El Gobierno puso la lupa sobre la intendencia de Esteban Echeverría a raíz de las amenazas recibidas por una hija de ex detenidos desaparecidos que se desempeña como empleada de ese municipio. El distrito es conducido por Alberto Groppi, el mismo que esta semana negó a Página/12 la existencia de centros clandestinos de detención y tortura que figuran en el libro Nunca Más y para quien la transición democrática no se inició en 1983 sino en 1979, año en que asumió como “comisionado civil” de la dictadura militar.

La Casa Rosada quiere saber ahora el origen de los mail intimidatorios que recibió Agustina Tula mientras trabajaba como empleada en el Museo La Campana, dependiente de la Secretaría de Cultura y Comunicación de Esteban Echeverría.

Tula es hija de ex detenidos desaparecidos de la última dictadura. Sus padres estuvieron en los centros clandestinos pozos de Banfield y Quilmes, en 1977. Asesorada por miembros de la Oficina Anti-impunidad del Ministerio de Justicia de la Nación, inició una causa por discriminación ideológica que está en manos de la Justicia federal.

Según la denuncia, las intimidaciones llegaron a dos de sus cinco casillas de mail. “Zurda de mierda”, “tus viejos se salvaron pero a vos te vamos a picanear”, o “zurda hija de puta, ya vas a ver lo que te vamos a hacer a vos y a tus hermanos”, fueron sólo algunos de los textos que leía la mujer en su computadora. Las amenazas tienen muy vieja data. Pero la situación de Tula fue empeorando con el correr de los meses y hoy tiene temor a caminar por las calles de Esteban Echeverría. “Estoy aterrada”, confesó ayer a Página/12.

“Estamos muy atentos viendo lo que sucede, el tema está en manos de la Justicia, pero nosotros lo seguimos de cerca y queremos que se aclare cuanto antes”, señaló a este diario el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. La misma observación hizo el Ministerio del Interior. “Aníbal Fernández está siguiendo cada uno de los pasos de Groppi porque hay un antecedente que no podemos soslayar”, dijo el vocero del jefe de la cartera política, Fernando Coradazzi.

Se refirió así al duro cruce telefónico que Fernández mantuvo con Groppi cuando se conoció la denuncia de Tula. A principios de año, el ministro del Interior le exigió al jefe comunal que abandonara su negativa a recibir a la mujer. También intercedió el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Groppi finalmente le dio una audiencia a Tula. Pero se hizo al desentendido y le manifestó que no estaba al tanto de su situación. No es el único caso donde se mostró mal informado: esta semana negó la existencia de tres de los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en su distrito durante la dictadura.

El intendente hizo semejante descargo luego de que Página/12 informara sobre la presunta aparición de un quinto campo de concentración, en una zona conocida como Transradio. La Justicia se abocó a investigar el tema luego de una denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Comisionado Fierro

Como consecuencia de la intervención de la Casa Rosada, a principios de año la Municipalidad de Esteban Echeverría le otorgó a Tula una custodia policial, por dos meses, y una licencia laboral hasta diciembre. Donde no hubo tregua fue en la política local: el secretario de Cultura y Comunicación, Carlos Hospital, quien venía intercediendo a favor de la mujer, se quedó sin cargo. En cambio, el titular del Museo, Gustavo Ortiz, a quien Tula señala por “desprotegerla”, está firme en su puesto.

El hermano de Ortiz sería uno de los responsables del cementerio de Monte Grande. La subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, pidió a la Justicia que investigara si en ese predio se enterraron cuerpos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

“El hostigamiento por parte de Ortiz, la desatención del secretario de Gobierno, Pablo Losada, y la negligencia de Groppi, condujeron a que actualmente la Municipalidad de Esteban Echeverría esté siendo investigada por el Juzgado Federal y por el Ministerio del Interior, para precisar, entre otras cosas, si hubo amenazas procedentes de teléfonos o computadoras municipales, o realizadas por personal municipal”; señaló Jorge Bosque, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante local y edil del ARI-Unidad Comunal.

A pesar del lugar central que ocupan los derechos humanos en la agenda oficial, resulta llamativa la prudencia que prima en la Rosada a la hora de las declaraciones. La explicación podría encontrarse en la cercanía de una parte de la dirigencia kirchnerista local con Groppi, quien busca ir por su reelección colgado de la boleta que lleva a Cristina Kirchner como candidata a presidente y a Daniel Scioli a gobernador.

Uno de los hombres más estrechamente vinculados a Groppi es Juan Cayetano Intelisano. Este subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía de la Nación ya no tiene cargo formal en la intendencia, aunque supo ostentarlo cuando Groppi fue comisionado civil durante la dictadura.

Después de haber comandado el distrito entre 1979 y 1983, Groppi volvió como intendente de la democracia en 1995. Con su Unión Vecinalista se vinculó a Eduardo Duhalde y al represor Luis Patti. En la última elección logró entreverar gente suya en la boleta del kirchnerista Frente para la Victoria. El dato no parece anecdótico si se tiene en cuenta que la candidata presidencial del oficialismo, en su reciente acto de lanzamiento, repudió la dictadura y reivindicó a las mujeres de pañuelos blancos en su cabeza.