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Los pilotos y técnicos de Aerolíneas resolvieron continuar con el paro que mantienen desde el jueves pasado. Aunque la empresa les ofreció a los dos gremios dar marcha atrás con los 337 telegramas de despido “como un gesto de buena voluntad”, su propuesta de acuerdo no incluyó la posibilidad de otorgar el aumento por el cual se realiza la medida de fuerza. Por eso fue rechazada en una asamblea en la que los sindicatos en conflicto, APLA (la Asociación de Pilotos) y APTA (de personal técnico), reiteraron que su paro es “legal, lícito y constitucional”. La huelga cumplirá hoy una semana en un clima de confrontación de inusual dureza.
Ayer, el Ministerio de Trabajo se sumó a la presión sobre los gremios, a los que advirtió que les quitará la personería si no vuelven a la actividad. Y hoy, según anticiparon voceros oficiales, los sancionará con multas de 8 millones (a APTA) y 2 millones 300 mil pesos (a APLA). El castigo económico se les aplicará por no haber acatado la conciliación obligatoria ni garantizado los servicios mínimos del 50 por ciento en los vuelos de cabotaje y del 75 para los internacionales.
“No se puede hacer una huelga por tiempo indeterminado, ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, sostuvo en una conferencia de prensa Noemí Rial, la secretaria de la cartera, quien actuó como portavoz de la Casa Rosada. La orden de endurecer posiciones y avanzar en el quite de la personería había sido dada, el martes, por el propio Presidente al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “El Gobierno entiende que no se puede ejercer el derecho de huelga en forma abusiva”, señaló sobre el punto la funcionaria.
Perdido el aval del Estado, los gremios anunciaron que recurrirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en busca de protección, con una denuncia contra el ministerio por su “manejo parcial” en la disputa entre los trabajadores y la empresa. Argumentan que la pretensión del ministerio de dictar un nuevo período de conciliación obligatoria no es legal, porque ya cumplieron las conciliaciones imponibles, más un período de conciliación voluntaria y otros 60 días de paz social. La negociación por los sueldos lleva un año y medio sin arribar a un acuerdo.
También Aerolíneas dio ayer una señal de su voluntad de jugar con todos sus recursos en el conflicto, y puso en primera fila, por primera vez desde que comenzó este paro, a su presidente Antonio Mata, con un discurso claramente enfocado hacia la opinión pública. Tras ofrecer el retiro de los despidos, Mata ratificó la posición de la compañía de no otorgar aumentos salariales. La empresa, sostuvo, “no los puede pagar”.
El directivo añadió que los sueldos de Aerolíneas “son mucho mejores que los salarios de cualquier industria”, ya que “superan la media” de la Argentina. Y acusó a los gremios de estar operando “con el propósito de bloquear económicamente” a la empresa. El paro provocó al grupo Marsans pérdidas estimadas en más de 8 millones y medio de dólares, con la cancelación de más de 280 vuelos.
El empresario español Gerardo Díaz, titular del grupo Marsans, también tuvo un contacto con una radio en el que habló directamente del fantasma del cierre de la aerolínea. “Cualquier persona sabe que es imposible dar los aumentos reclamados, que llevaría a la quiebra otra vez a Aerolíneas”, aseguró.
La protesta tiene por objetivo una mejora en los sueldos del 45 por ciento en el caso de los pilotos y del 75 por ciento para los técnicos. Aunque inicialmente los reclamos se tramitaron por separado, en este último mes APLA y APTA coordinaron sus movimientos. Ayer hicieron incluso un plenario conjunto para ratificar la huelga, con un encuentro que se realizó en la Federación de Box, lugar en el que se reunieron unos 2500 asistentes.
Junto con la concreción de las multas, cuya aplicación fue resuelta por el Gobierno después de la ratificación del paro, el ministerio iniciará el trámite para revocar las personerías. Esas son las posibilidades de sanciones legales más duras por parte del ministerio; después de esto, sólo queda la declaración de ilegalidad del paro, una herramienta de presión cuya aplicación solamente puede definir la Justicia.