A fin del año pasado, cuando volvió a las páginas de los diarios porque la Cámara de Diputados se preparaba para impedirle jurar como legislador, el represor Luis Abelardo Patti se presentó en la televisión y mostró lo que creía que era su as en la manga: un certificado del Registro Nacional de Reincidencia según el cual carece de antecedentes penales. Con el gesto de quien acaba de meter un gol, se regodeó ante las cámaras. En estos días que se sustancia el proceso parlamentario en la comisión que deberá dictaminar sobre su “inhabilidad moral” para acceder a una banca, los voceros del ex subcomisario afirmaron que ésa será una de las pruebas esenciales de su defensa. Sin embargo, Página/12 pudo comprobar que el juez federal Claudio Bonadío no informó al Registro cuando procesó a Patti por encubrimiento, en agosto de 2003. “Nunca se comunicó esa medida al registro”, aseguró a este diario una alta fuente judicial.

El mismo funcionario comentó que no es excepcional que los juzgados no informen al Registro Nacional de Reincidencia sobre las medidas procesales que se toman en los expedientes, sobre todo porque muchas veces son apeladas. “Eso se lo dan al último pinche y muchas veces es tanta la actividad, que se les pasa”, graficó otra fuente que conoce muy bien la labor judicial.

Ahora bien, ¿cómo funciona ese registro? Su actual director, Horacio Tarelli, explicó a Página/12 que no tienen “una función activa” de salir a buscar información sino que se nutren de los datos sobre actos procesales que les comunican los jueces de todo el país: procesamientos, condenas, absoluciones, otorgamiento de libertades, prescripciones y nulidades, entre otras. Si bien se excusó de responder respecto de lo sucedido con el certificado de Patti, el funcionario admitió que “es factible” que el procesamiento no haya sido informado. El sistema que utiliza el registro está informatizado y recibe unas 1600 comunicaciones diarias de la Justicia. Una persona en forma particular puede solicitar un certificado, invocando la ley de hábeas data. De hecho reciben 43 mil pedidos mensuales en tal sentido, sobre un total de 100 mil solicitudes.

Una de ellas fue la que hizo Patti en diciembre, pero se lo otorgaron recién el día 9, con lo cual no pudo invocarlo el 6 cuando juraron los demás diputados electos. De todos modos, lo llevó después al programa de Mariano Grondona con la intención de dar una imagen de inocencia. En Tribunales, sin embargo, su procesamiento está asentado en los papeles, algo que este diario ya había confirmado.

En este laberinto surge una pregunta que es ineludible: ¿un procesamiento no es considerado como “antecedente” en el Registro de Reincidencia? La primera consulta con fuentes parlamentarias clarificó que ese tipo de medida es tomada en cuenta a la hora de evaluar los antecedentes, pero tiene que estar “firme”, es decir, sin apelaciones pendientes. Un diputado que integra la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento comentó que el registro no había recibido el dato del procesamiento de Patti en el caso Granada. Página/12 comprobó con fuentes judiciales que esto era cierto.

El 26 de agosto de 2003 el juez Bonadío consideró que el represor había cometido el delito de encubrimiento, porque descubrió que le hizo llegar dinero al teniente coronel (R) Jorge Granada, que tenía pedido de captura en la causa que investiga la desaparición y muerte de militantes montoneros en 1980. En su indagatoria, Patti reconoció su amistad con Granada, pero dijo que no sabía que estaba prófugo. Pero está probado lo contrario: el juzgado grabó una conversación en la que Granada le dice a Patti: “Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme”. A través de otro imputado, el juez supo que el ex intendente de Escobar habría recomendado al prófugo que “arreglara con Mónica”, una colaboradora suya, cuáles serían los mecanismos para obtener protección. En una charla con alumnos del Taller Escuela Agencia (TEA), Patti reconoció que le dio 500 pesos a Granada “y se los volvería a dar” porque lo conoce “desde hace 20 años”.

El 29 de agosto, el abogado Silvio Duarte apeló la medida en nombre de Patti. Es el mismo letrado que firmó el escrito que presentó el represor este lunes ante la comisión, junto a Gregorio Badeni, conocido como consultor en temas constitucionales pero también por haber representado a los ex jueces de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor y Julio Nazareno durante sus respectivos juicios políticos. El 15 de diciembre de 2003 la Cámara federal rechazó la apelación y confirmó el procesamiento de Bonadío. También decidió que Patti puede esperar en libertad que se concrete el juicio oral. El juez había dictado un embargo sobre los bienes de Patti de 3000 pesos.

El acusado Granada fue apresado en julio de ese año por su presunta participación en el secuestro de montoneros que en 1979 y 1980 regresaron a la Argentina para desplegar una contraofensiva contra la dictadura. Entre los desaparecidos estuvieron Angel Carbajal, Matilde Rodríguez de Carbajal, Jorge Benítez, Ricardo Zucker, Raúl Milberg y Julio Genoud. En esa causa estuvieron presos los ex jefes de esa organización Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja.

El diputado Juan Carlos Bonacorsi, apoderado del partido de Patti (Paufe), aseguró que no van a proponer testigos ante la comisión que analiza las impugnaciones contra el represor porque prefieren “rebatir con documentación”. Y agregó: “Como prueba vamos a presentar el certificado del Registro Nacional de Reincidencia que indica que Patti no tiene antecedentes penales”. Los impugnadores de este torturador confeso y abanderado de la mano dura ya cuentan con los elementos necesarios para demostrar que ese certificado no refleja la realidad judicial del cuestionado diputado electo.