En muchas ocasiones los resultados no son claramente demostrativos de cómo se llegó a ellos. No sólo sucede en el fútbol. Ayer, 41 senadores votaron a favor de una nueva prórroga de la vigencia de las leyes anteriores a 1994 porque todavía no se adecuó la legislación a la nueva Constitución. Tan sólo cuatro lo hicieron en contra. La apabullante mayoría no da cuenta del debate y de las fuertes críticas formuladas por los cuatro legisladores que se opusieron a la prórroga: el radical independiente Rodolfo Terragno, el socialista Rubén Giustiniani y los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso. Para el oficialismo la iniciativa proponía salvaguardar el orden jurídico vigente. También precisaron que los tres años de prórroga permitirían cumplir con el mandato constitucional que le encomendaba al Congreso revisar toda la legislación que delegaba facultades. Los opositores consideraron que el Congreso estaba resignando facultades y que no sólo se prorrogaba la legislación delegada a la que hace referencia la Constitución reformada, sino la delegación misma.

La prórroga no es la primera. En la cláusula transitoria octava, el texto constitucional establece cinco años de plazo para que caduque toda la legislación delegada que no fuera ratificada por una nueva ley del Congreso. Como ya se había votado en tres ocasiones anteriores, todo indicaba que la aprobación no sería más que un mero trámite.

La iniciativa que solicita una nueva extensión de los plazos fue presentada por la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner. La senadora recordó que “la delegación de facultades del Legislativo en el Ejecutivo viene desde el fondo de los tiempos”. Dijo que en este momento “no estamos en condiciones de saber cuál es el estadio del trabajo que concluirá en el Digesto (Jurídico)”. La primera dama puntualizó que “el Ministerio de Justicia ha intimado a la comisión que tiene que evaluar el trabajo que realizó la Facultad de Derecho”.

En 1998 el gobierno de Carlos Menem suscribió un contrato con la Facultad de Derecho de la UBA para que ésta hiciera una evaluación del paquete de legislación delegada. Ese trabajo está siendo analizado por una comisión que funciona en ámbito del Ministerio de Justicia y que preside el jurista Daniel Sabsay. La demora en ese trabajo es la que lleva al oficialismo a reclamar una nueva prórroga.

“Este Congreso se ha burlado de la Constitución”, arrancó Terragno al fundamentar su voto por la negativa. Para el senador porteño se forzó la interpretación de la cláusula transitoria octava de la Constitución y con la primera prórroga en verdad se aprobó la vigencia de la totalidad de las leyes delegadas. Precisó que “el Congreso nunca realizó la tarea selectiva encomendada por la Constitución” y que “la demora en la elaboración del Digesto no exime al Congreso de responsabilidades”. Para Terragno la Constitución es contundente y “como principio general prohibió la delegación legislativa, a la vez que estableció un régimen muy estricto para futuras delegaciones”. En su opinión, con las prórrogas también se da validez a todos los decretos y normas sancionadas por el Ejecutivo luego de la reforma constitucional en 1994.

En la misma línea se manifestó Giustiniani, para quien “la anormalidad es prácticamente una norma”. También criticó que el legislativo continúe delegando atribuciones en el Ejecutivo. Rodríguez Saá recordó que la elaboración de un digesto fue una de sus premisas proselitistas y presentó como un logro a su provincia, donde dijo que esa tarea se concluyó con éxito. Las palabras se terminaron cuando cada senador introdujo en su banca la tarjeta con la que vota nominalmente. Ahora la iniciativa pasará a la Cámara baja, que debe votarla antes del 24 de agosto.