El grupo de padres de víctimas y sobrevivientes de Cromañón que no promueve la destitución de Aníbal Ibarra denunció haber recibido amenazas –telefónicas y verbales– y acusó al titular de la Legislatura, el macrista Santiago de Estrada, de discriminarlos en el ingreso a las audiencias públicas del juicio político al jefe de Gobierno. A través de una carta pública dirigida a De Estrada, los miembros de la Sala Juzgadora y el resto de los legisladores, los familiares reclamaron “los mismos derechos de concurrencia que el resto” y consideraron a De Estrada “responsable de discriminación de nuestro grupo de padres”. El comunicado está firmado por Juan Carlos Santillán, Gladys Coronel, Pilar Valdez, Nancy Palma, Juan Carlos Adamini, Marta Henríquez y María Politano.

“Desde un principio nos declaramos públicamente en contra del juicio político y probable destitución del jefe de Gobierno. Consideramos que de esa forma no se hace justicia pero sí se responde a ciertos intereses políticos, tapando así también los errores cometidos al haber tenido las herramientas en sus manos para mejorar la legislación antes del 30 de diciembre”, firmaron en la carta. “Con grandes y graves errores de procedimientos, se pretende violar las instituciones y la voluntad popular. Lo que ustedes llaman juicio político para nosotros es un juicio para hacer política”, acusaron.

Ayer se conoció la respuesta de un legislador del ARI, Facundo Di Filippo, contra el subsecretario de Comunicación porteño, Daniel Rosso. Rosso había acusado a los dirigentes de la oposición, entre ellos a Elisa Carrió, de promover la “destitución clandestina” de Ibarra. “Este funcionario (por Rosso) demuestra un grado de contradicción alarmante”, replicó Di Filippo.