“No había razones clínicas para que la intervención no se hiciera: los profesionales del Hospital San Martín podrían haber planteado su negativa como objeción de conciencia y la operación se habría hecho en otro servicio”, afirmó Eugenia Trumper, ex directora de un servicio de ginecología de adolescentes. Para esta profesional, lo “increíble y doloroso” es que “pese a que el caso estaba ampliamente contemplado en el Código Penal, hubo acciones que causaron la demora, hasta llegar a una situación que implica un drama para la niña y para su familia”. Analía Mesina, jefa de obstetricia en el Hospital Alvarez, explicó qué dificultades implica una interrupción del embarazo en la semana 20, pero advirtió que “las muertes por aborto no se producen porque la mujer lo haga con un embarazo avanzado, sino porque lo hace fuera del sistema sanitario y sin condiciones de higiene”. Para la ginecóloga Alicia Cacopardo, integrante de la Comisión por el Derecho al Aborto, “los médicos del San Martín mienten, porque ya no pudieron resistir las amenazas y la presión de la Iglesia”.

“Cuando la interrupción del embarazo se produce entre las 20 y 22 semanas, se llama ‘parto inmaduro no viable’ –explicó Analía Mesina–. En esa etapa, es imposible que el feto se sostenga con vida fuera del útero”, aclara. Para lograr en esa etapa la interrupción del embarazo, “hay que producir un mecanismo de parto, para lo cual se administran drogas que generan contracciones uterinas; como en esa etapa todavía no están maduros los sistemas que intervendrían en el parto, la inducción va a requerir más tiempo, con más pérdida de sangre que en un parto a término”.

“De todos modos –agregó la jefa de servicio en el Alvarez–, es importante puntualizar que las muertes por abortos no se producen porque la mujer lo haga con un embarazo avanzado, sino porque lo hace fuera del sistema sanitario, sin condiciones de higiene, con material mal esterilizado o sin esterilizar, sin los antibióticos adecuados.”

Eugenia Trumper –docente de ginecología de la UBA y ex jefa del servicio de ginecología de adolescentes en el Hospital Alvarez– estimó que los argumentos que llevaron a los médicos del San Martín a rechazar la intervención sólo serían admisibles en términos “de objeción de conciencia: esto no tendría por qué impedir que los profesionales de otra institución se hicieran cargo de la intervención”.

–Ellos afirman que se presentan obstáculos de orden médico –observó Página/12.

–Es una operación que implica mayores dificultades y riesgos; no es lo mismo hacerla en el primer trimestre que en el segundo, pero de ningún modo es imposible –contestó la doctora Trumper–. Lo que la impidió no fue una cuestión médica, sino que tuvo mucho que ver con la acción de una determinada corriente de opinión, sustentada por grupos que forman parte de nuestra sociedad.

Para la doctora Trumper, “lo principal es cómo se llegó a esta situación. Claro que a ningún médico le gusta interrumpir un embarazo tan avanzado. Lo increíble, doloroso, es que la situación de esta chica estaba ampliamente contemplada en el Código Penal. A pesar de la ley, hubo integrantes del Poder Judicial cuya acción originó la demora, hasta llegar a una situación que es grave por el drama que implica para la niña y para su familia”.

La ginecóloga Alicia Cacopardo, integrante de la Comisión por el Derecho al Aborto, sostuvo: “Los médicos del Hospital San Martín de La Plata mienten. Lo que dicen es falso, es mentira: hasta la semana 23, el feto nunca puede ser viable. Una de las médicas salió a decir que ahora se registran movimientos fetales y latidos: hace un mes, ya los tenía pero estaban dispuestos a hacer la intervención. Si mienten, es porque no han podido ya resistir: se metió el Poder Judicial; hubo una presión infernal de la Iglesia; fueron amenazados con acciones legales. Pero hubieran podido perfectamente hacer la operación”.

Cacopardo recurrió al libro El drama del aborto, de Aníbal Faundes (2005), y citó: “La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia definió el aborto como la interrupción del embarazo mediante el empleo de medicamentos o intervención quirúrgica después de la implantación y antes de que el producto de la concepción sea viable de manera independiente. Y la OMS fijó la viabilidad en las 22 semanas completas de gestación”. Es decir que –explicó Cacopardo– “sólo a partir de la semana 23 se puede hablar de ‘parto inmaduro’, con difíciles perspectivas de viabilidad, y recién desde las 28 semanas pasa a ser un ‘parto prematuro’”.

Cacopardo aclaró que “por supuesto, nuestra campaña por el aborto legal, seguro, gratuito y voluntario lo plantea hasta las 12 semanas de gestación, como es ya en la mayoría de los países del mundo”.