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El Comité Ejecutivo de Interpol convalidó ayer las órdenes de captura, con grado de alerta roja, contra seis de los nueves iraníes a los que la Justicia argentina les adjudica responsabilidad en el atentado contra la AMIA. Todo hace suponer que esas órdenes de captura no entrarán en vigencia hasta noviembre, después de que sean avaladas por la Asamblea anual de Interpol, ya que Irán tiene hasta el 31 de marzo para apelar la decisión y la apelación suspende las órdenes de captura con alerta roja hasta después que se vote en la Asamblea. El comunicado oficial de Interpol deja en claro que la organización mundial de policía no evalúa las pruebas que existen contra los imputados, “eso corresponde a los jueces”, señala el texto. Por lo tanto, lo que sólo se tomó en cuenta es si la orden de captura fue librada por un juez competente y no como antes cuando había corrido por cuenta de un juez destituido como Juan José Galeano. Por otra parte, hay rumores de que se buscaría una vía de solución para el conflicto judicial-político desatado entre Argentina e Irán. Se barajan distintas alternativas, incluso la de hacer el juicio en un tercer país.

Los seis pedidos de captura convalidados ayer son:

- El ex ministro de Información e Inteligencia Alí Fallahjan.

- El ex comandante de los Guardianes de la Revolución Mohsen Rezai.

- El ex comandante de la fuerza Al Quds Ahmad Vahidi.

- El ex agregado cultural en Buenos Aires Mohsen Rabbani.

- El ex tercer secretario de la embajada en Buenos Aires Ahmad Asghari.

- El ex jefe de operaciones de Hezbolá Imad Moughnieh, el único que no es iraní, sino libanés.

Los tres que quedaron afuera son el ex presidente de Irán Alí Rafsanjani, hoy en día líder de la oposición moderada; el ex canciller Alí Velayatti y el embajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour. Los dos primeros fueron excluidos de las órdenes de captura, no por falta de pruebas, sino porque Interpol evita los conflictos diplomáticos entre países miembro y por ello no acepta capturas de ex presidentes o funcionarios del máximo nivel. El caso de Soleimanpour es distinto. En su momento fue apresado en Londres, el ex juez Galeano envió hacia allí las pruebas y la Justicia británica no sólo consideró insuficientes las evidencias, sino que incluso le pagó a Soleimanpour una indemnización.

Más allá de que el comunicado oficial de Interpol relativiza mucho lo resuelto ayer por el Ejecutivo, lo cierto es que se trata de un triunfo para los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos y el juez Rodolfo Canicoba Corral. Es que tenían que revertir una decisión anterior de Interpol que en votaciones catastróficas había bajado las alertas rojas. No era para menos. Surgían de un juez, Galeano, que no sólo fue destituido sino que fue ferozmente cuestionado en el fallo del Tribunal Oral Número 3, que sostuvo que “la investigación fue armada al servicio de políticos inescrupulosos”.

Se ve que Nisman convenció a Interpol de que este pedido de captura emana de autoridades distintas, los fiscales y el juez Canicoba Corral, y que se hizo una nueva investigación, pese a que todos los que figuran en la actual nómina de órdenes de captura ya estaban en la de Galeano. El comunicado de Interpol dice: “La notificación roja no debe considerarse indicación de la valía de los argumentos a favor o en contra de la persona objeto de tal notificación”, lo que significa que no estudian la seriedad de las pruebas, sino que provengan de una autoridad no contaminada como lo era Galeano.

Como es obvio, Irán apelará la decisión y, en ese caso, como también lo señala el comunicado oficial de Interpol, las órdenes de captura con alerta roja no entrarán en vigencia hasta noviembre. Se supone que si el Comité Ejecutivo de Interpol votó por unanimidad convalidar las órdenes de captura, también lo hará la Asamblea.

En las últimas semanas empezó a correr la versión de que Irán buscaría un acuerdo para afrontar la controversia judicial. Algunos mencionan que directamente se presentaría en la causa, aunque sin traer al país a alguno de los imputados. Otros mencionan la posibilidad de consensuar la realización de un juicio, tal vez en un tercer país, como se hizo en su momento con el caso Lockerbie, el avión norteamericano abatido por al menos un agente libio.