El abogado Marcelo Parrilli envió una carta al procurador general, Esteban Righi, en la que solicitó el apartamiento del cargo de tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal por estar “comprometidos con el sistema de terrorismo de Estado, quienes actualmente se encuentran ubicados en lugares clave en cuanto al juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar”. Lo hizo en su carácter de apoderado y patrocinante de víctimas y familiares de víctimas de la represión y para que su requerimiento sea incluido en el marco de las distintas medidas anunciadas para establecer un programa de protección de testigos y partes en los procesos llevados adelante con motivo de las violaciones a los derechos humanos. Parrilli pidió el “alejamiento inmediato” de los doctores Juan Martín Romero Victorica, fiscal general ante la Cámara de Casación; Pedro Narváiz, actual titular de la fiscalía 4 ante Casación, y Raúl Pedro Perotti, de la fiscalía 2 ante los tribunales orales de la Capital. El letrado, querellante en la causa por la desaparición del escritor Rodolfo Walsh, entre otras, aseguró que “respecto de la trayectoria de estos funcionarios obran sobrados antecedentes” en distintas organizaciones de derechos humanos y también en su poder.