El titular de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, el mismo que antes de asumir su cargo fuera cuestionado por la Asociación de Magistrados por apologista de la dictadura, acusó al presidente Néstor Kirchner de buscar “la suma del poder público” y sostuvo que en sus 40 años en la Justicia nunca vio “una intromisión en la labor de los Tribunales como la del ahora presidente”. Eso porque en el acto por aniversario del golpe el Presidente preguntó qué pasaba en ese Tribunal que tenía parados los expedientes de las causas por violaciones a los derechos humanos. A la salida de Bisordi salió a responderle el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “Si lo tuviera enfrente le diría: ‘¿Doctor Bisordi, por qué no renuncia? Hágale un bien a la patria, renuncie y váyase’”, dijo.

El origen del enojo de Bisordi está en el pedido de juicio político presentado la semana pasada por un grupo de 61 querellantes víctimas de la represión en el Consejo de la Magistratura. En la denuncia, acusaron a cuatro de los doce integrantes de la Casación –Bisordi, Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia– de demorar en forma deliberada la instrucción de las causas derivadas de la represión.

Uno de los argumentos es que en la Cámara hay 201 planteos a la espera de una resolución, 98 de los cuales están en manos de la Sala IV. “Esto no nos permite avanzar en las investigaciones, no permite que se pueda llegar a la etapa del juicio oral en las investigaciones por los crímenes de la ESMA o del expediente del I Cuerpo del Ejército, y por lo tanto a una condena”, explicó Rodolfo Yanzón, abogado de los querellantes.

Enseguida, la titular de la Comisión de Acusación de la Magistratura y consejera por el kirchnerismo, la diputada Diana Conti, anticipó que veía la denuncia con buenas posibilidades de prosperar.

Bisordi, dijo ayer, vio en ese apoyo “una manifiesta intencionalidad política en el sentido de que debemos ser destituidos”. Incluso consideró que la denuncia presentada por las víctimas del terrorismo de Estado “fue redactada desde el gobierno nacional, no tengo la menor duda”. Y siguió: “Yo tengo una antigüedad de 40 años en el servicio. Durante todo ese lapso en el que tuvimos gobiernos autoritarios y constitucionales, jamás he visto una intromisión de la labor de los tribunales”.

El ministro Fernández calibró el tenor de los dichos de Bisordi. “Usted no puede decirle a un presidente elegido por la voluntad popular que es peor que Onganía, Videla, Viola, Bignone, todos esos asesinos que Argentina tiene muy definidos”, respondió.

Durante el día hubo más voces del oficialismo que salieron a responder las afirmaciones de Bisordi, como el titular de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, y el diputado kirchnerista Carlos Kunkel.

Entre otras cosas, recordaron los antecedentes de Bisordi, que ya desde su misma llegada a la Cámara de Casación debió empezar a responder cuestionamientos debido a su ligazón con la dictadura.

“Son enemigos ideológicos míos porque tienen una posición ideológica de extrema izquierda”, dijo Alfredo Bisordi en 1992, cuando la Asociación de Abogados de Buenos Aires impugnó su postulación a la Casación. Había dos argumentos para frenar su designación: su apología de la dictadura militar y “su carencia de aptitud psíquica, pues no controla sus emociones”. El postulante había sido secretario de la Corte Suprema de Justicia y su promotor era nada menos que José Dibur, ex juez durante la dictadura militar. También había trabajado como secretario de Norberto Giletta, un magistrado que en la dictadura rechazó cientos de recursos de hábeas corpus interpuestos por víctimas de desaparecidos.

En sus 40 años en la Justicia que ayer sacó a relucir, a Bisordi le tocó desempeñarse como subrogante por la fiscalía en el juicio a los comandantes de la dictadura. El fiscal Julio César Strassera lo acusó de reivindicar los métodos de la represión ilegal, Bisordi renunció antes de que lo echaran. “Me defendió la matanza de ‘La noche de los lápices’ y me dijo que era el único medio que tenían los militares”, contó, azorado, Strassera. En 1988 fue nombrado secretario penal de la Corte Suprema de Justicia y asistió en la investigación del atentado a la Embajada de Israel al entonces ministro Ricardo Levene. Desde allí fue el ideólogo de la teoría de la implosión, que sostiene que en verdad la Embajada se explotó desde adentro, lo que pondría en duda el atentado terrorista.

Pero recién saltaría a los primeros planos en 1995, cuando denunció una fiesta escandalosa celebrada en los tribunales de Comodoro Py. “Me dijo gordito cagón”, declaró Bisordi ante la Cámara Federal. La frase, según contó, provino de Rodolfo Canicoba Corral, quien festejaba año nuevo con otros colegas cuando irrumpió Bisordi ordenar que terminara el festejo.

Como integrante de una de las cuatro salas de Casación, no pudo controlar sus emociones cuando le tocaron las causas por la represión. “Es una payada jurídica”, dijo cuando en septiembre de 2004 organismos de derechos humanos pidieron por primera vez su destitución al Consejo de la Magistratura. Por esos días, el magistrado había dicho que la ex desaparecida Graciela Daleo era “una delincuente terrorista” y había tildado de “ex defensor de criminales” a Yanzón, miembro de la Liga por los Derechos del Hombre. También la DAIA lo denunció ante el Consejo, junto a sus compañeros de sala, por tergiversar hechos para proteger a neonazis que habían atacado a un hombre mientras le gritaban “heil Hitler” y “mueran los judíos”.