En 2003 la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicó un capítulo de su informe anual a “Libertad de Expresión y Pobreza”. Allí sostiene que “los Estados deben formular políticas públicas que disminuyan los índices de exclusión, garantizando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sin ningún tipo de discriminación”. Al referirse al derecho de reunión en espacios públicos considera inadmisible la criminalización de las manifestaciones en la vía pública “en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión”. Agrega que de acuerdo con las normas establecidas por la Corte Interamericana es preciso comprobar en cada caso si la criminalización “satisface un interés publico imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática”. Menos admisible que la sanción penal es la ejecución extrajudicial de un manifestante, como en el caso de Neuquén, donde además de la libertad de expresión se violó el primordial derecho a la vida. Ese es el núcleo conceptual en discusión: ¿el imperativo para la existencia de la democracia es la represión de la protesta o la libertad para expresarla sin riesgo de cárcel o muerte? Según sea la respuesta será el modelo de sociedad resultante, no en términos abstractos sino en la concreta realidad argentina de hoy. En un informe del mes pasado sobre un lustro del modelo de dólar alto, los economistas Alejandro Peyrou y Hernán Neyra analizan las cifras de la recuperación económica que califican de asombrosas. Los diecinueve trimestres consecutivos de crecimiento son record en un siglo, igual que los quince trimestres seguidos de declinación desde el tercero de 1998 hasta el primero de 2002. El crecimiento de 35,5 por ciento del Producto Interno Bruto, que supera el mejor de la convertibilidad; el superávit comercial acumulado de casi 70.000 millones de dólares, el excedente fiscal de 38.643 millones de pesos, la reducción del desempleo en 13 puntos, crean nuevas condiciones. La caída de la desocupación al 8,7 por ciento, dicen, “preanuncia incrementos del salario real en el mediano plazo más allá de las intenciones de los sectores empresarios o gubernamental para este año”. Los actos de Sobisch y las palabras de Blumberg preanuncian que no será sin sobresaltos.