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Los 130 orificios de bala en una comisaría de la provincia de Santa Cruz no pueden considerarse en forma aislada de los insultos que desde la conducción de una de las entidades gremiales de los empresarios ganaderos se dirigieron contra el presidente de la República. Ambos episodios ocurren cuando se aproxima el 30º aniversario del último golpe militar, aquel que comenzó la remodelación quirúrgica de la sociedad argentina. El gobierno de Néstor Kirchner es el primero que en esas tres décadas ha afectado intereses de los capitales más concentrados y se ha atrevido a cuestionar tanto la lógica económica impuesta desde entonces como la conducta de quienes usaron sin límites éticos ni jurídicos la fuerza del Estado para allanar cualquier resistencia a ese proyecto de “venganza social de la oligarquía contra la Argentina plebeya”, como lo llamó en forma insuperable Guillermo O’Donnell. Esto es motivo de hostilidad incluso por parte de quienes se han beneficiado con el esquema vigente de dólar alto y costos bajos, como el sector ganadero.

Por cierto, desde que O’Donnell hizo ese aporte alberdiano a la reflexión sobre los elementos constitutivos de la nacionalidad muchas cosas han cambiado, justamente porque aquel proyecto retrógrado fue exitoso. Tanto que los resplandores nocturnos que apagaron la vida de un funcionario policial patagónico y tumbaron con heridas a otros cinco provinieron de armas que fueron admitidas sin impugnaciones efectivas dentro de una manifestación de trabajadores. A su manera, también ellos reaccionaban contra las consecuencias de aquel proceso de desintegración social, pocas horas antes de que se conociera que los índices de pobreza habían vuelto a caer mientras la desigualdad entre quienes perciben ingresos había vuelto a aumentar.

Mientras las investigaciones avanzan hacia el esclarecimiento de los hechos, el episodio de Santa Cruz obliga a un análisis cuidadoso, que eluda cualquier conclusión lineal y que sin olvidar la especificidad provincial vaya más allá de sus confines. Es decir, que conserve validez más allá de que en este caso concreto se determine si quienes dispararon fueron manifestantes o provocadores, de derecha o de izquierda. Estos son algunos de los aspectos destacables en este complejo poliedro:

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La criminalización de reclamos colectivos originados en problemas económico-sociales sólo consigue agravar sus consecuencias. En este caso, la detención del activista sindical de una fracción minoritaria del sindicato petrolero no fue ordenada por el poder político sino por el judicial y al explicar lo sucedido el gobernador Sergio Acevedo sugirió que había postergado la decisión todo cuanto estuvo a su alcance. Incluso la policía privilegió la paz social sobre el principio de autoridad y dejó en libertad al detenido cuya libertad motivó la pueblada. Sin embargo, por regla general el tono no lo fija la burocracia de los tribunales sino el poder político, con sus palabras y sus actos.

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El presidente Néstor Kirchner se ha opuesto al uso de armas de fuego en el control del orden público y por disentir con esas directivas separó de sus cargos a un jefe de la Policía Federal, un secretario de Seguridad y, de rebote, a un ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Sin embargo, su gobierno también acicateó a la justicia para que actuara en contra de los bloqueos a la circulación vehicular. A pesar de esas contradicciones propias del cálculo de conveniencias políticas es indudable su aversión al camino represivo que le reclama buena parte del espectro político, mediático y económico y su conciencia de la necesidad de cuidar un tejido social que ha sido martirizado en exceso. No es por azar sino como efecto de esa política, que el muerto y los heridos de bala no se cuentan entre los manifestantes sino en las filas de los uniformados.

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El gobierno nacional dispuso de inmediato la aplicación de los artículos 13 y 25 de la ley de seguridad interior que prevén la creación de un comité de crisis cuando están en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos o gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales y la plena vigencia de las instituciones. Para conducirlo designó al Secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, un licenciado en relaciones laborales. Su larga y profunda experiencia en la materia que le toca gestionar incluye su tarea legislativa en la redacción de las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia y su desempeño como secretario del Consejo Federal de Seguridad Interior. Es decir que a posteriori de los hechos funcionaron en forma adecuada los mecanismos institucionales y hubo una conducción política idónea que, en vez de repartir palos a tontas y a locas como fue la norma durante tantos años, buscó negociar soluciones de consenso con participación de todas las partes interesadas. Ni siquiera excluyó a la paleoizquierda estridente, cuya radicalización a escala nacional es directamente proporcional a la insignificancia de sus resultados electorales. Santa Cruz es en este sentido una excepción, ya que con el 8 por ciento de los sufragios constituye el único logro nacional de ese sector. Ese porcentaje coincide con el que consiguió en su sindicato el líder del reclamo petrolero.

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Pese a la definición ideológica de ese sector, el motivo principal del reclamo era la incidencia del impuesto a las ganancias sobre los salarios de trabajadores petroleros bien pagos, debido al avance de la inflación sin que se modifiquen los mínimos a partir de los cuales funciona la máquina podadora de la DGI. En el caso de Santa Cruz la solución no es muy difícil, ya que bastaría excluir del cómputo la porción significativa de los salarios que se paga por las condiciones desfavorables de vida en esa zona. Este plus contempla desde los costos extra por calefacción de las viviendas hasta los altos precios de los artículos de consumo debido a los fletes que los transportan desde el norte. Otra posibilidad sería negociar con las riquísimas empresas del sector alguna compensación para los trabajadores, cuyos salarios tienen menor incidencia en los costos a partir de la devaluación, al mismo tiempo que los ingresos se incrementaron por el aumento en el precio internacional del crudo.

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Pero éste es un problema nacional de manejo más complicado. En este momento el impuesto a las ganancias alcanza a los salarios que excedan de los 1850 pesos mensuales y la CGT ha enarbolado como bandera el aumento del mínimo no imponible, dentro de los 120 días contemplados por el Presupuesto Nacional. Esto refleja contradicciones dentro de la clase trabajadora, que constituyen una de las consecuencias más insidiosas de la secuencia económica iniciada en 1976 y profundizada a partir de 1989. Las disparidades de ingresos entre asalariados constituyen un serio problema político. La percepción del impuesto a las ganancias sobre esos salarios es irritante en contraste con la desgravación de las ganancias patrimoniales, como la que acaba de obtener Acíndar con la venta de tres plantas de tubos a Techint. Su beneficio de alrededor de 40 millones de dólares no está gravado. Pero la articulación de un reclamo sindical en torno de esta cuestión que no interesa a más del 10 por ciento de los trabajadores ocupados (aquellos que perciben ingresos por encima del mínimo no imponible) es desproporcionada si se la compara con la situación del resto de los trabajadores registrados, la totalidad de los no registrados y la inmensa mayoría de los estatales. El sindicato petrolero más importante del país es el de Neuquén, cuyo secretario general, Guillermo Pereyra es un tradicional aliado del gobernador Jorge Sobisch, el principal aspirante a desbancar a Kirchner el año próximo. Pereyra firmó una declaración de repudio a la violencia y aunque tiene fama de pesado, a su guardia de corps se le han reprochado golpes a periodistas pero no el empleo de armas de fuego. Este Jimmy Hoffa austral está amenazando con una movilización de veinte mil hombres si el gobierno nacional no modifica los mínimos no imponibles.

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Desde que Kirchner asumió el gobierno los trabajadores con empleo registrado incrementaron sus ingresos un 9 por ciento por encima de la inflación e incluso mejoraron su posición respecto al marco previo a la megadevaluación de 2002. Ese sector tiene niveles de ocupación de pleno empleo. En cambio los trabajadores con empleos precarios quedaron retrasados un 25 por ciento respecto del Indice de Precios al Consumidor y los estatales un 28 por ciento. Esto explica que pese a la apreciable reducción del desempleo, que incluyendo los planes que aún quedan apenas supera ahora el 10 por ciento y que este año bajará a un dígito, persista e incluso se incremente la desigualdad entre los dos extremos de la pirámide de ingresos.

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El aumento de la desigualdad entre junio y septiembre de 2005, de 25 a 30 veces entre el decil de mayores y el decil de menores ingresos, es consecuencia del incremento de la Canasta Básica Alimentaria en el último año, con una aceleración vertiginosa en el último trimestre de gestión del ex ministro Roberto Lavagna. Con un 25 por ciento, anualizado, dejó atrás al índice general de precios al consumidor. La primera reacción oficial a los datos sobre desigualdad distribuidos por el Indec no fue la más apropiada. Es cierto, como dijo la ministra Felisa Miceli, que ese indicador sólo mide ingresos monetarios y que hay ahora una inversión social que no existía desde hace décadas en el país y que mejora la situación de los más desfavorecidos. Pero la medición del Indec no se hizo contra los tiempos de la dictadura, el alfonsinismo, el menemismo, la Alianza o el interinato del ex Senador Eduardo Duhalde, sino dentro de la propia gestión de Kirchner. La desigualdad aumentó entre junio y septiembre de 2005 y es hoy mayor que nunca. Es razonable medir además de los ingresos monetarios los indirectos que se derivan de las políticas sociales, pero es previsible que si alguna vez se elabora tal indicador, sus resultados podrán atenuar en algo la desigualdad pero sin modificar la muy clara tendencia general. Pelearse con el mensajero, sobre todo cuando éste es un organismo de reconocida capacidad técnica y nula intencionalidad política, no es la mejor respuesta. Más que enojarse con la realidad, conviene modificarla.

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Más inteligente fue la segunda reacción oficial, cuando Kirchner destacó que en la misma medición el Indec detectó una nueva reducción de los indicadores de indigencia y de pobreza, al 12,5 y el 34 por ciento respectivamente. Esto implica que más de un millón y medio de personas emergieron de la línea de la pobreza y cerca de 800 mil de la de indigencia entre junio y septiembre del año pasado. Esta contradicción entre la mejora de los indicadores de pobreza e indigencia y el empeoramiento de los que miden la desigualdad se explica por el incremento de personas ocupadas y la disminución de los empleos precarios, dado que dentro de los nuevos puestos de trabajo predominan los registrados.

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Aun así, ni Kirchner ni Miceli dijeron lo más importante: que los acuerdos de precios con las grandes empresas desde la cesantía de Lavagna lograron quebrar aquella tendencia negativa. El mes pasado, por primera vez en todo un año, la canasta alimentaria creció menos que el índicegeneral. Anualizado, su incremento en el primer trimestre del nuevo equipo económico no pasa del 6 por ciento, cuatro veces menos que al momento de la renuncia de Lavagna. No es una cuestión de capacidad técnica sino de voluntad política. Así, además de la pobreza y la indigencia se reducirá la desigualdad. El cuidadoso seguimiento de las cadenas de valor en cada actividad, para lo cual el ministerio de Economía cuenta con los técnicos más calificados del país permite detectar en qué eslabón preciso se producen los abusos y las superganancias sobre los que actuar, en vez de jugar a la gallina ciega.

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Sin embargo no es seguro que sea suficiente. La resistencia de Kirchner a la receta ortodoxa de apreciar el peso e incrementar la tasa de interés ha permitido establecer un círculo virtuoso de alto crecimiento macroeconómico, rentabilidad empresarial, impulso a la obra pública de interés social, generación de empleo, disminución de la pobreza y acumulación de divisas. La manera de redistribuir en forma sostenida y a salvo de zozobras los superbeneficios del crecimiento es la modificación de la estructura impositiva, volviéndola más progresiva. Lo que no se haga en estas circunstancias únicas será mucho más difícil cuando el crecimiento se reduzca a niveles menos excepcionales y aprovechen para ponerse en fila todos quienes tienen algún agravio contra Kirchner: por la ESMA, por la Corte Suprema, por los retratos de los dictadores, por las elecciones pasadas y por las próximas, por el virtual congelamiento de las tarifas domiciliarias de las empresas privatizadas, por la renegociación dura de la deuda pública, por el alejamiento del FMI, por el retiro del acuerdo al Obispo Castrense y los desaires al cardenal de Guardia de Hierro, por las claras condiciones fijadas a cualquier acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, por las retenciones a las exportaciones agropecuarias e hidrocarburíferas, por la decisión de no reprimir la protesta social, por el redimensionamiento de la paleoizquierda a sus niveles históricos de insignificancia, por la pulverización del menemismo y del duhaldismo, por la paliza electoral a los integrantes de la coalición de blancos decentes escandalizados por el supuesto regreso de los bárbaros.