“El primer paso a dar entre Irán y la Argentina es que haya, por ejemplo, una reunión entre los dos ministros de Justicia. En ese encuentro se puede debatir el marco de la colaboración de Irán con la Justicia argentina. Por ahora, nosotros percibimos una acusación totalmente política contra Irán en el caso AMIA, sin ninguna evidencia, con simples deducciones y testimonios de personas que nos han acusado, entre otras cosas, del ataque contra las Torres Gemelas. Eso no es imparcialidad. En el marco actual de parcialidad, nosotros no presentaremos ningún abogado que nos represente en la Justicia argentina.” El encargado de Negocios de Irán, Mohsen Baharvand, sintetizó así la posición de su gobierno en relación con el atentado que en 1994 dejó 85 muertos y se refirió también a la denuncia que realizara el fiscal Alberto Nisman, quien sostuvo que fue amenazado por la delegación iraní en una reciente reunión en Interpol: “¿Usted cree que si hubiera habido una amenaza la misma gente de Interpol, allí presente, no habría reaccionado? Sí, es cierto que en Irán existe una ley contra el que difama al país y si este proceso sigue adelante con la parcialidad actual, nosotros denunciaremos a los fiscales y el juez argentinos ante la Justicia iraní y se pedirá su captura”.

Baharvand no tiene el perfil de los habituales encargados de Negocios de las embajadas. Es un abogado que fue jefe del departamento jurídico de la cancillería iraní, representante ante las Naciones Unidas y jefe de la defensa legal del ex embajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour cuando fue detenido en Londres. En aquel entonces, el ex juez Juan José Galeano remitió las pruebas a Gran Bretaña y Soleimanpour fue sobreseído. Es más, se le pagó una indemnización.

–El reclamo argentino es sencillo: si los funcionarios iraníes no tuvieron nada que ver con el atentado, ¿por qué no se presentan y lo demuestran?

–Hoy por hoy, nuestro gobierno rechaza esa posibilidad porque la parcialidad demostrada por los fiscales y el juez es gravísima. No hay una sola prueba, son todas deducciones, imágenes, ilusiones. Estamos muy enojados con ese manejo. Irán no tuvo nada que ver con el atentado. Nada. Por ejemplo, el fiscal y el juez aceptan cualquier testimonio que va en contra de Irán y rechaza cualquier testimonio a favor de Irán.

–Deme un ejemplo.

–Uno es el de los hermanos Ibrahim Berro, el supuesto suicida. Los hermanos, que viven en Estados Unidos, negaron que haya sido el autor del atentado. Sin embargo, lo dan por hecho. Han tomado como testigos válidos a los integrantes de los Moujadines del Pueblo, una organización que está contra el gobierno de Irán. Esos mismos testigos dijeron que nosotros perpetramos el ataque contra las Torres Gemelas e incluso el del avión que cayó en Lockerbie. Ya se demostró en forma contundente que mentían. Y, sin embargo, los fiscales y el juez argentino les creen. Un Moujadín del Pueblo declara y dice que la versión proviene de otra persona que, por supuesto, es otro Moujadín del Pueblo. Le doy otro ejemplo. El escrito del juez menciona el Ministerio de la Carne. No existe. Habla del Ministerio de la Jihad y Construcción y ni siquiera entiende que en ese caso Jihad no tiene nada que ver con lo religioso ni con ninguna guerra. Literalmente significa “esfuerzo”. Y ese ministerio era el del “esfuerzo para la reconstrucción del país” después de la guerra con Irak. Tenía que ver con construcción de casas, caminos. Todo es así de burdo.

–Con más razón sería bueno que colaboraran con la Justicia argentina. Hubo un tribunal que demolió las acusaciones contra los policías bonaerenses que estaban presos por el caso AMIA. Ustedes podrían buscar la misma opción.

–No hay ninguna garantía. En una semana el juez (Rodolfo) Canicoba Corral aceptó las 800 páginas del escrito de Nisman. En ese tiempo ni siquiera pudo leer como corresponde la acusación. Convalidó incluso los testimonios mentirosos que le cité. Y encima agregó la orden de captura de Soleimanpour, que ya fue sobreseído e indemnizado en Londres. Como están las cosas hoy, se violarían nuestros derechos.

–El mes que viene, Interpol podría convalidar las órdenes de captura.

–Veremos. Interpol tiene prohibido meterse en política y esta acusación es política. Los hombres del Comité Ejecutivo de Interpol son todos juristas y siempre está la chance de apelar a la asamblea anual de Interpol. Aquí el camino real es que los dos países entablen un diálogo.

–¿Qué significa eso en concreto? ¿Podrían ustedes presentar a alguno de los acusados ante la Justicia?

–Se debería empezar por una reunión entre los dos ministros de Justicia, el de Argentina y el de Irán. Habría que fijar un marco para tratar el caso AMIA. Por ejemplo, Argentina firmó el Pacto de San José de Costa Rica que le da marco a determinadas cuestiones judiciales. Esto sería lo mismo: buscar un ámbito. En ese caso presentaríamos documentación y pruebas.

–El ministro de Justicia argentino le dirá que el Poder Ejecutivo no puede actuar, que tienen que actuar el juez y los fiscales.

–Bueno, eso tendría que conversarse. Lo que nosotros no toleramos es que acusen a nuestro Estado y pretendan darnos órdenes: que nos tenemos que presentar, que tenemos que presentar a los acusados. Por de pronto, no existe convenio de extradición entre nuestros países y la constitución iraní, igual que la brasileña, prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Por eso digo que el único paso posible es que haya un diálogo. Además, nosotros también tenemos jueces.

–¿Usted sugiere que el juicio se haga en Irán? No lo veo posible.

–Entonces usted me está sugiriendo que los jueces argentinos son imparciales y los iraníes, parciales. Ese no es un buen punto de partida. No podemos cuestionar a todos los jueces de los dos países.

–El fiscal Nisman acusó a la delegación iraní de amenazarlo.

–El jefe de la delegación iraní fue Alí Deiharan, profesor universitario y con 33 años en la diplomacia. Si hubiera habido tal amenaza, la propia gente de Interpol lo habría denunciado. Ni en el informe que tengo yo ni en el informe público que hizo Interpol se menciona nada por el estilo.

–Un familiar de Memoria Activa, a través del abogado Pablo Jacoby, les inició una demanda civil por más de un millón de dólares. ¿La van a contestar?

–No. Cualquier reclamo civil está atado a la resolución de la causa penal. En el atentado contra las Torres de Khobar, en Arabia Saudita, un juez norteamericano fijó una indemnización de 250 millones de dólares. Y resulta que la propia justicia de Arabia Saudita, que detuvo a los culpables, dijo que no tuvimos nada que ver. Insisto, son acusaciones políticas. Se nos quiere enjuiciar como Estado y no lo vamos a permitir.