Domingo, 7 de enero de 2007 | Hoy
Miles de personas salieron a las calles de San Sebastián para pedir la libertad de los presos de ETA, pero la manifestación, declarada ilegal por la Justicia, fue disuelta por la policía.
Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
En su primera manifestación pública después del atentado del sábado, el entorno político de ETA intentó ayer organizar un acto en el velódromo de Anoeta, en la ciudad vasca de San Sebastián, para exigir la amnistía de los etarras que permanecen en las prisiones españolas. La intervención de la policía vasca, que cumplía órdenes de la justicia de prohibir la manifestación, hizo que los miles de personas que habían concurrido a la convocatoria terminaran por organizar marchas espontáneas por las calles de la ciudad. Las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes cuando éstos atacaron a la policía con botellas. La marcha se saldó con tres detenidos y varios contenedores de basura incendiados.
Los manifestantes, que coreaban la consigna “¡Sin amnistía no hay paz!”, habían sido convocados a las 17.30 a las instalaciones deportivas de Anoeta por un grupo que se hace llamar Movimiento Pro Amnistía, pero que responde al ilegalizado Herri Batasuna, el brazo político de la organización armada vasca. La justicia española se había pronunciado el día anterior prohibiendo la manifestación. La medida había sido dictada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que reemplaza al titular del juzgado, Baltasar Garzón. La tensión que se vivió durante la tarde en las calles de San Sebastián es una muestra de lo caldeado que está el clima político en el País Vasco luego del ataque terrorista del pasado sábado 30 de diciembre. El entorno de la izquierda vasca que apoya a ETA se ha dado cuenta de que los partidos políticos españoles le cerrarán la puerta a su participación en las próximas elecciones municipales y regionales de mayo y están dispuestos a movilizar todas sus fuerzas para demostrar su descontento con el nuevo escenario.
Otra situación de tensión se vivió durante la madrugada en la localidad de Arrasate, en la provincia vasca de Guipúzcoa, cuando un grupo de jóvenes simpatizantes de ETA atacó un cajero automático de un banco en un típico acto de lo que en España se conoce como “kale borroca”, una especie de intifada vasca. El incendio obligó a que la policía tuviera que desalojar a los vecinos de los 20 departamentos del edificio.
Mientras tanto José Luis Rodríguez Zapatero reapareció ayer en la conmemoración de la Pascua Militar junto al rey Juan Carlos I, que en su discurso pidió “la unidad de todos los españoles para acabar con el terrorismo”. El primer ministro español mantuvo luego una charla informal con algunos periodistas presentes en el acto, en la que afirmó que ETA había llevado con su ataque el proceso de paz a una situación de punto final. Zapatero desmintió también los crecientes rumores que hablan de un adelanto de las elecciones generales, una facultad de la que goza el primer ministro según la ley española. “Sólo faltaba que el atentado modifique la agenda política”, fue su contundente respuesta, con la que dio por cerrada la cuestión.
Zapatero no quiso entrar en la polémica con el Partido Popular acerca de su determinación para dar por acabado el proceso de paz después del atentado en el aeropuerto de Barajas. El líder socialista manifestó que no piensa competir con el PP por ver quién es más enemigo de ETA y calificó a toda la cuestión como una simple discusión semántica en torno de la interpretación de sus palabras en la conferencia de prensa que dio el día del atentado.
En el PSOE levantó ampollas la autocrítica que hizo el viernes el secretario de organización del partido, José Blanco, en la que afirmó que el gobierno había tenido “problemas de comunicación” a la hora de entablar las negociaciones con ETA. Blanco se refería a que los socialistas no supieron prever que el grupo separatista vasco volvería a atacar luego del fallido encuentro que tuvieron interlocutores del gobierno y de ETA presumiblemente en Turquía el 15 de diciembre pasado, dos semanas antes del atentado. Los servicios de Inteligencia estiman que a partir de ese momento ETA decidió volver a las andadas, al encontrarse con la negativa del gobierno español de acceder a sus demandas políticas de mayor envergadura.
Por otro lado, los equipos de rescate que trabajan en el destruido estacionamiento del aeropuerto lograron encontrar en la madrugada del sábado el cuerpo de Diego Armando Estacio, el otro ciudadano ecuatoriano muerto en el ataque, al que no se había podido localizar luego de una semana de búsqueda. El cadáver del joven inmigrante de 19 años partió ayer de España en un vuelo fletado por el gobierno en compañía de 29 de sus familiares, tres psicólogos y la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, junto a otros funcionarios de menor rango. Bomberos y policías tardaron 38 horas en rescatar el cuerpo desde que se localizó el vehículo en el que se encontraba, el pasado jueves, debido a la gran dificultad de acceso que presentaba la zona.
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