“La codicia, el narcotráfico y el feudalismo que hay en Salta han cobrado otra víctima”, señaló el diputado Miguel Bonasso apuntando directamente al poder político provincial y al gobernador Juan Carlos Romero por el asesinato de la militante rural salteña Liliana Ledesma –como publicó Página/12 en la edición de ayer–, mientras cruzaba la pasarela interna de un campo cerrado, que obligaba a familias campesinas a caminar decenas de kilómetros para salir y entrar de sus campos. Por el crimen está detenida la hermana del diputado provincial del PJ José Aparicio y buscan al cuñado del legislador romerista sospechado de ser el autor material del homicidio. Los familiares de Ledesma y sus compañeros de la Asociación de Pequeños Productores Ganaderos de Madrejones fueron recibidos por el ministro de Interior, Aníbal Fernández.

En conferencia de prensa, junto a los familiares de Ledesma y los denunciantes y rodeado por los diputados kirchneristas Remo Carlotto, Nora César y Araceli Méndez de Ferreyra, Bonasso sostuvo que el asesinato de la militante rural “es tan aberrante” como las muertes de José Luis Cabezas y María Soledad Morales. También apuntó al poder político y económico salteño: “La codicia, el narcotráfico y el feudalismo que hay en Salta han cobrado otra víctima”, afirmó el legislador e hizo responsable al gobernador Romero por la seguridad de los denunciantes del crimen cometido el 21 de septiembre pasado, en la localidad de Salvador Mazza.

La respuesta del gobierno salteño llegó a través de un comunicado oficial que intenta despejar las sospechas sobre la intencionalidad política que envuelve el asesinato. Quien lo firma, el secretario de Seguridad provincial, Gustavo Feraris, aseguró que el crimen de Ledesma “es sólo un hecho policial que nada tiene que ver con la política”.

La investigación del asesinato está a cargo del juez de Instrucción de Salta, Nelson Aramayo, quien ordenó la detención de Gabriela Aparicio, presunta entregadora de Ledesma, que es hermana del legislador provincial Ernesto Aparicio, quien sería el dueño de los campos cercados y habría amenazado a la dirigente asesinada con anterioridad. La abogada Julia Pérez Pereyra reveló que la Justicia hizo un pedido de captura a Interpol del cuñado de Aparicio, sospechado de ser el autor material del crimen.

Marta César, periodista de FM Noticias de Salta, relató que el 10 de agosto, durante un reportaje, Ledesma “solicitó ayuda” y contó que su esposo había sido asesinado. En esa misma entrevista, la militante rural “acusó a Aparicio de narcotraficante –relató César– y dijo que eso le constaba porque su marido trabajaba para él vendiendo drogas”.

Ayer por la tarde, el ministro de Interior, Aníbal Fernández, recibió en Casa Rosada a los familiares de Ledesma. Allí le pidieron el esclarecimiento del asesinato y garantías para los denunciantes. Además de reclamar los títulos de propiedad sobre las tierras de las que los quieren desalojar y que habitan desde hace más de 20 años. Sergio Rojas, uno de los productores que participó de la reunión, dijo a Página/12 que “Fernández nos comunicó que ya había notificado al gobierno salteño sobre las preocupaciones que nosotros le expresamos y para que respalde la investigación judicial por el crimen de Liliana”.