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Salvo porque ninguno dijo “yo señor, no señor”, los macristas jugaron una suerte de Gran Bonete y se hicieron los distraídos en la elección de los tres miembros de la Sala Acusadora que actuarán como fiscales en el juicio político a Aníbal Ibarra: para no aparecer tan involucrados en el enjuiciamiento al jefe de Gobierno, dejaron ayer que esa tarea recayera en un par de aliados y sus circunstanciales socios de la izquierda. La designación de los acusadores fue otro avance, pero aún queda por resolver quiénes oficiarán de jueces. En respuesta a una requisitoria de Ibarra al respecto, el presidente del Tribunal Superior, Julio Maier, precisó que en el expediente consta “la nómina actual” de la Sala Juzgadora, pero no se descarta que hoy la oposición trate de fijar lo contrario en la Legislatura. El magistrado, a su vez, fue recusado por el abogado José Iglesias, quien a pesar de no ser una de las partes involucradas en el proceso pidió además la nulidad de lo actuado.
A poco más de dos semanas de haber suspendido a Ibarra, la Sala Acusadora volvió a reunirse y eligió a tres de los legisladores que la integran para que lo acusen en el juicio político por el incendio de República Cromañón. Como anticipó Página/12, fueron designados el ex radical y ex macrista Jorge Enríquez; Jorge San Martino, de Recrear; y Rubén Devoto, miembro del Interbloque de Izquierda.
Aunque fueron el principal motor de la apertura del juicio político, los macristas dejaron a sus socios en ese rol para no dar al ibarrismo más motivos para que los tilden de “golpistas”. También el ARI se abrió del tema, a pesar de haber votado a favor de la apertura de su juicio político. El titular de ese bloque, Fernando Melillo, se excusó de ser fiscal con el argumento de que se sentiría “violentado moralmente” porque su esposa, Roxana Perazza, es secretaria de Educación y tiene además varios amigos en la administración porteña.
Los macristas pretendían involucrarlo en la acusación para que al ARI le resultara eventualmente más difícil argumentar en contra de la destitución de Ibarra. Martín Borrelli, abanderado del macrismo contra el jefe de Gobierno, llegó a decir días atrás que aceptaría actuar de acusador si también lo hacía Melillo. También se rehusó a ser fiscal Marcelo Godoy, quien presidió la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora.
La incógnita sigue siendo si a Ibarra lo juzgarán los actuales miembros de la Juzgadora o los que la integren a partir del próximo 10 de diciembre. El jefe de Gobierno le requirió a Maier precisiones al respecto de quiénes son sus jueces con el propósito de forzarlo a pronunciarse sobre el asunto. La respuesta que recibió del magistrado fue que en el expediente consta “la nómina actual” de la Sala Juzgadora.
En la Jefatura de Gobierno interpretaron la respuesta como una confirmación de que no hay que hacer cambios hasta finalizar el juicio. El mismo análisis hicieron, incluso, en el ARI. Alrededor de Ibarra especulan que esta Sala Juzgadora les sería favorable y no así la próxima, que reflejara el triunfo macrista en las elecciones. El mismo cálculo hacen en el macrismo y la izquierda. Por eso plantean que los jueces deben ser los resultantes del recambio legislativo y evaluaron, al contrario, que la respuesta de Maier no implica nada definitivo.
La discusión está latente y todo indica que el macrismo tratará de dirimirla políticamente. Santiago de Estrada presentó anteayer un proyecto para que se sortee entre los próximos legisladores quiénes deben integrar las salas Acusadora y Juzgadora y Enríquez elaboró otro para cubrir las vacantes que dejen los juzgadores que cesan en sus mandatos. El macrismo y la izquierda podrían tratar de forzar hoy su discusión en el recinto.
De uno y otro lado se coincidió, en cambio, que Iglesias no está en condiciones de recusar a Maier porque eso sólo pueden hacerlo las partes en juicio o sea, los fiscales –está en discusión si también los otros jueces– e Ibarra. De todos modos, se dice que el planteo sería recogidopor San Martino o por Susana Echegoyen, una juzgadora que ya habló de su intención de recusar a Maier o de promover, incluso, su juicio político.
Iglesias, padre de una víctima, hizo la presentación como titular de la asociación “Que no se repita” y recusó a Maier por “prejuzgamiento y por haber sido defensor de Ibarra”. Además solicitó “la nulidad de todo lo actuado” por el magistrado y que el Tribunal Superior lo reemplace por su vicepresidente José Casás. Los familiares suponen que ese juez tendrá otra actitud.