberto Fernández. Y se la hacen a Olivera porque sobre mí no les creerían”, se quejó Carrió. “Es absolutamente falso, una canallada más del oficialismo”, calificó Olivera ante Página/12. “Viví en el extranjero pero no tengo cuentas, y mucho menos de esas cifras. Es una vergüenza. Pedí que la Justicia libre oficio a esos bancos”, agregó el ex funcionario delarruista.Las acusaciones cruzadas que calentaron el final de la campaña quedarán ahora en manos de la justicia que difícilmente se pronuncie antes de las elecciones.