El 3 de diciembre de 1995 los vecinos de la localidad cordobesa de Río Tercero fueron bombardeados por miles de proyectiles, producto de la explosión de la fábrica militar. El día anterior, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, había firmado un decreto que puso a la Dirección General de Fabricaciones Militares bajo su competencia. El sentido común indicaba que lo primero que haría El Mingo sería ordenar un inventario. Por en esos días comenzaban a trascender los pormenores de lo que sería el único escándalo que llevó a Carlos Menem a prisión: la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Todavía no se conocía el papel que había desempeñado la Fábrica de Río Tercero, pero eso era una cuestión de tiempo. Poco después, el trabajo del fiscal Carlos Stornelli determinó que Río Tercero fue el centro en el que se concentró el material bélico que posteriormente fue embarcado desde el puerto de Buenos Aires hacia Croacia. Allí se encontraron cañones que la empresa italiana Otto Melara vendió a la Argentina en la década del ’60 con la condición de que no fueran revendidos. También se hallaron fusiles FAL y otras armas con el indiscutible sello argentino. Stornelli determinó que al Ejército le faltaban cañones. El entonces jefe de la fuerza, general Martín Balza, explicó que se había firmado un convenio entre el Ejército y Fabricaciones Militares para acondicionar y canjear parte del armamento cuestionado. La instrucción judicial demostró que ese convenio había sido adulterado. Más allá de las explicaciones del Ejército, los cañones nunca aparecieron. A las pocas horas de la explosión, Menem apareció en Río Tercero. “Esto fue un accidente y ustedes tienen que decirlo”, les señaló a los periodistas en una rueda de prensa en la que apareció al lado del gobernador cordobés, el radical Ramón Mestre.