En 1997 fue el menemista ministro Carlos Corach quien realizó “espionaje ideológico” a pobladores, organizaciones y dirigentes de las “villas de emergencia”. Dos años más tarde, el también menemista Carlos Alderete usaba los recursos del PAMI para espiar a políticos de la Alianza, periodistas y jubilados. En 2000 el Ejército hizo seguimientos a la Justicia federal en Córdoba. Ese mismo año, en marzo, cinco oficiales de la Fuerza Aérea fueron procesados por hacer tareas de inteligencia a una decena de periodistas, a una ONG de mujeres y a agrupaciones estudiantiles y políticas. El caso de los aviadores espías había sido revelado por Página/12, y uno de los periodistas espiados acaba de ser indemnizado. Seis meses más tarde, el juez Martín Silva Garretón ordenó a la Policía Federal, al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior que “pongan fin de inmediato a toda actividad de servicios de inteligencia” sobre partidos políticos y organizaciones sociales. Más antecedentes recientes: en marzo Página/12 reveló que la policía salteña investigó a docentes en huelga, y hace dos semanas fueron procesados los nueve marinos espías de Trelew.