En Uruguay, la oposición salió a criticar a la administración de Tabaré Vázquez por la suspensión de la reunión con Néstor Kirchner. Todos coincidieron en culpar a la gestión uruguaya por el fracaso de las negociaciones y por no haber dado el respaldo necesario a la decisión de Botnia de paralizar las obras por sólo diez días. El tono más duro provino del ex presidente Jorge Batlle. Acusó a Vázquez de “no saber de derecho internacional” y dijo haber sentido “vergüenza” al escuchar las declaraciones del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, apuntando contra la finlandesa por el curso que tomó el conflicto. En el gobierno uruguayo no se pronunciaron sobre el tema e incluso evitaron dar declaraciones por el regreso de los cortes en Gualeguaychú.

Los golpes vinieron de todo el arco opositor. Prácticamente, ayer en Uruguay no hubo dirigente que se haya quedado con ganas de hablar. Todos coincidieron en defender la postura de Botnia, que finalmente anunció que las obras se suspenderán sólo diez días, contra los noventa que Vázquez y Kirchner habían acordado semanas atrás. La decisión hizo dar marcha atrás al encuentro previsto para esta semana y, por el momento, parece haber frustrado el diálogo entre los dos países. Fernández descartó la posibilidad de cualquier medida para terminar con la construcción de las plantas en Fray Bentos y ratificó que “Uruguay no va a pedir la relocalización y va a respetar lo que en su momento se obligó a cumplir”.

De esta forma, la postura oficial limitó la actuación del gobierno a lo que decida la empresa, responsabilizándola del cambio de escenario. Por el contrario, las fuerzas opositoras apoyaron la medida tomada por Botnia y cargaron con la culpa a la administración de Tabaré. “La responsabilidad no es de la empresa Botnia ni de los ‘piqueteros’ argentinos. Este es un asunto que se resuelve por las disposiciones legales que cada país tiene que cumplir. Un abogado con la experiencia de Fernández debería aconsejar mejor al presidente, que es médico y no sabe de derecho internacional”, lanzó Batlle, luego de hacer hincapié en la vía judicial. “Uruguay debe prepararse para la instancia de La Haya, donde tiene la mejor opción”, dijo. A su lado, Jorge Larrañaga –candidato de su partido en las últimas elecciones presidenciales– señaló que no se puede atacar a “una empresa que invertirá millones en el país y que dará trabajo a miles de personas”. Larrañaga destacó además que no se puede poner en igualdad de condiciones la “situación de legalidad de las empresas con la ilegalidad de los piquetes”. El anuncio de los asambleístas de Gualeguaychú cayó como un baldazo de agua fría en la opinión pública uruguaya. Sin embargo, el gobierno guardó silencio al respecto y se limitaron a explicar que no harán comentarios sobre la medida adoptada por los ambientalistas argentinos, porque no los considera “interlocutores válidos”. En contraste con esta posición, el senador del Partido Blanco planteó la necesidad de tomar “una reacción enérgica y llamar en consulta al embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo”.