“En Interpol se asombraron con lo que llevamos. Nuevas pruebas contra los imputados iraníes y la existencia de un nuevo juez a cargo de la causa los sorprendieron. Ellos pensaron que todavía estábamos con las mismas cosas y los mismos argumentos que en la época en que el juez era Juan José Galeano. Se les hizo una presentación metódica con todas las evidencias. Dijeron que nuestra exposición fue muy seria, pidieron dos semanas para evaluarla, y no tenemos dudas de que la Oficina Legal de Interpol le recomendará al Comité Ejecutivo que ponga las órdenes de captura en la llamada difusión roja, que significa máxima prioridad para la detención de los imputados. El Comité Ejecutivo luego decidirá, a mediados de marzo.” La fuente de la fiscalía que encabezan Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos resumió así el estado de la controversia con Irán en el marco de Interpol. Según puede adelantar Página/12, el viernes llegó una notificación de Interpol: ambos países podrán volver a exponer sus argumentos en las horas previas a la reunión del Comité Ejecutivo.

El encuentro entre las delegaciones argentina e iraní se produjo el 22 de febrero en Lyon, la sede de Interpol. Presentes estuvieron los siete integrantes de la Oficina Legal de Interpol, encabezados por el francés Roustel Marta, siete representantes iraníes y cinco argentinos: los fiscales, un secretario, un miembro de la Cancillería y un delegado policial. Nisman y Martínez Burgos tenían que revertir una situación difícil: en 2005, las difusiones rojas contra los iraníes fueron rechazadas, por falta de sustento, en una votación contundente de 105 a 5. Pero los fiscales llevaron los elementos necesarios para que se haga un reexamen: un nuevo dictamen judicial y la existencia de un nuevo juez.

“Los miembros de la Oficina Legal dijeron una y otra vez que estaban sorprendidos por nuestra presentación y que no conocían los avances que les expusimos –comentó la fuente–. Por ello, el titular Roustel Marta dijo que los elementos nuevos merecían un nuevo examen y que se debían analizar. Eso enfureció a la delegación iraní, al punto que finalmente nos amenazaron. Dijeron que si no se anulaban las órdenes de captura, ellos emitirían

órdenes de captura contra los fiscales y el juez argentino. Eso fue una extorsión.” Según un integrante de la delegación argentina, los funcionarios de Interpol no reaccionaron ante la amenaza porque pretenden preservar la relación. De hecho, en la página oficial de Internet de Interpol no hay ningún relato de ese tenor sino más bien lo contrario. El título del informe es “Un paso adelante tras la reunión de Interpol”.

Hay algo que está claro de antemano. No habrá pedido de captura en difusión roja ni para el ex presidente de Irán Alí Rafsanjani ni para el ex ministro de Relaciones Exteriores, Alí Akbar Velayatti. Los estatutos de Interpol le impiden pedir capturas de funcionarios del máximo nivel por considerarse que se trataría de una intromisión política. “Esto no es porque no haya pruebas contra ellos. Esas pruebas existen. Lo que sucede es que hay una restricción política que le prohíbe a Interpol aceptar nuestro pedido.” Respecto de los demás imputados, los fiscales creen que la Oficina Legal recomendará al Comité Ejecutivo que sean puestos en difusión roja. Lo que no está tan claro es qué hará el Comité Ejecutivo: “es un ámbito ya mucho más político”, evalúan.

De alguna manera, el caso tomó gran relevancia y la prueba es la comunicación del viernes de Interpol. El Comité Ejecutivo, encabezado por el norteamericano Ronald Noble, les pidió a las dos delegaciones que vuelvan a exponer sus argumentos delante del propio Comité. Es más, Noble escribió una especie de editorial respondiendo a dos legisladores norteamericanos que criticaron a Interpol por no actuar de inmediato respecto de las órdenes de captura. “Nosotros tenemos un miembro de Interpol, la Argentina, que pide difusión roja contra los acusados por el atentado. Y tenemos otro miembro de Interpol, Irán, que rechaza esas órdenes de captura argumentando que tienen motivaciones políticas y se basan en pruebas sin fundamento y sin documentación. Nuestro estatuto nos obliga a consultas concertadas con las dos partes y, si no hay acuerdo, el caso se le somete al Comité Ejecutivo e incluso a la Asamblea General. Eso es lo que hemos hecho”, respondió Noble.

El régimen de Irán está hoy más que cuestionado. El presidente Mahmud Ahmadinejad ya proclamó en forma reiterada que pretende destruir Israel, niega una y otra vez el Holocausto y el programa nuclear iraní ha sido duramente condenado, en votación unánime de 15 a cero, el 26 de diciembre, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A eso hay que agregar el sesgo fundamentalista de Ahmadinejad y la intervención apoyando a los sectores chiítas más duros en Irak. Por otro lado, lo cierto es que el principal acusado por la justicia argentina, Rafsanjani, es, curiosamente, uno de los líderes más moderados de Irán y la cabeza de la oposición a Ahmadinejad. En las últimas elecciones, relacionadas con el poder religioso chiíta, Rafsanjani derrotó a los candidatos de la línea dura.

Más allá de este cuadro político, la gran polémica tiene que ver con las pruebas existentes en la causa judicial y con cuánta profundidad serán evaluadas por Interpol. Los fiscales dicen que el atentado contra la AMIA se decidió en una reunión del gobierno iraní realizada el 14 de agosto de 1993. El problema es que esa aseveración se sostiene en testimonios de opositores iraníes en el exilio –ninguno de ellos presente en aquella cumbre gubernamental– y habrá que ver cuánta credibilidad se les da a esos testimonios. Nisman y Martínez Burgos presentaron un impactante entrecruzamiento telefónico que mostraría que el atentado fue coordinado desde la Triple Frontera mediante un celular a nombre de un tal André Márquez, cuya identidad nunca pudo ser determinada. Desde ese celular hubo llamadas a teléfonos que supuestamente pertenecían a la organización proiraní Hezbolá, en El Líbano, a la que se acusa del atentado, y también a la mezquita Al Tauid, en Floresta, donde revistaba otro de los acusados, el ex agregado cultural Mohsen Rabbani. Los fiscales igualmente afirman que quien manejó la Trafic hasta la AMIA y se inmoló en el atentado fue Ibrahim Berro, un libanés, que habría pertenecido a Hezbolá. Sin embargo, eso no está del todo probado y es motivo de controversia. Uno de los puntos débiles que tiene la delegación argentina en Interpol es que se pide también la captura del ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, quien ya fuera detenido en Londres y terminó sobreseído.

En la Argentina, la acusación formulada por Nisman y Martínez Burgos tiene el respaldo de la mayoría de los familiares de las víctimas, así como de la AMIA, la DAIA y la embajada de Israel. El Poder Ejecutivo ha ido acompañando el proceso, insistiendo en las órdenes de captura y presentando algunas protestas por la falta de colaboración iraní con la causa. Por ahora, no se ha planteado una ruptura de las ya endebles relaciones diplomáticas que existen. Lo que se resuelva en Lyon tendrá importancia legal y política, pero no sólo a nivel local sino internacional. No será poca la repercusión si Interpol convalida la responsabilidad iraní en el atentado contra la AMIA.