Adrián Félix López era el apoderado de la empresa fantasma que Skanska contrató para disimular pagos ilegales. Fue el único de los involucrados que, en una declaración judicial, relacionó las presuntas coimas con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Después de que pasara casi 15 meses en la cárcel, la Cámara de Casación Penal resolvió ayer concederle la excarcelación porque –sostuvo– no hay razones para creer que se podría fugar. Para poder salir en libertad otro tribunal le fijó una caución de 300 mil pesos y la prohibición de salir de su casa por más de 24 horas.

López aguardaba ayer a la tarde, custodiado en una habitación contigua al juzgado de Javier López Biscayart, que le notificaran su liberación. En ese despacho del fuero penal tributario fue donde, el año pasado, durante una indagatoria que duró cuatro días, dijo que le había proporcionado a Skanska facturas por gastos inexistentes y sugirió la participación de funcionarios del Gobierno en la maniobra. Los pagos, por al menos 16 millones de pesos, aparecían en el marco de la construcción de dos gasoductos.

“Recibí unos cheques, los deposité en la cuenta y le devolví el dinero”, declaró entonces López. La plata, precisó, se la entregaba al contador Alfredo Greco, un intermediario. “No sé cuál era el destino final de ese dinero, me puedo imaginar un montón de cosas. Tengo información que el monto de la totalidad de las obras era aproximadamente de 1500 millones de pesos que (Greco) se lo dio a un funcionario público que sería De Vido, pero no lo puedo asegurar”, concluyó.

De llevar una vida de personal trainer codiciado, López pasó a estar preso y procesado como jefe de una asociación ilícita fiscal que operaba desde la sociedad fantasma Infiniti Group. López Biscayart le negó la excarcelación y lo mismo hizo en dos oportunidades la sala B de la Cámara en lo Penal Económico. Sostenían que podía fugarse o entorpecer a la Justicia, entre otras cosas porque había vivido dos años en Miami, no tiene bienes a su nombre y vivía del dinero producto de delitos.

Su apelación terminó en la Cámara de Casación, un tribunal fuertemente cuestionado por el gobierno nacional por sus demoras en las causas por crímenes de la última dictadura. Una resolución de la sala IV, integrada para este caso por Amelia Berraz de Vidal, Angela Ledesma y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, estableció finalmente que no hay razones para pensar que López pueda escaparse. Añadieron que, cuando se ordenó su detención, fue encontrado en su casa, una propiedad alquilada en Nordelta, y no opuso resistencia. Incluso tuvieron en cuenta que está en pareja y tiene un hijo. El fallo, a la vez, trasladó a la Cámara en lo Penal Económico la definición del monto de la caución.

Los camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos pusieron la cifra de 300 mil pesos, la prohibición de salir de su casa por más de 24 horas sin autorización judicial y la obligación de presentarse en el juzgado una vez por semana. Hasta última hora de ayer, López no había depositado la caución y analizaba la situación con su defensor oficial, Ignacio Tedesco. No descartaban pedir una reducción de la cifra.

Las circunstancias de la detención de López fueron tema de polémica en abril. Fue cuando López Biscayart resolvió trasladarlo del penal de Marcos Paz a una dependencia policial por razones de seguridad. Evaluó que había indicios de que su vida corría peligro. Para eso, el magistrado declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio del Interior que le impide a la Policía Federal recibir presos. El ministro Aníbal Fernández impidió que la mudanza se concretara y, además, denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura, que archivó la presentación. El hombre de Infiniti terminó en una celda del Centro de Contraventores que puso a disposición el gobierno porteño.

Ahora, en la causa sobre evasión quedan dos detenidos: el contador Greco y Miguel Hernández, un socio de Infiniti Group en la venta de facturas apócrifas. López también fue citado a indagatoria para el 22 de agosto por el juez federal Guillermo Montenegro, que tiene a cargo la investigación específica sobre las presuntas coimas de Skanska a funcionarios públicos, además del pago de sobreprecios.

Pese a que ahora hay dos expedientes bien diferenciados (uno por sobornos y otro por evasión), López Biscayart y Montenegro siguen coincidencias en sus investigaciones (ver aparte): ambos están trabajando sobre entrecruzamientos de llamadas que podrían echar luz sobre la red de responsabilidades en la maniobra y el destino del dinero.