La Sala III de la Cámara de Casación firmó ayer dos fallos que destrabaron investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Se trata de una resolución contra la prescripción que había presentado el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y otra contra el rechazo de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían hecho los represores acusados por la desaparición del abogado Conrado Gómez. Con este último fallo, los jueces Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Guillermo Tragant ratificaron la nulidad de las leyes de impunidad.

El abogado de la agrupación HIJOS de Córdoba, Claudio Orozs, quien viajó a Buenos Aires la semana pasada para pedir un pronto despacho, señaló que el fallo de Casación confirmó “la resolución que oportunamente adoptó la jueza (Cristina) Garzón de Lascano en el sentido de ordenar el procesamiento y la prisión preventiva de Menéndez y quienes tenían a su cargo operativamente el campo de concentración La Perla”.

Orozs dijo que la medida adoptada por Casación “implicaría que si no hubiese ningún recurso extraordinario se pueda producir la acusación de las partes y de la Fiscalía como para que se pueda elevar a juicio”.

En este expediente se investiga la privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y desaparición de Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Carlos Lajas e Hilda Palacios en 1977.

El caso en el que la Sala III de Casación confirmó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida es el de la desaparición de Conrado Gómez, secuestrado el 10 de enero de 1977 en su oficina. El abogado fue llevado a la ESMA, igual que sus socios Victorio Cerutti, Omar Massera Pincolini y Horacio Palma. Ellos eran propietarios de tierras en Chacras de Coria, en Mendoza, propiedad que fue apropiada por los marinos de la ESMA encabezados por el dictador Emilio Eduardo Massera. Por este caso hay una decena de represores presos, entre ellos Alfredo Astiz, Jorge Radice y Antonio Perdía.

Ayer, la Sala III rechazó el recurso de Casación realizado por la defensa de los acusados y como consecuencia dejó firme el fallo de la Cámara Federal que había ratificado la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Federico Gómez, hijo de Conrado, y su abogado, Eduardo Barcesat, esperaban esta resolución desde hacía tiempo. Pero para ellos, el mayor retardo estuvo en la Corte Suprema. El caso estaba en condiciones de ser resuelto por el máximo tribunal a fines de 2002 y recién el año pasado los jueces firmaron un fallo, pero no resolvieron el tema de fondo, sino que enviaron el expediente a la Cámara de Casación. Actualmente el caso está listo para ser elevado a juicio oral.