El juez federal de Rawson, Jorge Pfleger, que investiga la causa por el espionaje político por parte de la Armada, citó a indagatoria a los siete imputados para la semana que viene, en orden de menor a mayor rango militar. Los principales oficiales, que fueron eyectados de la Armada luego de que se descubriera el espionaje gracias a un oficial de Inteligencia naval que los denunció, declararán el 11 y 12 de abril. Se trata del ex director de Inteligencia Naval, contraalmirante Pablo Rossi, y del ex número tres de la Armada, el jefe de Comando de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Avilés. Además, el juez le sigue el rastro a la red de espionaje, cuya existencia constató luego de secuestrar documentos en Puerto Belgrano. Ayer fueron allanadas cinco bases navales en Tierra del Fuego y en la provincia de Buenos Aires, en busca de más información.

Luego de revisar la información documental, Pfleger definió el cronograma de indagatorias para los imputados de la base Almirante Zar, que quedó dispuesto por rango ascendente: el lunes 4, Alfredo Andrade; el martes 5, Segundo Guantay; el miércoles 6, Héctor González; el jueves 7, Vicente Rossi, el lunes 10, el capitán de Fragata Gustavo Monzani, a cargo de la base; el martes 11, Rossi, y el miércoles 13, Avilés.

Mientras tanto, continúa en el juzgado el análisis de los documentos secuestrados en Almirante Zar y en Puerto Belgrano, entre los cuales hay fichas de funcionarios nacionales, provinciales, dirigentes de derechos humanos e indigenistas. Ayer se relevaron una serie de videos que se encontraron en Trelew. “Algunos son de actos de funcionarios públicos o de los organismos de derechos humanos”, explicó una fuente judicial. También hicieron un compilado de un programa periodístico local, que trató temas relacionados con la dictadura, Malvinas y los indígenas.

El allanamiento en Puerto Belgrano develó la existencia de una red de espionaje que trasciende la base Almirante Zar en Trelew. En busca de más pruebas, se allanaron cinco bases navales: en Zárate, Mar del Plata, Ushuaia y dos en Río Grande. En el juzgado, se mantuvo absoluto silencio sobre los resultados de la pesquisa.

Por otra parte, el juez tuvo ayer una reunión con el vicealmirante Benito Rótolo, el segundo de la Armada y quien dirige la investigación militar de los hechos de espionaje ilegal. Según fuentes judiciales, Pfleger le pidió colaboración a Rótolo para acceder a las claves de los archivos encriptados de las laptop que se secuestraron de Puerto Belgrano. Hasta ahora no pudieron abrirlos, a pesar de que lo intentaron con distintos tipos de software. En diálogo con la prensa en las escalinatas de los tribunales de Rawson, Rótolo aclaró que se acercó al juzgado para “alcanzar documentación que requirió el juez”, aunque no dio mayores precisiones al respecto.

En cambio, Rótolo se ocupó de desmentir categóricamente que se esté pensando en trasladar la base Almirante Zar de Trelew para hacer un museo de la memoria en homenaje a los 16 presos políticos que fueron fusilados en esa unidad militar el 22 de agosto de 1972. La posibilidad del traslado había sido anunciada por el capitán de fragata Hugo Ulloa, lo que produjo malestar en los vecinos de Trelew, especialmente entre los 156 civiles que trabajan para la base.

“Ese no es un proyecto de la Armada, no está en nuestros planes el traslado de la base”, aseguró Rótolo al salir de la reunión con el juez Pfleger. Rótolo aclaró que “ésa no es una potestad tampoco de la institución y lamento los desvíos que hubo en este aspecto”, pues “jamás haríamos una acción así sin antes hablar con las autoridades que correspondan”. “Me parece que (Ulloa) se equivocó o quizá fue mal interpretado, pero todo lo contrario, lo que hay son estudios para ubicar más bases en la Patagonia y no para desactivar las que están”, explicó Rótolo, para suavizar la desmentida a su colega. Por último, Rótolo consideró que “nuestro aporte tiene el más amplio sentido de colaboración, para que no haya interferencias y se llegue a la verdad”.

Informe: W. P.