El año pasado no fue tan malo para el represor Luis Abelardo Patti. Aunque el Congreso le impidió asumir en su banca de diputado por falta de idoneidad moral, la Cámara Electoral le dio la razón y el ex comisario no dudó en lanzarse de nuevo a la política, ahora por la gobernación bonaerense. De regreso en los medios por el caso Luis Gerez, volvió a jactarse de no tener cuentas pendientes con la Justicia. Aunque esto no es cierto, y de hecho va camino a juicio oral en uno de los cuatro procesos que tiene abiertos, éstos no han avanzado mucho en los últimos meses. La combinación de lentitud judicial y amedrentamiento de sus víctimas aparece como una constante en su historial, mucho antes del secuestro del albañil de Escobar, torturado en su adolescencia por Patti. Así lo demuestra un repaso por el activo prontuario del ex intendente de esa localidad. “Los jueces no hacen nada, miran para otro lado”, se quejaron los abogados Ana Oberlin y Alejo Ramos Padilla, dos de los querellantes.

El 20 de abril, cuando se presentó en la Cámara de Diputados Luis Gerez, hizo su relato con parsimonia provinciana y brindó un testimonio contundente. Ninguno de los presentes en aquella reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento dudó por un instante de lo que escuchó durante varias horas. Este hombre, que se expresó de manera sencilla y se definió como un militante popular, soportó las preguntas chicaneras de los abogados de Patti, que insistieron en la ausencia de una denuncia respecto de los hechos que había contado. En ese momento, Gerez recordó que el juez de San Isidro ante quien se presentó en 1972 ignoró las marcas de las torturas que le mostró, y le dijo que se tranquilizara, que todo había sido “un error”.

Escenas similares ocurrieron con los demás testigos, como el caso de Eva Orifici, que aseguró que en el juzgado al que acudió sufrió un trato tan degradante que la hizo desistir de seguir denunciando. Algo similar le sucedió a Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando el diputado Remo Carlotto, uno de los impugnantes del diploma de Patti, le preguntó si había denunciado la participación del ex comisario en los grupos de tareas, la mujer le respondió con otra pregunta: “¿Ante quién denunciar?”. Y describió que cuando fue a hacer la demanda tuvo que soportar a empleados diciendo “vengan a ver a los padres de los subversivos”, o que la trataran de “prostituta”. Otros testigos recordaron, como si no fuera obvio, que se trataba de la Justicia de la dictadura.

Sin embargo, Patti fue objeto de numerosas acusaciones ante diferentes tribunales y jurisdicciones. Algunas están archivadas, como el caso de Mario Bárzola, un detenido que iba a ser trasladado desde San Nicolás. En 1990 fue acusado por el robo de una camioneta y asegura haber sido torturado durante su detención en Pilar. Su testimonio no pudo ser escuchado en el Congreso porque la defensa de Patti lo impugnó, pero habría ratificado que el ex comisario daba las órdenes durante una sesión de tortura que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que Patti dio a sus subordinados. Por este caso el represor fue procesado y llegó a estar prófugo. El juez que estaba a cargo, Raúl Borrino, fue recusado y pasaron dos magistrados más hasta que el último determinó la prescipción por el paso del tiempo.

Los procesos que están activos son los siguientes:

- El inminente juicio oral por encubrimiento: el caso Granada. El represor prestó ayuda al teniente coronel Jorge Granada cuando éste se encontraba prófugo en la causa sobre la desaparición de los montoneros que protagonizaron la Contraofensiva. Fue procesado por encubrimiento y la Cámara Federal confirmó la resolución. El Registro Nacional de Reincidencia emitió a Patti un certificado de falta de antecedentes sin tener este dato porque un magistrado que remplazaba a Claudio Bonadío no le informó al respecto. En septiembre, el juez federal Ariel Lijo dispuso cerrar la investigación y enviar la causa a sorteo para que se asigne el tribunal encargado de juzgar al ex intendente de Escobar por este hecho ocurrido en el 2002, cuando todavía ocupaba ese cargo comunal.

- La desaparición y muerte de Gastón Gonçalves y sus compañeros. El caso por el séxtuple homicidio de este militante de la Juventud Peronista, su esposa y otras cuatro personas (causa Novoa) está trabado desde hace meses por un conflicto de competencia. En septiembre de 2005 el fiscal Juan Murray y los querellantes pidieron la indagatoria de Patti. El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo consideró que no había elementos suficientes y luego la causa pasó a Campana, por pedido de la defensa del represor. Sin embargo, el juez de esa localidad la envió a San Martín al juzgado de Alberto Suárez Araujo, y en los próximos días la Cámara debería definir esta situación. Varios testigos declararon en el Congreso sobre el accionar intimidante de Patti a este grupo de militantes, y sobre las amenazas al periodista Tilo Wenner.

- El asesinato de Osvaldo Cambiasso y de Eduardo Pereyra Ro-ssi. Participó del secuestro de estos militantes montoneros y admitió haberlos matado, aunque en un presunto enfrentamiento. Tras enormes presiones al juez de la causa, obtuvo un sobreseimiento durante la dictadura que se transformó en definitivo por el paso del tiempo. Hay documentos que demuestran que hubo inteligencia previa en el caso. Y los papers desclasificados por Estados Unidos, presentados en la Justicia y en el Congreso, ratifican la presión política que sufrió la causa. Actualmente, el fiscal Murray pide la reapertura de este expediente que en 1983 llevó a Patti a la cárcel, cuando el juez Juan Carlos Marchetti consideró que había pruebas como para procesarlo. El gran desafío de los querellantes y del fiscal es modificar la “cosa juzgada”, con el argumento de que fue fraudulenta.

- Accionar al frente de un grupo de tareas que actuó en La Plata. Son dos denuncias que quedaron unificadas en el juzgado federal de Arnaldo Corazza. El fiscal Sergio Franco impulsó una acusación formulada por Chicha Mariani, relatada en el Juicio por la Verdad de La Plata en 1999, según la cual Patti encabezó la patota que allanó su casa buscando a su hijo, abatido meses después. La otra denuncia la hizo una mujer, que por temor no quiere revelar su identidad a los medios, que conoce a Patti porque provienen del mismo pueblo. Según su relato, el represor fue parte del procedimiento en el que fue secuestrado su primo, que sigue desaparecido. No hay novedades en este expediente.