El índice de inflación de febrero arrojó ayer un 0,3 por ciento, acorde con los deseos del Gobierno y muy por debajo de las proyecciones de las principales consultoras privadas, que habían pronosticado hasta un 0,8 por ciento. Para lograr la desaceleración de precios, el oficialismo no introdujo cambios en su política monetaria, sino en el organismo que elabora las estadísticas. El desplazamiento de un par de directores del Indec y algunas modificaciones en la metodología de medición, sumadas a la continuidad de los “acuerdos” de precios, parecen haberle alcanzado para controlar las expectativas inflacionarias, tan importantes en un contexto de negociación salarial. Sin embargo, la representatividad del índice ha quedado fuertemente cuestionada, reflotando una polémica que renace periódicamente.

El sueño de controlar las estadísticas no es nuevo. Todos los gobiernos manifestaron en algún momento esa aspiración durante las últimas décadas. En julio de 1979 la inflación se había vuelto imparable para la dictadura militar, debido, entre otros motivos, al sostenido aumento de la carne. Entonces, el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz lanzó un índice de precios “descarnado”, que no contemplaba las carnes rojas ni sus preparados. Domingo Cavallo también cedió a la tentación en los ’90, cuando comenzó a elaborar informes propios desde el Ministerio de Economía para relativizar el crecimiento de la desocupación. Otro que quiso moldear las estadísticas a su antojo fue Roberto Lavagna, quien en febrero de 2003 logró de un día para el otro que 2,8 millones de personas dejaran de ser pobres y 2,6 millones salieran de la indigencia. Para lograrlo le alcanzó con modificar el modo de calcular la pobreza, valorizando la Canasta Básica Alimentaria con precios más bajos que los utilizados por el Indec. Luego de la reciente “intervención” del Indec el Gobierno también obtuvo resultados que a primera vista resultan sorprendentes. En turismo registró una baja de precios de 3,9 por ciento con relación a enero y de 0,3 respecto del mismo mes del año anterior. “Atención médica y gastos para la salud” cayó 0,6 por ciento, en medio de las denuncias de aumento del precio de medicamentos e incremento en la cuota de las prepagas. Mientras que, en el caso de la lechuga, la encuesta arrojó un precio promedio idéntico al del mes pasado (2,88 pesos el kilo) y notablemente inferior al de todos los relevamientos privados.

Empleados del Indec denunciaron ayer frente al Ministerio de Economía una manipulación de los índices, al tiempo que solicitaron una auditoría internacional. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno aseguraron a Página/12 que la manipulación la venían ejerciendo “grupos de poder enquistados en el Indec que en los últimos meses buscaron tergiversar los datos para condicionar la negociación salarial”. Roberto Dvoskin, economista de la Universidad de San Andrés, aseguró a este diario que considera “muy difícil que los índices puedan ser manipulados, porque en el Indec trabajan casi 1100 personas y muchos de esos empleados son quienes realizan las encuestas”. No obstante, el Gobierno y algunos técnicos del organismo habían tenido fuertes discusiones en los últimos meses sobre la construcción de algunas muestras, como la de turismo, y la ponderación que se le debía dar a ciertos productos. Esa batalla la ganaron los funcionarios del Ejecutivo y las modificaciones comenzaron a notarse.