El gobierno uruguayo tiene pendiente aprobar la inauguración de la papelera Botnia. “No depende de nosotros sino de la empresa, que todavía no presentó la totalidad de los recaudos de documentación e informaciones que le solicitamos”, le dijo a Página/12 el ministro de Medio Ambiente de Uruguay, Mariano Arana. El mensaje deja un margen de expectativa para la Casa Rosada, que intenta amortiguar con estrategias diversas los efectos de la puesta en marcha de la planta que se avecina. La apuesta sería, al menos, lograr posponerla para después de las elecciones de octubre. Por su lado, la secretaria ambiental, Romina Picolotti, le dijo ayer a un grupo de asambleístas de Gualeguaychú que el Gobierno no renuncia “a la relocalización”.

En el plano de la negociación política, fuentes oficiales dicen que se intentará un encuentro de alto nivel en Nueva York, en el contexto de la asamblea general de Naciones Unidas, donde hablará Néstor Kirchner. El contacto viene promovido por la corona española, que actúa como facilitadora en el conflicto. Como Tabaré Vázquez no irá, en la mesa podrían anotarse, del lado argentino, al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al canciller, Jorge Taiana, y del oriental, al secretario presidencial, Gonzalo Fernández. Los Fernández se vieron dos semanas atrás y sin resultados conocidos en la estancia Anchorena, en Colonia.

El Gobierno busca ahora redoblar sus señales de hiperactividad frente a la apertura de la fábrica que Botnia había anunciado para este mes, pero la administración de Tabaré todavía no aprobó. El ministro uruguayo de Medio Ambiente dijo que la “autorización ambiental de operación” a la pastera no tiene fecha. “Les hemos pedido a la empresa aclaraciones sobre su operatoria que no nos ha entregado. Recién cuando tengamos la documentación, será estudiada con todo detenimiento y cuidado”, señaló Arana a este diario. “Tampoco descartamos nuevas consultas, nuestras normas son muy estrictas”, remarcó. El embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, estimó que la aprobación podría demandar de seis a ocho semanas, un plazo que coincide con la elecciones en Argentina.

Más allá de los intentos de diálogo bilateral, la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, convocó ayer a una reunión a la comisión técnica de la asamblea de Gualeguaychú de la que participaron también el intendente de esa ciudad, Daniel Yrigoyen, su sucesor electo, José Bahillo, y el secretario ambiental de Entre Ríos, Gabriel Moguilner. El encuentro duró más de tres horas. Allí Picolotti propuso a los presentes un “sistema de vigilancia ambiental” para detectar a lo largo de un año alteraciones que puedan originarse como consecuencia de la instalación y puesta en funcionamiento del llamado proyecto Orion.

La funcionaria desplegó explicaciones con power-point ante unos quince asambleístas. Aclaró que su plan “no es un monitoreo conjunto con Uruguay” y que tampoco implica dar por perdido el pedido de traslado de la pastera. “La relocalización es irrenunciable”, dijo. “Argentina –enfatizó– se mantiene firme en todos sus reclamos ante Uruguay, básicamente por la violación de un Estatuto referido a un recurso compartido (río Uruguay), pero debe estar alerta y coordinar esfuerzos”, explicó.

Picolotti aclaró que su propuesta es una especie de “alerta ambiental”: un sistema que provea una base de datos representativa del funcionamiento, estado y contaminación del ecosistema del río Uruguay de toda la zona de influencia de la planta. Incluiría estudios de la tierra, el agua y las emisiones gaseosas. La intención, explicaron sus voceros, es consensuar la iniciativa con la asamblea y los gobiernos municipal y provincial.

Los asambleístas debatirían hoy si dan o no su aprobación. Hasta aquí, dijo el asambleísta Adolfo Weiberg, hay “una decisión tomada por el Estado, que se compromete a realizar el estudio”. “Creemos que se están haciendo cosas, pero a destiempo; nosotros vamos a estar tranquilos cuando se vaya Botnia”, sostuvo al terminar la reunión. Los ambientalistas insisten en que endurecerán la protesta si la planta comienza a funcionar. Por otro carril, la Cancillería podría llevar algún planteo novedoso a una audiencia que se realizará mañana en la Corte Internacional de La Haya, un tribunal que todavía no se pronunció sobre la demanda argentina contra el gobierno uruguayo por la violación al Estatuto del Río Uruguay. En este pleito internacional, los dos países en pugna ya presentaron sus argumentaciones finales pero todavía tienen la chance de contestarse mutuamente (se llaman “réplicas” y “dúplicas”) antes de las audiencias orales previas a una sentencia. Las reuniones de esta semana serán sólo con la presidenta del tribunal, Rosalyn Higgins, y probablemente de allí surja una noción de cuándo habrá sentencia.