La Procuración General de la Nación investigará la responsabilidad de por lo menos dos fiscales y agentes de la Policía Federal en actividades de espionaje ilegal sobre distintos referentes sociales y organismos de derechos humanos como la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La denuncia que publicó Página/12 ayer es promovida por abogados de la Liga Argentina por los Derechos Hombre (LADH) y da cuenta de persecuciones que intentan vincular al “narcoterrorismo” con las Madres y la Triple Frontera.

Luego de reafirmar su compromiso con la “vigencia de los derechos humanos y la persecución de este tipo de actividades ilegales funcionales al terrorismo de Estado”, Esteban Righi explicó en un comunicado que dio “instrucciones para que se constate la existencia, y en su defecto se promuevan actuaciones judiciales, para investigar si fuerzas de seguridad han realizado actividades de espionaje interior prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional e identificar a los responsables”.

En ese sentido, la Procuración intentará “esclarecer si los fiscales que en su actividad funcional tomaron conocimiento de estos hechos iniciaron u omitieron formular las correspondientes denuncias a efectos de establecer las responsabilidades correspondientes”.

De acuerdo con los datos de la Liga, las pesquisas prohibidas por la Ley de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional se hicieron “con el pretexto del combate al narcoterrorismo”.

Uno de los casos detectados es del 25 de marzo de 2004. Fue tomado a por un espía que aparentemente estuvo presente en un acto en la Biblioteca de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Luego de precisar día, hora y lugar explicó que se hacía “un evento conmemorando los 40 años de la creación de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)” y donde “hicieron uso de la palabra” distintas personas. Entre otras, mencionó a “Rubén Batallares (miembro del PRT-ERP), Eduardo Soares (ex integrante montonero y abogado defensores del integrante de ETA detenido por Interpol en Argentina Jesús Iriondo)”, y también a Patricio Echegaray y a Herman Schiller.

La Liga detectó que los datos formaron parte de un informe que el fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler envió a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro), a cargo de Alberto Gentili. De acuerdo con lo que se desprende de los escritos, el informe trató de dar cuenta de la relación entre las FARC y quienes estaban presentes en la universidad. El escrito es parte de la documentación que presentó la Liga con una carta al presidente Néstor Kirchner en la que preguntan por qué nadie denunció el delito cuando recibió la información.

La liga también denunció otro informe que avanza en el mismo sentido. En este caso, de la sección Triple Frontera del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal que se refiere a los “secuestros” en la zona como “una forma de financiamiento” político y menciona una conexión entre las FARC y el Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile.