La Cámara de Apelaciones que interviene en el caso AMIA le ordenó ayer al juez Ariel Lijo que profundice “de forma inmediata” las investigaciones respecto del ex presidente Carlos Menem, el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex secretario de Seguridad Andrés Antonietti, como eventuales participantes en la trama destinada a instalar una pista falsa en la causa del atentado. El párrafo de los camaristas Carlos Alberto González, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone corona un fallo de 200 páginas en el que se confirmó el procesamiento dictado por Lijo a los protagonistas del expediente AMIA: el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –que vieron agravada su situación–, el abogado Víctor Stinfale, el otrora imputado Carlos Telleldín y dos altos hombres que fueran de la primera línea de la SIDE, Alejandro Broussón y Patricio Finnen. El juez González incluso se pronunció por la prisión preventiva de casi todos ellos, pero los otros dos magistrados reivindicaron que tienen derecho a permanecer en libertad hasta que sean juzgados. En los tribunales de Comodoro Py se dice que Lijo prepararía todo para elevar a juicio oral la causa, algo que los imputados van a tratar de evitar por todos los medios, ya que afrontan penas que, de ser condenados, los llevarían a la cárcel.

La llamada causa por el encubrimiento en el caso AMIA cobró verdadera fuerza cuando el Tribunal Oral Número 3 emitió un fallo lapidario al finalizar el juicio que llevó tres años. Todos los policías bonaerenses acusados por complicidad con el atentado fueron sobreseídos y el Tribunal dictaminó que la investigación fue un armado “al servicio de políticos inescrupulosos”. Sin hacer referencia a este último concepto, los camaristas que fallaron ayer tomaron esa dirección porque le indicaron al juez Lijo que apunte a Menem, Corach, Antonietti y otros supuestos participantes de las maniobras realizadas en el expediente AMIA. Es más, en el punto 5 de la resolución dice que, como lo requiere José Manuel Ubeira, abogado del ex comisario Juan José Ribelli, Carlos Menem debería ser llamado a declarar.

Uno de los puntos nodales de la investigación AMIA fue la compra de la declaración de Carlos Telleldín, en aquel momento el principal imputado. El texto firmado por González, Rimondi y Bruzzone describe nuevamente la maniobra: “El juez (Galeano) ofreció dinero para que el encausado (Telleldín) brinde una versión de los hechos que permita atribuir intervención en el atentado a los policías bonaerenses”. A esto, los camaristas agregan que Galeano le mostró las fotos que Telleldín debía señalar en su declaración y la forma en la que tenía que cambiar sus relatos anteriores. También se detalla que El Enano, como le decían a Telleldín, preparó varios testigos –allegados a él– para que se presentaran a declarar respaldando la versión acordada.

González, Rimondi y Bruzzone son integrantes de la Cámara del Crimen, pero actúan en el caso AMIA porque, por una u otra razón, todos los miembros de la Cámara Federal quedaron al margen. En el texto que firmaron se cita una y otra vez a Página/12, al punto de que se menciona la nota titulada “Berajar y dar de nuevo” como el elemento que prueba que Rubén Beraja, el juez Galeano, Anzorreguy y Telleldín pactaron el pago de dinero a cambio de la declaración de Telleldín en 1995, más de medio año antes de que se produzca. Los camaristas sostienen que otro indicio del pacto ilícito fue que en 1997, dos años después de la nota de este diario, hubo un intento de hacer figurar el pago como realizado en el marco de una recompensa.

Confirmando lo dictaminado por Lijo, los jueces ratificaron el procesamiento de Galeano por peculado, que es utilizar dinero del Estado en forma ilegal, privación ilegal de la libertad en perjuicio de los policías que estuvieron tantos años presos, coacción contra dos testigos, prevaricato, que es dictar fallos que van en contra del Derecho y otros delitos menores. El ex magistrado realmente afronta el peligro de la cárcel en el juicio oral que se haga.

A Anzorreguy los camaristas le confirmaron el procesamiento por peculado, ya que los 400.000 pesos que se usaron para el pago ilegal a Telleldín salieron de la SIDE, es decir el organismo que estaba bajo su responsabilidad.

El contrapunto que se ve en el expediente es curioso. Galeano dice que el pago a Telleldín fue una jugada de inteligencia propuesta por la SIDE, mientras que Anzorreguy argumentó que él únicamente colaboró con una “tarea judicial” pedida por Galeano. Los camaristas son lapidarios con ambos enfoques. “No se puede entregar dinero del Estado, por más que lo pida un juez, porque para que se trate de una tarea judicial debe estar sujeto a las normas”, le contestan a Anzorreguy. Respecto de Galeano, los magistrados esbozan un razonamiento del siguiente estilo: no se puede considerar una operación de inteligencia un pago ilegal a una persona a la que se le dicta una versión para que impute a otras personas. La pista de los policías bonaerenses podía ser eso, una pista, pero terminó basándose en una declaración comprada.

Los más afectados por la resolución de ayer fueron los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. El juez Lijo los consideró partícipes secundarios de algunas de las maniobras y les había decretado la falta de mérito en otras. Los camaristas, en cambio, sostuvieron que el pago a Telleldín no se podía haber hecho sin la complicidad de los fiscales y el texto detalla pruebas que demostrarían que supieron del pago a Telleldín desde el primer momento. A Beraja también lo acusan de conocer e impulsar la compra de la declaración de Telleldín.

El punto clave del desvío de la causa AMIA, la participación de la Casa Rosada, fue señalado siempre por los familiares agrupados en Memoria Activa, por la defensa de Ribelli y por quien fuera secretario de Galeano, Claudio Lifschitz. Los camaristas destacan este último testimonio en varios tramos del fallo. Y, por ello, dedican el punto 5 de la resolución de ayer a pedirle a Lijo que avance en esa dirección. El magistrado ha sostenido hasta el momento que no tiene ninguna prueba decisiva contra Corach o Menem, pero la lógica indica que la compra de la declaración de Telleldín no se pudo hacer sin el visto bueno del riojano. Es cierto que González, Rimondi y Bruzzone no le ordenan medidas precisas a Lijo, pero sí le hacen notar que no avanzó lo suficiente en esa dirección.

En verdad, Lifchitz, que en aquel momento era una de las manos derechas de Galeano, declaró bajo juramento que la decisión de avanzar contra los policías se tomó tras una visita de Galeano a la Casa Rosada. Parece obvio que se necesitarán más elementos, pero la Cámara le dejó ayer la pelota picando a Lijo. No le dijo cómo patear, pero sí adónde está el arco.