La instrucción judicial por el asesinato del oficial Jorge Sayago, ascendido post mortem a comisario, promete generar un terremoto en la ciudad de Las Heras. La investigación refuerza cada vez más la hipótesis de que fue gente de la localidad la que actuó ante la comisaría. Los testigos que han declarado en los últimos dos días, alrededor de una docena, van por el mismo rumbo de los primeros testimonios: en el tiroteo, la refriega ante la comisaría y las agresiones intervinieron habitantes de la localidad, algunos jóvenes desocupados, y otros petroleros en actividad. Fuentes muy cercanas a la instrucción confirmaron a Página/12 que el video con imágenes de la noche fatídica existe, que también se encontró un fierro ensangrentado que está siendo analizado por el cuerpo de peritos en criminalística de la Policía de Santa Cruz y que, tal como aseguraron los primeros testigos, en la refriega hubo cinco o seis hombres con armas.

El avance de la causa tomará su tiempo y, como podría haber muchos implicados, es casi un hecho consumado que la Gendarmería se quedará durante mucho tiempo en Las Heras. Sin embargo, por una cuestión de sentido común y seguridad pública, las autoridades políticas que conocen la evolución de la instrucción creen que los llamados a declaración indagatoria (en los que puede quedar detenido algún sospechoso) se tomarán con prudencia –lo que implica cierto tiempo– y cuando existan todas las pruebas necesarias. Otra cuestión importante será distinguir entre los delitos por el corte de ruta y la restricción del acceso al yacimiento Las Heras 3 de Repsol –una figura penal por la que fue detenido Mario Navarro en la noche de la refriega– y las figuras penales mucho más delicadas, gravísimas, que se produjeron en el enfrentamiento delante de la comisaría.

La responsabilidad penal de los miembros del cuerpo de delegados que dirigieron la protesta –unos 12– quedaría restringida al piquete en la ruta 43. En el momento de firmar el acuerdo con el Gobierno y las empresas del sector, los petroleros pidieron que no se iniciara una “persecución gremial” contra ellos. Según informó a este diario el cura Juan Carlos Molina, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se comprometió ante los trabajadores en ese sentido. “No habrá persecución gremial. Sí hay un compromiso de todos, en cambio, de colaborar con la investigación de la Justicia por el crimen de Sayago. Nadie va a dejar el pueblo”, contó Molina.

Igualmente, la investigación de los hechos podría revelar que se cometieron otros delitos: uno de los delegados del sindicato petrolero contó a Página/12 que durante el corte de ruta algunos manifestantes, los más enardecidos, hicieron parar un camión cisterna de transporte de gas y propusieron a la asamblea llevarlo hasta la comisaría para hacerlo explotar allí. “Nosotros nos quedamos en el piquete para impedir que se llevaran el camión. Hubiera sido una masacre”, reveló a este diario uno de los miembros del cuerpo de delegados. La misma fuente aseguró que en la refriega ante la comisaría también habrían participado vecinos de los barrios lindantes con la seccional. Se trata de complejos de viviendas populares construidos por el gobierno provincial. Están a una cuadra de la comisaría baleada. Los separa un enorme descampado lleno de arbustos, basura y matorrales.

Entre los testigos que ya declararon, el que está en una situación más complicada sigue siendo el albañil Roberto Ramírez. Ayer, un día después de haber recibido amenazas, seguía sin haber conseguido custodia, lleno de miedo. “No cumplieron con lo que me habían prometido. La jueza me dijo que me iba a dar seguridad”, se quejó en diálogo con Página/12. Ramírez fue el primero –y hasta ahora único testigo– que habló e público ante lascámaras de televisión. Acusó a un grupo de ocho personas y dijo haber visto seis revólveres y dos carabinas de caza. Un día después fue amenazado. “Hoy sos boleta”, le dijeron. Ningún testigo volvió a mostrar la cara desde entonces. Ramírez quiso ser suboficial del Ejército y tuvo un fugaz paso por la escuela de Campo de Mayo, en Buenos Aires. Luego viajó a Santa Cruz.

Aunque las fuentes que conocen el expediente no quieren dar demasiadas pistas –se decretó el secreto del sumario–, la investigación habría sumado en los últimos días algunas nuevas revelaciones: una comprometería a un “adulto” que habría impedido el accionar de los enfermeros que quisieron socorrer a Sayago. Vale recordar que entre los testigos que pasaron por la alcaidía –donde suele instalarse la jueza Graciela Ruata de Leone– hubo varios médicos y trabajadores del Hospital Municipal.

Con ese clima de trasfondo, la ciudad intenta recobrar su vida normal. Ayer comenzaron a funcionar, con mucha lentitud, las baterías y yacimientos petroleros que estuvieron parados por la protesta de 18 días. El conflicto dejó sus secuelas, incluso ambientales: a pocos kilómetros de Las Heras se produjo un derrame de crudo en una de las instalaciones de Repsol. Trabajadores y personal jerárquico de la compañía se responsabilizan mutuamente por esa situación, que se puede observar desde el aire.