Antes de dejar el gobierno, Néstor Kirchner se propone cuadruplicar los aranceles que hoy pagan las exportaciones mineras, lo cual incrementaría el superávit fiscal en más de 3500 millones de pesos al año. Continuará así la política de capturar rentas extraordinarias debidas a las cambiantes condiciones del mercado mundial pero sin modificar el marco jurídico de las explotaciones, como ya ocurrió con el incremento de las retenciones a las ventas agropecuarias e hidrocarburíferas.

La ley minera fue promulgada hace quince años, durante la primera presidencia de Carlos Menem y ha asegurado una rentabilidad empresarial enorme, con un pobre correlato impositivo y produciendo un daño ambiental grave que en varios lugares del país ha provocado movilizaciones de protesta. La contaminación con cianuro de las aguas, tanto subterráneas como en las altas cumbres, ha sido objeto de comprobaciones reiteradas, en algunos casos por las propias compañías titulares de la explotación. En más de la mitad de las provincias hay organizaciones multisectoriales que resisten el carácter predatorio de la actividad, que ha cobrado gran impulso en los últimos años al ritmo de los aumentos de precios en el mercado internacional. En varios casos las protestas han incluido cortes de rutas, que no han recibido la misma difusión que el que sostienen desde hace un año los asambleístas de Gualeguaychú. En Esquel, Chubut, llegó a realizarse una consulta electoral, en la que cuatro de cada cinco ciudadanos se opusieron al proyecto minero, a raíz de lo cual la explotación aún no comenzó. Hoy debía realizarse otra elección similar en Tinogasta, Catamarca, para opinar sobre una explotación de uranio, pero fue prohibida por la justicia a pedido del gobierno provincial.

Líneas ideológicas

Las empresas gozan de la libre disponibilidad del mineral y no están obligadas a ingresar al país las divisas obtenidas. Esta franquicia, que en parte también se aplica a los hidrocarburos, tiene sentido dentro de la política oficial de mantenimiento del tipo de cambio, ya que mayor ingreso de dólares presionaría por la apreciación del peso, pero implica superganancias para los titulares de las explotaciones sin una correlativa rentabilidad social. Los precios de los principales minerales exportados desde la Argentina, principalmente a Europa y Asia, se han duplicado y triplicado en un año, pero los ingresos fiscales son pese a ello escasos. Las regalías que pagan las empresas, en su mayoría canadienses, estadounidenses, británicas y chinas, no pasan del uno por ciento sobre lo que declaran exportar, una vez deducidos gastos de todo tipo como permite la legislación. En algunas zonas del país además reciben reintegros por las exportaciones, combustible y energía eléctrica subsidiados. Las ventas externas del sector dejan al Estado 252 millones de dólares anuales, de los cuales 208,1 por las de cobre y 28,5 por las de oro. Kirchner sigue decidido a firmar la resolución antes del 10 de diciembre, pese a las amenazas de las cámaras patronales, similares a las de las petroleras, de iniciar juicios y suspender inversiones. El gobierno calcula que de ese modo los ingresos fiscales superarían los 1.133 millones de dólares al año (o 3.580 millones de pesos al cambio de esta semana). Cuenta con ellos, sumados a los que obtendrá por la nueva escala de retenciones a las ventas de soja, de petróleo y de combustibles refinados, para acercarse a la meta de superávit expuesta por CFK, del 4 por ciento anual. Estas decisiones cruzan en forma novedosa las líneas ideológicas. Los sectores que siempre han reclamado políticas de ajuste de las cuentas públicas, acusan de populista al gobierno que las lleva a la práctica. El denominado progresismo porteño opina que se trata de hacer caja para concentrar poder. Los enfoques de izquierda o nacional-populistas, que reclaman la redistribución de la riqueza, en este caso sólo admiten la explotación estatal del recurso, hoy vedada por el Código Minero. La Constitución de Olivos de 1994 atribuyó a las provincias el dominio de todos los recursos naturales existentes en su territorio. Fue un reverso exacto de la de 1949, cuyo artículo 40 declaró a los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, propiedad de la Nación, que daría participación en su producto a las provincias. Ese artículo terminó por una década con las polémicas sobre la propiedad de los recursos, derivadas del silencio al respecto de la Constitución liberal de 1853 (que sólo reservaba al Congreso el dictado del Código de Minería) y de las contradictorias leyes y códigos posteriores. La reforma de 1994 permitió que tanto las empresas petroleras como las mineras negociaran en forma directa con los poderes locales, en una situación de absoluta asimetría. Como las provincias petroleras son muy pocas, no sería difícil reunir los dos tercios necesarios de los votos para una nueva reforma que devolviera a la Nación la propiedad de los yacimientos. El artículo 40 de la Constitución de 1949 guarda una notable similitud con el que cincuenta años después sancionó Venezuela. Entretanto, las retenciones son una forma tosca pero, en el actual contexto de precios, efectiva, de recuperación parcial de la soberanía dilapidada por el hijo deforme de Menem y Alfonsín. También prosiguen las negociaciones, en Buenos Aires y Madrid, sobre el futuro de YPF-Repsol.

Subsidios cruzados

Con el incremento de las retenciones, el gobierno va dando algunos indicios en la perspectiva del pacto social, que constituyó la principal propuesta proselitista de la presidenta electa, y que incluirá subsidios cruzados, con recursos sustraídos de las actividades de rentabilidad extraordinaria para fomentar otras de menor concentración y mayor interés social. Hasta ahora sólo se han definido principios generales y ni siquiera es seguro que el tema ocupe un espacio destacado en el primer mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa, dada la predilección de los Kirchner por la sucesión de medidas orientadas en una determinada dirección antes que por el paquete integral. El viernes, al presentar junto a su futuro ministro de Economía Martín Lousteau un acuerdo de precios para la canasta navideña, CFK desalentó una expectativa desmesurada sobre lo que ahora llamó acuerdo social.

Confirmó de este modo lo que ya se informó aquí: está descartada la convocatoria a una gran paritaria que discuta precios y salarios, al estilo de la que Perón y su ministro José Gelbard llevaron a cabo en 1973. CFK seguía analizando este fin de semana con Lousteau y con el jefe de gabinete Alberto Fernández la cantidad y composición de las mesas sectoriales, en las que se definirán los instrumentos para alcanzar las metas cuya fijación se reserva el gobierno nacional y el aporte que debería realizar para ello cada participante. En ningún caso está prevista la asistencia de representaciones patronales o laborales de nivel nacional, del tipo de la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la CGT o la CTA. La unidad de programación tampoco será provincial ni regional. Hasta ahora está previsto convocar a una mesa de la industria automotriz, una de agroindustria y alimentos y una de energía y también se está considerando citar otra de software, donde la Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento. En todos los casos, el Estado determinará lo que los funcionarios que trabajan en el asunto llaman “pautas liminares”. Estas incluirán un porcentaje deseable de incremento de las exportaciones, basadas en las empresas pequeñas y medianas, que son grandes generadoras de empleo, y otro de incremento de la ocupación y del ingreso real de los trabajadores. Tales metas, establecidas por las distintas secretarías de Estado involucradas, deberían coordinarse con políticas globales. En algunos casos, el instrumento serán las retenciones; en otros, el subsidio, que aquí no puede ser de la industria al agro, como en Estados Unidos o en Europa, donde una historia de siglos generó asimetrías inversas a las de la Argentina. Además de las empresas de cada sector, sus trabajadores y el Estado, también participarán en las distintas mesas representantes del sector financiero, cosa que la presidenta considera fundamental para obtener el incremento de la inversión, sobre todo en el caso de las PYMES, cuya posibilidad de acceso al crédito es muy baja sin la intervención estatal. La ausencia de financiamiento para la producción ha sido uno de los puntos más débiles del proceso económico de los últimos años. Lo que no parece estar en los planes oficiales es una mesa específica para banqueros. Mientras los planificadores pulen sus pautas liminares, la puja distributiva continúa dando sabor y color a la vida real. Precios y salarios no se discutirán en las mesas del acuerdo social, pero seguirán en tensión y cada sector se prepara como puede para reivindicar su parte.

¿Y la política?

Tampoco está prevista la convocatoria a los partidos políticos, al estilo de los pactos de la Moncloa que pautaron la transición española poco después de la muerte de Franco. Esta ausencia es un acuerdo tácito entre el gobierno y la oposición. CFK llega al poder con un discurso conciliador pero una mayoría cómoda en ambas cámaras del Congreso. La oposición está fragmentada en múltiples subgrupos y su principal liderazgo es reacio a cualquier compromiso, porque substituye la discusión política por el anatema moral, sólo de tanto en tanto bien fundado. En España los partidos se sentaron a negociar un canje que parecía conveniente a todos los contratantes, a la salida de una larga y cruel dictadura de cuatro décadas. La derecha transnacionalizada quería desmantelar los resabios proteccionistas del empleo heredados del sindicalismo vertical falangista. Las izquierdas adheridas a la socialdemocracia de corte alemán temían la posibilidad de una regresión autoritaria y pugnaban por la obtención de derechos civiles elementales arrasados durante la larga noche del nacionalcatolicismo. Ese fue así un pacto en el que coincidieron el liberalismo económico de unos con el liberalismo político de los otros. La Argentina, en cambio, está a un cuarto de siglo de distancia de la última dictadura, la subordinación castrense al poder civil no es un asunto dudoso, Elisa Carrió compara a Kirchner con Hitler y Mussolini y considera que el 45 por ciento de los votos obtenidos por CFK otorga a su gobierno una “legitimidad segmentada”. ¿Qué diálogo es posible sobre esa base?

Tanto el oficialismo como la oposición se están reacomodando luego de las elecciones. Una vez que Kirchner deje la presidencia se ocupará de la reorganización del Partido Justicialista, un instrumento que no regalará a los aspirantes a la zancadilla en el momento oportuno. Pero según sea el día, se dispone a presidirlo o a delegar esa función en algún colaborador y, en ese caso, reservarse el armado de la coalición más amplia con la que considera necesario contar. Al concluir su mandato con el más alto nivel de aprobación popular desde la restauración democrática no confronta en las filas justicialistas con ninguna fuerza consistente. Menem y sus vicepresidentes, Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf, pertenecen en forma irrevocable al pasado; los Rodríguez Saa no han proyectado su modelo más allá de San Luis y algunos se ilusionan con que eso cambiaría si contaran con un medio propio de difusión nacional; Juan Carlos Romero se acogió después de la derrota en su provincia a la magnanimidad oficial en el Senado. José De la Sota ha anunciado su propósito de competir en 2011 por la presidencia. Con la misma premura, Juan Schiaretti, hizo saber que, en tal caso, Kirchner podría contar con él para impedir que De la Sota basara su proyecto en Córdoba. Distintas fracciones opositoras se han movido estos días en direcciones opuestas. Mientras la Coalición Cívica Libertadora sufrió la pérdida de ocho legisladores del ARI que impugnaron las nuevas alianzas y el estilo de conducción de Carrió, que les notifica de cada diktat por la prensa, el gobernador porteño Maurizio Macri inició un acercamiento al justicialismo de Potrero de Funes, en busca de formar un interbloque con algún peso en el Parlamento. Ya antes de las elecciones, Ramón Puerta había gerenciado el acuerdo entre Macri y Rodríguez Saa, a quien PRO apoyó en Cuyo. En cualquier caso esos reacomodamientos recién comienzan y es prematuro sacar conclusiones sobre su futuro.