El juez federal Sergio Torres ordenó detener las obras de construcción que iban a realizarse en un sector de la costa de Vicente López, en la zona norte del conurbano bonaerense, con el fin de preservar terrenos en los que habrían sido sepultadas víctimas de la última dictadura militar.

La información fue difundida ayer por la ONG Ambientalista Pro Vicente López, que solicitó al juez una medida cautelar de no innovar destinada a preservar la zona. Según la organización, el juez ordenó “detener cualquier excavación, construcción o movimiento de tierra que pueda modificar la constitución y conformación actual del terreno”, sobre el que trabajarán expertos del equipo Nacional de Antropología Forense. El equipo ya había localizado restos de desaparecidos y su labor permitió identificar a varias víctimas del terrorismo de Estado, que gobernó el país entre 1976 y 1983.

La ONG que interpuso la acción del amparo informó que una delegación de la Policía Federal “fue comisionada para notificar la orden” de no innovar al intendente Enrique García. El juez Torres, que conduce una causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura, tomó la decisión de preservar tierras de la costa de Vicente López, ya que allí hay una serie de indicios sobre la existencia de restos de desaparecidos en el lugar.

El magistrado también prohibió arrojar escombros y adoquines sobre un terreno situado detrás de un hipermercado de Vicente López en el que funcionaron dependencias de la ESMA. En ese sector iban a volcarse restos de las obras de repavimentación de la avenida Maipú, pero Torres impidió el uso de ese predio.

Estas áreas que el juez dispuso preservar pertenecieron al Club de la Armada Hipólito Bouchard, donde hace 11 años fueron encontrados restos óseos que serían de “cuatro personas con data probable de su muerte durante la dictadura militar”, precisó la ONG Pro Vicente López.

Debido a la mudanza de la sede de la ESMA, en el predio iba a construirse un campus universitario, razón por la que el abogado Miguel Angel Quintabani, miembro de la organización, recurrió a la Justicia para requerir una medida cautelar que garantizara la preservación de posibles pruebas sobre la desaparición de personas.