A veinte años del alzamiento que intentó detener los juicios por la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, uno de sus principales protagonistas fue detenido en los Estados Unidos y será enviado de regreso a Córdoba para responder por sus crímenes. Esta parábola perfecta da cuenta de la soledad de quienes aún se consideran acreedores de algún reconocimiento por los métodos tenebrosos aplicados entonces. No fue una madre de Plaza de Mayo sino la subsecretaria de Seguridad Nacional del gobierno de George W. Bush quien dijo que no cejará en el esfuerzo por llevar ante la Justicia a los violadores de los derechos humanos. Al anunciar la detención de Barreiro y de dos militares peruanos requeridos por masacres de campesinos acusados de colaborar con Sendero Luminoso, la funcionaria Julie Myers dijo que Estados Unidos “no dará refugio a quienes han violado los derechos humanos en sus países de origen”.

Barreiro fue detenido en Plains, que en inglés quiere decir pampa, donde poseía una tienda de arte y antigüedades y otra de artículos de cuero bautizada Pampa’s Corner, o sea Un rincón de la pampa. Barreiro habría pagado por la casa en la que vive un cuarto de millón de dólares, de origen sospechoso, ya que es más de lo que le pudo corresponder por su pensión castrense en las últimas dos décadas. Los ex oficiales peruanos cayeron en Miami y Baltimore. La simultaneidad de los arrestos en tres puntos tan distantes, la investigación estadounidense sobre las actividades de Barreiro en la Argentina y la reflexión de Myers indican que no se trató de actos burocráticos, por meras infracciones a la ley migratoria, sino de decisiones políticas. Sólo a primera vista pueden parecer sorprendentes.

Barreiro fue jefe de interrogadores del Destacamento de Inteligencia 141 entre 1976 y 1979. En agosto de 1984 el juez federal Gustavo Becerra Ferrer ordenó su procesamiento y detención por los tormentos y el homicidio contra la detenida María Luz Mujica de Ruarte, quien fue torturada en forma alternativa a golpes de palo y pases de corriente eléctrica hasta que murió, presa de delirios y horribles convulsiones musculares, en brazos de otra detenida, llamando a su madre. Para impedir que se fugara, Barreiro fue capturado mientras dormía en su destino del Cuerpo V. Pero el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas reclamó el expediente y lo puso en libertad. En febrero de 1987, cuando la Cámara Federal de Córdoba emitió órdenes de arresto contra otros dos oficiales del mismo grupo, Barreiro comenzó a preparar la sublevación contra la Justicia, cuyos detalles discutió en una pizzería frente a la Iglesia del Socorro con el teniente coronel Aldo Rico. El 15 de abril, cuando la Cámara Federal de Córdoba lo citó a declarar, Barreiro se refugió en el destacamento de paracaidistas, cuyo jefe se negó a entregarlo. Ninguna unidad del Cuerpo III aceptó la orden de detenerlo. Cuando unidades del Cuerpo I y del Cuerpo II llegaron para cumplir la decisión, Barreiro ya no estaba allí.

Concentrada la atención sobre Córdoba, Aldo Rico llegó en forma subrepticia a Campo de Mayo y sublevó su Escuela de Infantería. Mientras una enorme movilización en contra del golpismo aguardaba en Plaza de Mayo, el presidente Raúl Alfonsín llegó solo a Campo de Mayo donde negoció con Rico la conclusión de los juicios. Al regresar a la Casa de Gobierno llamó “héroes” a los rebeldes ante la decepcionada multitud y pronunció su frase de triste celebridad “la casa está en orden”. El Congreso sancionó en junio de 1987 la ley de obediencia debida, que catorce años después fue declarada nula por el juez federal Gabriel Cavallo. El 1 de setiembre de 2003, la Cámara Federal porteña reabrió las causas de la ESMA y el Cuerpo I. Dos semanas después Barreiro solicitó su visa en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. En 2004, Barreiro supo con 24 horas de antelación que la jueza Cristina Garzón de Lascano ordenaría su detención y huyó a Estados Unidos. Al tramitar su visa declaró que nunca había sido detenido ni procesado. Por esa falsedad cayó esta semana. Sólo resta determinar si será expulsado hacia la Argentina sin más trámite o luego de un proceso de extradición.

En cualquier caso, lo sucedido muestra que los gorilas de la dictadura siguen sin entender cómo funciona el mundo. Autopersuadidos de su rol como vigías de Occidente, se asombraron en 1977 cuando el gobierno demócrata de James Carter cuestionó las aberraciones que cometían y presionó para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las documentara. En 1982 creyeron que debido a su aporte a la agresión contra el gobierno sandinista de Nicaragua el presidente conservador Ronald Reagan daría luz verde para la expedición a las islas Malvinas. Ahora comprueban cómo Bush los usa para evitar la obvia comparación de las atrocidades que su gobierno comete en las prisiones de Abu Ghraib y Guantánamo Bay con las de la dictadura argentina y para blanquear su cuestionada política migratoria. Esta vez ni siquiera Aldo Rico abrió la boca en defensa del Rey de los Nabos.