Mar del Plata empieza a desandar una de sus peores historias: la vida de la Concentración Nacional Universitaria, la temible CNU, una de las organizaciones juveniles de la derecha universitaria vinculada a decenas de operaciones de las Tres A tanto en la ciudad de Mar del Plata como en La Plata. En el marco del Juicio por la Verdad, el Tribunal Federal de esa ciudad comenzó ayer con una serie de audiencias que se repetirán los lunes de marzo y abril para investigar la relación de la CNU con el crimen de una estrecha colaboradora de Eduardo Pironio, por entonces obispo de Mar del Plata. El tribunal también avanza en la relación de la organización con la Triple A de Buenos Aires e intenta definir quiénes fueron sus integrantes. Ayer un testigo acusó a un ex fiscal federal.

Eduardo Soares es abogado, hijo de un ex militante peronista de Mar del Plata secuestrado y ejecutado el 27 de mayo de 1975 y ex secretario general de Montoneros de esa Regional. Su testimonio formó parte de las dos declaraciones que ayer se escucharon en la audiencia.

“En los años ’70 –recordó–, Mar del Plata vivía una situación particular, porque así como había un desarrollo muy importante de las organizaciones de la izquierda del peronismo, nuestra sociedad ha cobijado a caballo de fuerzas empresariales y políticas de la derecha peronista y fundamentalmente de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas el desarrollo de varias organizaciones de la derecha, una de las cuales fue la CNU, que tuvo un pico altísimo de desarrollo en La Plata y Mar del Plata, particularmente ahí.”

El tribunal oral de Mar del Plata investiga desde el año 2000 las actividades de los grupos represivos que operaron desde el Estado antes y después del golpe de Estado de marzo de 1976. Las audiencias del Juicio por la Verdad permitieron avances, pero los jueces aún buscan determinar de forma precisa –como sucede en los juicios de Buenos Aires– cuál era la estructura local de la CNU, su relación con la organización manejada por López Rega, la relación con los organismos del Estado, el nombre de los responsables, sus actividades y la relación con los crímenes.

En ese contexto, el tribunal convocó al hijo del militante peronista Eduardo Adolfo Soares y a Laura Chino, ex secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata. Ella concurrió como testigo por el crimen de María del Carmen Maggi, decana de esa universidad, estrecha colaboradora de Pironio y secuestrada el 9 de mayo de 1975. Su cadáver apareció casi un año después, el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe y enterrada en Mar Chiquita. Pironio, tildado como el “obispo rojo” y a cargo de la diócesis, mantenía un enfrentamiento con la CNU por el manejo del claustro.

“El problema que teníamos acá es que no éramos bandas mafiosas ni hacíamos enfrentamientos domésticos, sino que los enfrentamientos tenían un correlato sobre lo que estaba pasando en el país: era una ofensiva sobre nuestras fuerzas a nivel nacional que se incrementó después de la muerte de Perón. Esa ofensiva estuvo a cargo en Mar del Plata de la CNU”, explicó anoche Soares a Página/12, luego de la audiencia.

Por su papel en Montoneros, Soares era el responsable de las relaciones con otras organizaciones. Desde ese lugar se conectó con los referentes institucionales de la CNU, uno de los cuales fue fiscal de Mar del Plata.

Se trata de Gustavo Demarchi. “En dos oportunidades tuvimos que tocarnos institucionalmente con la CNU –explicó–. En ese momento, Julio Troxler era el interventor del PJ y citó a una reunión de todas las fuerzas políticas. En esa oportunidad se presentó Gustavo Demarchi como representante de la CNU.” Volvió a verlo, según dijo, en un encuentro con representantes de otras organizaciones de juventudes en la CGT. Y la tercera vez, aclaró, “lo vi directamente como fiscal en la causa penal que me armaron como militante, antes del golpe”. Soares denunció que al ser detenido en esa época fue torturado en presencia de un comisario. “Demarchi era el fiscal de esa investigación”, remarcó ahora.

Como la CNU no era una organización clandestina, contó el abogado, sus miembros eran conocidos. “Inicialmente –dijo–, era una fuerza política de derecha, pero que entre 1973 y 1976 comenzó a actuar con y de apoyo a las fuerzas de seguridad, convirtiéndose desde esa fecha en adelante en una filial de la AAA en Mar del Plata.”

En la sala de audiencias hubo varios representantes de los organismos de derechos humanos locales y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, parte de la causa. “En primer lugar, lo que sucedió hoy fue importante para que se contextualice lo local en lo nacional”, explicó Eduardo Rezses, abogado de la secretaría. “Pero además porque muchas personas denunciadas aún tienen una participación en la vida pública marplatense.”