Hace 30 años que los represores sanjuaninos se rigen por el código de la omertà, que prohíbe y castiga a cualquier mafioso que delate a sus colegas. La declaración del ex policía Oscar Alfredo Rojas, quien detalló cómo se fraguaron “enfrentamientos” para ocultar el secuestro, la tortura y el posterior asesinato de militantes políticos puede quebrar la ley del silencio, en una provincia donde, de las 70 causas abiertas en 1983, ya se han extraviado más de 60.

Hace algunos días, Rojas narró en la oficina de la fiscal federal Silvana Godoy una versión distinta sobre la forma en que murió el militante de la Juventud Peronista Roberto Guilbert quien, según la historia oficial provincial, falleció en un enfrentamiento con las fuerzas policiales. Según el ex policía, cuyo testimonio permitió reabrir esta causa, ese “combate” fue sólo una parodia. Guilbert estaba detenido en la D2, el área de inteligencia que funciona todavía hoy en el Departamento Central de Policía de San Juan, donde lo llevaron luego de secuestrarlo: “Allí se acostumbraba a trasladar a los ‘chupados’ como paso previo a la ejecución clandestina –contó Rojas a la agencia Télam–, luego lo torturaron y terminó tirándose o lo tiraron desde la ventana del primer piso para caer en el patio de la Jefatura”.

El 29 de agosto de 1976, el día del supuesto “enfrentamiento”, Rojas y el subcomisario Miguel Angel Mereles patrullaban juntos cuando escucharon por el handy que integrantes de la D2 pedían auxilio porque, según indicó el ex policía, “mantenían un enfrentamiento con subversivos”. Ambos se dirigieron hasta el lugar, ubicado en el paraje conocido como La Rinconada, y allí se encontraron “con los integrantes del D2, el comisario Hilarión Rodríguez, el cabo Bazán y el suboficial Lucero”, quienes les dijeron que “se habían topado con un campamento con ocho subversivos y que tras un enfrentamiento se fugaron todos salvo uno que cayó abatido a pocos metros de una ametralladora antiaérea”. El cadáver en cuestión era el de Roberto Guilbert y, para sorpresa del ex policía, el muerto estaba sin cinturón ni cordones en los zapatos, algo característico entre los detenidos de cualquier dependencia policial.

“En ese entonces, la policía estaba conducida por el capitán Juan Carlos Coronel y el D2, por el comisario Hilarión Rodríguez, que tenía entre su gente al nexo del Batallón de Inteligencia 601 Mario Tello, y todos respondían a las órdenes del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22”, señaló Rojas, al tiempo que aseguró que hasta hace poco Tello todavía prestaba servicios en ese batallón y que ahora vive en la localidad sanjuanina de Marquesado. Exonerado de la fuerza en 1978, según él por no haber aceptado esta metodología, Rojas decidió exiliarse en Brasil y Paraguay tras dos intentos fallidos de secuestro que dice haber sufrido por parte de los integrantes del D2. Aunque figura en lista de represores de la Conadep, Rojas no se considera un arrepentido y jura que jamás maltrató o torturó a prisioneros mientras se desempeñó en la Brigada de Investigaciones sanjuanina, donde su función consistía en “saber dónde estaban alojados los detenidos legales e ilegales y los que iban a ser trasladados fuera de la provincia”.

Por el momento, la fiscal Godoy aún no ha conseguido que el juez dicte alguna prisión preventiva y, según fuentes judiciales, el fuero federal local tampoco cuenta con la cantidad de personal necesaria para atender la reapertura de esta causa y otras siete más que se han sumado tras las declaraciones de Rojas. La aparición pública del ex policía también generó dudas entre los familiares de desaparecidos sanjuaninos. Uno de ellos, Diana Tello, quien tiene a su compañero Oscar Castillo desaparecido desde abril de 1978, consideró que “la denuncia es positiva aunque no suficiente, porque sería conveniente que se sumen otros testimonios”. La frase de Tello hace alusión a los dos nombres de policías, hoy retirados, que Rojas acercó a la fiscalía para resaltar sus dichos. Se trata del ex subcomisario Miguel Angel Mereles y de Víctor Hugo Frías.

El asesinato de Castillo es uno de los casos que tendrían que investigarse nuevamente, ya que su expediente está entre los que fueron extraviados. Tello consideró que el gobierno provincial podría ordenar –en consonancia con lo que realizó el Ejecutivo nacional– la apertura de los archivos policiales y “crear un área de articulación con los organismos de derechos humanos para sistematizar toda esta información que se debe aportar a la Justicia”.