Acompañado por las bancadas mayoritarias de la Cámara de Diputados, el kirchnerismo logró modificar parcialmente el régimen de financiamiento de los partidos políticos, que ahora deberá ratificar el Senado. La iniciativa aumenta el 50 por ciento el tope de los gastos de campaña; unifica las cuentas bancarias de cada partido para facilitar el control de la Justicia Electoral y prohíbe la contratación de publicidad de parte de terceros sin la autorización de los partidos o alianzas electorales. La única modificación que el oficialismo aceptó introducir en el proyecto original fue el reclamo –realizado por los partidos de izquierda– de bajar el piso de votos obtenidos en una elección para acceder al financiamiento estatal, que pasó del 2 al 1 por ciento del padrón electoral. El ARI denunció el aporte de contratistas del Estado y del propio grupo Bapro a la campaña que consagró a Cristina Fernández como senadora nacional.

El oficialista Juan Manuel Urtubey y el autor del proyecto, el ex duhaldista Jorge Landau, fueron los encargados de defender la iniciativa en el recinto, aunque eligieron diferentes argumentos. El salteño se preocupó en remarcar los mayores controles que la Justicia ejercitará sobre las cuentas de los partidos políticos. El bonaerense justificó los cambios afirmando que la ley –sancionada después del estallido de 2001 y en medio del reclamo “que se vayan todos”– “no solucionó la crisis de representación”.

Pero el debate estuvo centrado en muy pocos puntos del proyecto. Uno de ellos fue el incremento en el límite de los gastos de campaña, que pasó de un peso a un peso y medio por elector y distrito electoral. Es decir, que en un distrito con 500 mil ciudadanos en condiciones de votar, los partidos o alianzas no podrán gastar más de 750 mil pesos en su campaña electoral, tope que la ley establecía en 500 mil pesos.

El otro fue el piso del 2 por ciento de los votos sobre el total del padrón electoral para que un partido acceda al grueso del financiamiento que reparte el Estado. Después de intensas gestiones y ásperas discusiones, impulsadas por un núcleo de partidos sin representación parlamentaria, el oficialismo accedió a bajar la exigencia a sólo el 1 por ciento. Aunque no pocos en el recinto también reclamaron sin suerte que el porcentaje se establezca sobre el total de los votos emitidos, y no sobre un padrón con muchas deficiencias.

“Es antidemocrático. El ahogo económico y político de las expresiones políticas minoritarias provoca su desaparición, lo cual atenta contra el derecho de los ciudadanos de elegir libremente sus representantes”, reza uno de los puntos del documento que firman, entre otros, el MST, PO, PC, PTS y PH. El escrito lo dejaron en los despachos de Urtubey, Landau, del ex zamorista Carlos Tinnerello y el bloque radical.

El radicalismo, que también respaldó el proyecto original, no se privó de fustigar al oficialismo, aunque con algunas posturas encontradas. La rosarina Alicia Tate afirmó que los fallos de la justicia electoral, “fueron verdaderas correcciones normativas” en una ley con deficiencias. Pero el bonaerense Pedro Azcoiti criticó “el fallo complaciente” de María Romilda Servini de Cubría –que recordó como “la jueza que censuró a Tato Bores”– sobre el exceso de los gastos de campaña del kirchnerismo y el menemismo en las elecciones presidenciales de 2003.

Después de repasar “algunos cambios positivos” en el proyecto, Adrián Pérez, del ARI, también recordó el fallo de Servini de Cubría. “Parece que hay fanáticos incontrolables que financiaban las campañas de los partidos políticos. Así lo entendió la Justicia”, dijo Pérez para no pasar por alto el argumento con que se defendieron los apoderados kirchneristas y menemistas: “Contratación de publicidad que realizaron terceros sin autorización de los jefes de campaña”.

Pero fue Carlos Raimundi quien fue a fondo contra el financiamiento empresario de las campañas políticas, uno de los cuestionamientos que habitualmente esgrime el partido de Elisa Carrió. “Las empresas financian al partido de gobierno a cambio de favores. Estas no son sospechas sino datos concretos. Es información, no opinión política”, dijo Raimundi al mostrar una larga lista (con importes, número de cheques y nombres de empresas) de 28 aportistas a la campaña de Cristina Fernández en 2005 por una suma total de 265 mil pesos. “Todos contratistas del Estado a quienes se les adjudicó contratos viales y la construcción de planes de vivienda”, insistió Raimundi para luego denunciar el aporte del grupo estatal Bapro al Frente para la Victoria bonaerense.

En el kirchnerismo no hubo nadie que recogiera el guante. La respuesta fue la convocatoria a votar el proyecto. Allí, el oficialismo y el resto de los partidos mayoritarios (UCR, PRO y peronistas disidentes) impusieron una abrumadora mayoría, con 160 votos a favor y sólo 19 en contra.