En la cárcel de Ezeiza la pintura de las paredes, amarilla y gris, está impecable. Todavía se siente olor a nuevo. En la entrada hay canteros con flores de todos colores y las huertas se extienden en distintos puntos del inmenso predio, custodiado por varios ejemplares de la Virgen de San Nicolás. Si no fuera por el altísimo enrejado, de afuera no parecería una prisión. Sin embargo, en cuanto la primera puerta automática se cierra, se abre un infierno. Según un estudio de la Procuración Penitenciaria Nacional, en este penal el castigo corporal es cosa de todos los días. La situación es tal que el 85 por ciento del pabellón de jóvenes recibió golpizas de los guardiacárceles y casi el ciento por ciento de los detenidos de la unidad fue objeto de requisas y desnudos vergonzantes. Pero Ezeiza no es un caso aislado, según el relevamiento, sino el emblema de una situación alarmante que atraviesa al Servicio Penitenciario Federal (SPF) –que depende del Ministerio de Justicia–, donde el criterio imperante para ejercer el control es la violencia. En las nueve cárceles estudiadas el 70 por ciento de los varones sufrió agresiones físicas con palos, puños o patadas. Para la misma proporción de mujeres el principal método de sanción y humillación aplicado es el desnudo total.

“Existe una creencia equivocada según la cual el sistema federal es moderno y lo mejor que tenemos. Sin embargo, hay malos tratos y violencia como en los penales provinciales”, advierte Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria, el organismo encargado de proteger los derechos humanos de los detenidos en jurisdicción federal. Su afirmación se basa en las primeras conclusiones de una investigación que se hizo entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de este año y que alude a hechos recientes. En los primeros meses de 2008, cuando tenga un entrecruzamiento de datos completo, el procurador planea llevar los resultados del trabajo ante la Justicia, el Congreso y el Poder Ejecutivo a modo de denuncia. “La situación de violencia institucional en las cárceles nos compromete a nivel internacional por incumplimiento de la Convención contra la Tortura”, señala en diálogo con Página/12.

Para el estudio se realizó una encuesta a 939 personas, un número que representa el 10 por ciento del total de la población de todo el SPF. Las entrevistas –bajo la guía de sociólogos– se hicieron en la Unidades 2 de Devoto; 3 y 31 de Ezeiza; 24 de Marcos Paz; en los Complejos Penitenciarios 1 de Ezeiza y 2 de Marcos Paz; y en las cárceles de máxima seguridad del interior del país: las unidades 6 de Rawson-Chubut, 9 de Neuquén, y 7 de Chaco.

Golpes para todos

Las preguntas apuntaron a las distintas formas de malos tratos que se utilizan como castigo: requisa personal, sanción de aislamiento y golpes. La Procuración entiende que las dos primeras aparecen legitimadas en los establecimientos como parte del abanico de acciones del personal penitenciario, pero encubren prácticas violentas, vejatorias y degradantes. Las agresiones físicas, que son sistemáticas, son abiertamente violatorias de los derechos humanos. Los detenidos más jóvenes son las víctimas preferidas para las prácticas violentas.

- Requisa personal. Se practica en todas las prisiones con variantes y los blancos predilectos son las mujeres y los jóvenes hasta 24 años. El 83 por ciento de los presos consultados fue obligado a exponer su cuerpo completamente desnudo; un 24,8 por ciento habló de una modalidad más humillante todavía: desnudo con flexiones para revisarles los genitales. Un 46,7 por ciento enfrentó también desnudos parciales y cacheos, un 76,6 por ciento. Estos últimos casos se elevan en las mujeres a 72,2 y 84,1 por ciento, respectivamente. El mayor despliegue de estos métodos se registra en los penales de Ezeiza, Neuquén y Rawson.

- Aislamiento. El aislamiento individual es la sanción penitenciaria permanente por excelencia según los registros de los últimos diez años de la Procuración. Los presos son llevados a celdas especiales, sitios o pabellones diferenciados de los que no pueden salir. Son lugares sin luz, sin camas ni mantas, donde se les raciona la comida. Orinan y defecan en recipientes que se dejan en el interior de las celdas. Un 28 por ciento de las personas encarceladas ha sido víctima de este tipo de sanción: la proporción por sexo es tres de cada 10 varones y uno de cada 10 mujeres. El estudio detectó también que los condenados reciben esta sanción en mayor proporción que los procesados. El Complejo I de Ezeiza bate records en este rubro: el aislamiento se aplica a tres de cada 10 personas y en el modulo de jóvenes adultos (de 18 a 21 años) cinco de cada 10 pasan por este castigo.

Tal vez algo de esto explique a qué se refería el chico preso que ante la visita del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, el día de las últimas elecciones, dijo que no le daban de comer. Para incomodidad del funcionario, la queja –que intentó relativizar– estaba saliendo por radio. La cárcel de Ezeiza fue la elegida aquel día por el ministerio para mostrarles a la prensa y algunas ONG cómo votaban los presos por primera vez en las historia. El sector de jóvenes fue uno de los dos visitados.

- Golpes. El 63,4 por ciento de todos los entrevistados dijo haber sufrido distintos tipos de agresiones físicas. Un 58,8 por ciento se refirió directamente a golpes (con palos, puños, patadas, empujones). Según surge de la investigación, la mayor violencia física directa se despliega contra los varones y, otra vez, los jóvenes son los preferidos. Solo 5,7 por ciento de las mujeres dijo haber recibido golpes o ataques similares. El módulo de jóvenes del penal de Ezeiza aparece, nuevamente, como el que hace el mayor uso de esta practica: ahí el 85 por ciento de los detenidos (8 de cada 10) reveló maltrato físico. Los porcentajes también son altos en Neuquén, Rawson y Chaco.

- Lesiones. El 37,7 por ciento de los varones que fueron agredidos físicamente sufrió también lesiones (terminan con marcas y heridas en el cuerpo), lo que demostraría la utilización de un alto grado de violencia. La mayoría de las mujeres agredidas quedó con heridas. El informe concluye que tres de cada 10 personas, cuando fueron golpeadas resultaron lastimadas.

Los primeros resultados de este estudio fueron anunciados hace quince días en una jornada sobre la implementación del llamado Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que obliga a los Estados que lo suscriben (como Argentina) a tomar medidas para evitar las torturas en centros de detención, como reporta la página web de la Procuración. Unos días después de la presentación de este informe, Néstor Kirchner reconoció que la situación carcelaria es una de las grandes asignaturas pendientes.

Todavía está en discusión cuál va a ser el mecanismo para llevar a la práctica el control al que está obligado Argentina, con garantías para el ingreso libre de observadores a las cárceles, y quiénes van a integrar el comité que hará esa tarea. Las ONG especializadas en el tema se quejan porque no fueron convocadas a este debate. El estudio de la Procuración se inscribe en este contexto.

El director general de Protección de Derechos Humanos del organismo, Ariel Cejas Meliare, destacó durante la mesa redonda que debe haber una continuidad en la protección para los presos de prácticas abusivas más allá de los momentos políticos.

La coordinadora de la investigación sobre malos tratos y tortura, Mariana Lauro, explicó en su exposición que las agresiones del personal SPF son raras veces denunciadas. El miedo a la represalia o la falta de confianza en la Justicia son factores en juego, pero Lauro también hizo hincapié en otro escollo: “La naturalización/naturalidad con la que el preso percibe los golpes, como parte de su tratamiento en lugar de percibir con naturalidad la educación, el cuidado o el trabajo”. Los sociólogos Alcira Daroqui y Carlos Motto, que diseñaron el trabajo, llamaron a poner atención sobre el uso generalizado de sanciones encubiertas.

El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, comentó a Página/12 que los resultados iniciales del trabajo de la Procuración son de por sí “inquietantes en materia de condiciones de detención y malos tratos a nivel federal y queda claro que la nueva administración tendrá que poner en práctica una política penitenciaria que destierre estas prácticas que siguen socavando los derechos de las personas privadas de su libertad”.

Políticas

Desde julio dirige el Servicio Penitenciario un civil, Alejandro Marambio, algo que no ocurría desde el gobierno de Raúl Alfonsín. El cambiazo se produjo por orden del ministro Iribarne en el contexto de irregularidades detectadas en allanamientos en Marcos Paz durante la investigación por la desaparición de Julio López. “Lo tomamos como algo positivo, pero no fue producto de cambios ni significó un nuevo enfoque a nivel penitenciario”, dice Mugnolo.

Este diario intentó comunicarse con el ministro de Justicia (que se va del cargo la semana que viene), que dijo a través de su vocero que prefiere no hablar “porque no conoce el informe”. El portavoz, además, descalificó al procurador Mugnolo, a quien acusó de visitar los penales circunstancialmente. Además dijo que durante la gestión de Iribarne por primera vez el propio Servicio Penitenciario denunció penalmente a uno de sus hombres por malos tratos en Marcos Paz, en alusión a un caso conocido como Trapanessi, un preso que recibió tantos golpes que le tuvieron que sacar el bazo. En la Procuración, en cambio, se atribuyen la denuncia. También recuerdan que si no hubiera sido por un planteo de ellos, el CELS y otros organismos, desde mitad de año estaría al frente del penal de Devoto Hugo Sbardella, conocido como El Carnicero, que había dejado ciego a un detenido. Y aun así, agregan, hace poco fue creada, para él, una dirección subregional en el Noroeste.

Mugnolo, al hablar con este diario, defendió la seriedad y el rigor de su relevamiento, que muestra “una vez más”, que el control en las cárceles “no sólo no se hace sino que se legitima el malatrato”. “Hay que pensar otro modelo. La cárcel debería plantearse desde circunstancias que intenten una verdadera intervención sobre las personas privadas de su libertad. Entonces podrán decirme ¿y si estamos frente a un asesino serial? O cosas por el estilo. Yo contesto: si la regla es el abuso autoritario, lo que menos se puede esperar es que la persona salga de la cárcel más violenta de lo que entró”.