Sábado, 3 de febrero de 2007
| Hoy
Bertrand Yves María De Parseval se presentó en la embajada argentina en Tailandia. Fue mencionado por los represores de la ESMA. Dijo que vivió en Argentina, pero refutó las acusaciones.
Bertrand Yves María De Parseval se presentó ayer en la embajada argentina en Tailandia. Se trata del paramilitar que mencionó el jueves el represor Luis María Mendía en su testimonio y al que señaló por haber estado involucrado en el secuestro y asesinato de las monjas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura. El acusado por el acusado, que participó de los escuadrones de la muerte franceses en Argelia, se puso a disposición de la Justicia, confirmó que vivió en la Argentina, pero aseguró que “nunca desarrolló una tarea política”.
En su declaración indagatoria en la causa en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos en la ESMA, Mendía aseguró estar preocupado por brindar “elementos de prueba que le permitan (al juez Sergio Torres) descubrir la verdad jurídica objetiva en este expediente judicial”. En coincidencia con el represor Alfredo Astiz, con quien comparte abogado y estrategia, involucró a De Parseval en operativos de secuestros como el de la Iglesia de la Santa Cruz del 8 de diciembre de 1977, en el que se apresó ilegalmente a un grupo de familiares de desaparecidos. En esta línea, pidió su “captura internacional con fines de extradición”.
Según indicaron fuentes diplomáticas, ayer De Parseval viajó 150 kilómetros desde Pattaya, la ciudad tailandesa donde reside, hasta Bangkok. Allí, munido de su pasaporte y cédula argentina, habló con el embajador argentino Felipe Frydman y le admitió que durante su juventud actuó en la OAS francesa –el comando paramilitar con que Francia intentó sofocar la guerra de liberación nacional de los argelinos– y que luego, en los años ’60, dejó su país natal para venir a radicarse en Argentina. Una vez instalado, resaltó, nunca desarrolló “ninguna tarea política”. Antes de retirarse de la embajada, De Parseval dijo estar dispuesto a “efectuar una declaración judicial por escrito si fuera necesario” al juez Torres, que investiga los crímenes cometidos en la ESMA.
Al involucrar a este paramilitar, Mendía pidió que se tome testimonio a Marie Monique Robin, autora del documental “Los Escuadrones de la Muerte: La Escuela francesa”, donde represores locales como Reynaldo Bignone y Ramon Díaz Bessone detallan las lecciones que aprendieron de sus experimentados colegas galos. Mendía, que fue número tres de la Armada, buscó respaldar sus dichos con el hecho de que De Parseval es cojo y que uno de los testigos de los secuestros en la Iglesia de la Santa Cruz dijo que uno de los secuestradores padecía ese problema físico.
En su comparecencia en la Embajada argentina, el mercenario franco-argentino negó las acusaciones en su contra y resaltó que “el único rasgo en común” suyo con aquel presunto secuestrador “era la renguera”. Fuentes judiciales con acceso al expediente indicaron que el hombre rengo visto por los testigos del secuestro en verdad sería el entonces oficial de Ejército Juan Carlos Coronel, que actuó como adscripto en el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y ahora cumple prisión preventiva.
Además de señalar a De Parseval como colaborador, tanto Mendía como Astiz –que fue condenado en ausencia en París a cadena perpetua– destacaron “la directa intervención de los servicios secretos y de inteligencia franceses” en la represión que ellos comandaron. Como parte de esta estrategia, el ex jefe de Operaciones Navales pidió que se cite como testigos al ex presidente y ex primer ministro de Francia, Valéry Giscard D’Estaing y Pierre Mesner, respectivamente. También al ex embajador François de la Gosse y al diputado verde Noël Mamère.
Además de señalar a los agentes franceses, durante su declaración Mendía apuntó hacia la viuda de Perón: “Las fuerzas armadas nada inventaron el 24 de marzo de 1976, sino que simplemente aplicaron a rajatabla la legislación vigente” avalada por los anteriores decretos del gobierno de Isabel Perón que mandaban a los militares a “aniquilar el accionar de la subversión”. En ese contexto se hizo cargo de haber firmado a fines de 1975 el Placintara, un documento elaborado a partir de esos decretos. Pero allí nada decía de las torturas ni de los “vuelos de la muerte” a los que fueron sometidos las víctimas durante la última dictadura.
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