Durante el 2005 el jefe de Gabinete dispuso a su arbitrio de recursos presupuestarios superiores a los 18 mil millones de pesos, haciendo uso de todos los recursos legales posibles para manejar ese dinero sin necesidad de que intervenga el Parlamento. Desde esta perspectiva, el proyecto de superpoderes consagraría de modo permanente una práctica que ya se da en los hechos, aunque ampliando generosa y permanentemente el libre albedrío del que ya dispone el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. El nuevo margen prometido resulta inéditamente amplio tanto en relación con otros países de la región como del que disponen las provincias.

La modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera sólo reservará al Parlamento dos de las varias potestades que hoy le son propias en materia presupuestaria: modificar el total de gastos o el nivel de endeudamiento. Pero las otras facultades como las de traspasar recursos presupuestados como gastos corrientes (ej: sueldos) a capital (ej: obra pública); reasignarlos entre grandes áreas (Seguridad y Defensa, Servicios Sociales, Administración General o Deuda Pública) o bien disminuir el resultado financiero (ej: achicando el superávit) serán definitivamente delegadas en Alberto Fernández y sus sucesores.

Según detalla un análisis del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en el ejercicio del 2005 el Poder Ejecutivo ya administró millonarios recursos por varias vías. En uso de las facultades delegadas, Fernández habría ampliado en 4610 millones de pesos los gastos previstos en la ley de Presupuesto (lo que equivale a una suba del 5,9 por ciento sobre lo que el Congreso había autorizado) y reasignó otros 1849 millones, cambiándole la finalidad.

Sin embargo, la mayor disponibilidad de recursos la hizo a través de los DNU, en virtud de los cuales Hacienda resolvió el destino de 10.798 millones que se recaudaron por encima de lo previsto. Subestimar los ingresos es, de hecho, un mecanismo para que el Ejecutivo luego maneje ese dinero: ya que como no estaban previstos en el momento de votar el Presupuesto los parlamentarios no pudieron opinar sobre su destino. A esas prerrogativas habría que añadir la de los mecanismos legales corrientes que otorgan al Poder Central bastante arbitrariedad. Valga de ejemplo que el grueso del dinero girado a las provincias como “Transferencias” no se prorratea en base a los parámetros fijos de la Coparticipación que, justos o no, dan previsibilidad, sino según resuelvan Economía. Algo similar a lo que ocurre con los Aportes del Tesoro Nacional, que hoy suman 3500 millones de pesos a disposición del Ministerio del Interior. Amén del nutrido paquete de fondos fiduciarios u organismos como la AFIP, excluidos del presupuesto.